La contralora Marta Acosta y otros funcionarios de la entidad participaron este martes en la Comisión legislativa que investiga las presuntas irregularidades dentro de la institución.
Cambiar el modelo financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue la sugerencia que hizo la Contraloría General de la República a los diputados para garantizar su sostenibilidad económica.
Luego del receso de fin y principio de año, la Comisión que investiga las presuntas irregularidades dentro de la institución retomó su trabajo este martes.
Funcionarios de la Contraloría, liderados por la contralora Marta Acosta, fueron los citados de esta sesión, y el principal tema abordado fue la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Según indicó la contralora, la Caja ha demostrado una gestión financiera consistente, sin embargo, hay algunos desafíos, entre los cuales se encuentra la deuda estatal.
“La deuda acumulada del Estado con el seguro de salud ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 17 años, pasando de 348.000 millones de colones en 2008 a 3,4 billones de colones en el 2024, lo que representa un incremento de 10 veces en ese periodo, en términos del PIB la deuda pasó de 1,1% a un 6,3% en ese periodo y estamos hablando sólo de la deuda del seguro de salud; este crecimiento sostenido evidencia un desbalance estructural en los pagos y cobros, con una morosidad estatal que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud, el ritmo de los pagos no ha sido suficiente para contener el incremento de la deuda, lo que genera una presión adicional sobre los recursos de la Caja”, dijo.
Según externó Acosta, si no se toman medidas al respecto la deuda podría llegar a un 14.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2040, lo que representaría alrededor de 7.8 billones de colones.
El asunto fue motivo de consulta por varios diputados, como Rocío Alfaro del Frente Amplio, quien preguntó sobre las causas de la falta de pagos.
“La deuda del Estado con la Caja es un tema realmente estructural, es un tema que se ha venido forjando por 17 años ya, y ha habido distintos periodos: en alguna época los pagos del Estado a la Caja venían más o menos parejos, por decirlo de alguna manera, y luego hay una separación de la curva de cobro con la curva de pago a partir del 2012-2014, y épocas en la que ha crecido la cantidad de personas por las cuales debe el Gobierno cubrir los subsidios en ese periodo, entonces a pesar de que el Gobierno siguió pagando esos pagos siguieron creciendo menos, para decirlo de alguna manera, y las facturas de cobro siguieron llegando más”, respondió Acosta.
La contralora también señaló que no le consta que la Caja esté quebrada.
Por su parte, la liberacionista Andrea Álvarez consultó sobre la responsabilidad de la institución para cobrar la deuda.
“La Caja tiene un problema de gobernanza en materia del proceso de cobro, porque no hay un seguimiento a lo que se factura, a que la Caja pague, no se hacen las diligencias, entonces efectivamente nosotros hemos recomendado para que se corrijan todas estas situaciones; la Caja en realidad solo recuperó el 44% de lo que cobró en el año 2023”, dijo la contralora.
“Con este Gobierno no solo ha habido negligencia, sino que sí se ha agravado el tema del pago de la deuda, y para mí es importante que para la ciudadanía quede claro que por un lado Gobierno no está haciendo los desembolsos, pero por otro lado la Caja tampoco se está responsabilizando de cobrar bien”, agregó la diputada Álvarez.
Por su parte, el oficialista Daniel Vargas señaló a los diputados como culpables por aprobar leyes que obligan al Estado a pagar diferentes rubros.
“Aunque es deseable que todas las poblaciones estén cubiertas y eso dice el seguro universal, muchas de estas se financian con decisiones que esta Asamblea Legislativa ha tomado, donde obliga al Estado a cubrir dichos seguros, aún cuando se sabe que no se tiene capacidad de pagarlos porque no hay margen fiscal, no hay margen presupuestario”, dijo.
El diputado de Gobierno también puso en duda el trabajo de la Contraloría en esos casos. “¿Por qué la Contraloría de alguna forma ha sido omisa en señalar cuando los diputados aprobamos obligaciones para el Estado que no hay margen para poder pagar?”, consultó.
“Me gustaría el detalle en dónde no hemos aportado, porque en realidad cuando se nos han consultado proyectos de ley la Contraloría generalmente aboga para que se determinen las fuentes de financiamiento, precisamente porque nosotros conocemos este problema desde hace años y lo hemos venido informando en la Asamblea Legislativa y por distintos medios”, respondió la contralora.
Al respecto, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó 50 millones de dólares de un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para atender la deuda del Estado con la Caja.
