La abstención de declarar nuevamente se volvió protagonista en la Comisión que investiga el financiamiento político.
Los miembros de la la Comisión que investiga el financiamiento político recibieron en audiencia al exdiputado Humberto Vargas Corrales y a su hijo, Humberto Vargas Sotres, con el fin de indagar acerca de una casa ubicada en Montes de Oca propiedad de los comparecientes, que presuntamente habría sido utilizada como centro de comunicación en la campaña del Partido Progreso Social Democrático.
No obstante, ambos comparecientes manifestaron que se abstendrían de declarar por existir una causa penal abierta, no sin antes aclarar que no conocen al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, y que vendieron la casa antes de la campaña del 2022.
Lo anterior generó la molestia del diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, quien indicó que sus consultas podían ser respondidas por los comparecientes.
De la misma forma se manifestó el liberacionista Francisco Nicolás respecto a la abstención de declarar de ambos comparecientes.
Nicolás se molestó por la falta de respuestas a consultas que, a su criterio, eran sobre hechos evidentes.
“Lo que nos enfrentamos es a un muro para que el pueblo costarricense no sepa la maraña de sociedades y de movimientos registrales que se hicieron en torno a este inmueble”, cuestionó Nicolás.
Tras algunas consultas sin responder, el exdiputado Humberto Vargas Corrales se refirió a que se han levantado conjeturas en su contra desde la Comisión, afectando a su padre.
“Ver a su hijo y a su nieto en una situación como esta y acusados de conjeturas creo que para él debe ser sumamente doloroso, un hombre de 92 años que ha sido además dos veces diputado; creo que mi diputación también fue intachable para que ahora suframos este tipo de ataques”, alegó el compareciente.
La presidenta de la Comisión, Dinorah Barquero, respondió a esa crítica que hizo el compareciente sobre presuntas conjeturas.
“Es el momento de dar respuestas, y por lo menos en lo de financiamiento en esta Comisión yo le garantizo que esta presidencia ha sido absolutamente vigilante de que no se haya extralimitado en las preguntas y cuándo así ha ocurrido se ha llamado al orden”, respondió la liberacionista.
Al finalizar la sesión, la Comisión acordó enviar el acta al Ministerio Público por considerar la posible configuración de los delitos de negativa injustificada de prestar la declaración correspondiente, de dificultar el actuar de la autoridad y de favorecimiento personal por parte de los convocados.
El 25 de setiembre del 2023, los comparecientes participaron en la sesión de la Comisión, en la que también se abstuvieron de declarar.
