Por su parte, el Gobierno enfatizó en que seguirá señalando “preocupantes situaciones donde podrían generarse conflictos de interés”.
La diputada socialcristiana Vanessa Castro asegura que la intromisión de Presidencia en su ámbito laboral le provocó daño.
Castro conversó con Noticias Columbia acerca de la situación que dio a conocer el jueves anterior, durante la gira legislativa a San Carlos para conmemorar el Mes de la Mujer, a raíz de la consulta de este medio.
La socialcristiana manifestó que la bancada oficialista la vetó como candidata a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y que no era la primera vez que el Gobierno tomaba acciones en su contra, pues presuntamente intervino para cesar su contrato de servicios legales con la empresa de origen mexicano REPRETEL.
Castro explicó que es abogada de profesión desde hace más de 25 años y que por esa razón ha brindado consultorías externas en temas como telecomunicaciones y radiodifusión.
Asimismo, se refirió a cómo conoció la situación que produjo el término de su servicio profesional.
“El embajador de México abiertamente me comenta que él ha sido contactado, o recibió más bien, instrucciones para que se intercediera con el dueño de la empresa en México y me despidieran, me lo dijo en un viaje a México que hice; se disculpaba porque siendo compañeros, siendo amigos y todo no me lo había comunicado, yo le digo a él: ‘Pablo, con el arroz y los frijoles de la gente no se juega, ¿por qué esta situación?’, entonces él refiere y dice: ‘recibí instrucciones y pues sí debería habértelo avisado’”, indicó la diputada.
Según Castro, la comunicación se dio hasta diciembre del 2022, meses después de que ingresó como legisladora en mayo de ese mismo año, y quien le contó fue el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, hoy embajador del país en México.
“Es un impacto de orden emocional”
La socialcristiana expresó que cuando le comunicaron que la bancada oficialista la vetó se indignó, pues desnivelaron su aspiración a ser Presidenta del Congreso.
Además, aunque asegura que le ha costado mucho hablar del tema, el veto revivió lo que sucedió con su contrato y Presidencia, por lo que decidió no quedarse callada.
“Esto no es sencillo, el impacto que yo recibí no es fácil para mí, o sea, es un impacto profesional, es un impacto lógicamente en mi condición de diputada, y sobre todo es un impacto de orden emocional; esta segunda acción me causa daño, que me veten y eso lógicamente deteriora mis posibilidades de participar y competir dentro de mi fracción, eso definitivamente revive ese sentimiento del daño que ya me habían hecho; cuando a uno le hacen daño uno se queda como perplejo y cuesta sacarlo, y también cuesta poner un ‘hasta aquí’, tradicionalmente a uno en política le dicen: ‘usted debe ser fuerte, usted debe aguantar, en política sucede de todo’, pero el nivel de violencia que hemos vivido en estos tiempos con el estilo del Presidente de la República creo que debe parar”, aseveró la legisladora.
Castro también se refirió al respaldo que siente que ha faltado por parte de su fracción, y defendió el control político que como diputada debe realizar.
“Yo no diría que se sometieron pero no reaccionaron como yo esperaba, y lo tengo que decir abiertamente, eso es lo que me generó mi inquietud, o sea, ellos no reaccionaron, soy una compañera, no sé si hubiera sucedido lo mismo si fueran otros compañeros, yo esperé una reacción, sin embargo, hubo cierta inactividad -por decirlo de alguna manera- y eso fue lo que me inquietó muchísimo; y quiero señalar que nunca he generado una situación de poca cordialidad con la fracción, de hecho me llevo bien con la fracción de Gobierno, no he tenido nunca una polémica particular, creo que han tenido otros compañeros choques más grandes, lo único es que yo ejerzo control político”, expresó Castro.
La socialcristiana asegura que dentro de la bancada del PUSC mantienen una relación cordial, pues ante todo son compañeros y comparten el partido político.
¿Qué dice el Gobierno?
Consultado por Noticias Columbia, el Ministro de Comunicación y Enlace, Jorge Rodríguez, manifestó que el Gobierno preguntó si era cierto que una legisladora mantenía contratos remunerados con empresas privadas.
No obstante, el ministro asegura que el Gobierno no tiene ni tuvo injerencia en las decisiones que tomen empresas privadas sobre contrataciones de servicios profesionales, incluyendo el caso de la diputada Castro.
“Obviamente es preocupante que una diputada pueda beneficiarse de las discusiones y votaciones legislativas en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, fijación de cánones por frecuencias estatales, entre otros, por su vinculación profesional; la diputada Castro era presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y también de la de Ciencia y Tecnología, el potencial o real conflicto de intereses es obvio, así como el potencial daño a las políticas públicas y legislación sobre temas sensibles”, expresó Rodríguez.
El jerarca agregó que el Gobierno será enfático en señalar situaciones donde podrían generarse conflictos de interés obvios y notarios, independientemente de quién se trate.
“Cabe destacar que la señora diputada supo de estas preguntas desde abril del 2023, pero no lo denunció hasta que finalizó la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos -de la cual fue secretaria- y que se convirtió en una herramienta de persecución política con fondos públicos”, cuestionó Rodríguez.
