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Detenidos por caso de supuestos retiros irregulares del ROP quedaron en libertad

by Alejandro Arley

Juzgado no les impuso ninguna medida cautelar, informó el Poder Judicial ante consulta de Noticias Columbia.

Las detenciones de ocho personas las realizó el OIJ el pasado 8 de mayo durante una serie de allanamientos simultáneos dirigidos por la Fiscalía. La causa judicial se abrió en el expediente 20-024657-0042-PE.

Ante consulta de Noticias Columbia sobre la situación jurídica de estas personas, el Poder Judicial envió la siguiente respuesta: “En relación con su consulta referente al expediente 20-024657-0042-PE, nos indican del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que las personas detenidas quedaron en libertad sin ninguna medida cautelar”.

Los hechos investigados  

El caso inició con una denuncia ante el OIJ en la cual se indicaba que un extrabajador de una empresa privada, presuntamente dijo a varias personas que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Según la Fiscalía, las investigaciones del banco y la Policía, detectaron que entre octubre del 2019 y setiembre del 2020, aproximadamente 29 trabajadores habrían obtenido certificaciones de la Caja, con declaraciones falsas, las cuales indicaban que estas personas tenían pensión por invalidez.

En apariencia, con ese documento en mano, los investigados obtuvieron el dinero de la Operadora del banco.

La jefa de Comunicación de Popular Pensiones, Silvia Artavia, expresó que la entidad bancaria fue la que dio alerta a las autoridades.

“A finales del 2020, Popular Pensiones denunció ante la Fiscalía de Probidad que personas habrían retirado los recursos del ROP con certificaciones de pensión por invalidez presuntamente alteradas. La denuncia se sustenta en un informe elaborado por Popular Pensiones  y la División de Seguridad del Banco, a raíz de que nuestros sistemas de control detectaron las supuestas irregularidades”, dijo.  

Por los hechos, la Fiscalía ordenó la detención de las ocho personas de apellidos Angulo, Tencio, Guevara, Ramos, Marín, Díaz, Rojas y González, sin embargo, tras analizar el caso, el Juzgado Penal de Goicoechea ordenó su liberación sin medidas cautelares.

Las personas siguen siendo investigadas y se mantienen en el proceso judicial. La causa se abrió por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.

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