A partir de un análisis de este caso, la Defensoría alertó que no hay garantías para una protección efectiva de la niñez en el país.
A raíz del caso de Keibril, la bebé que fue sustraída de los brazos de su madre en el mes de abril, la Defensoría de los Habitantes considera que se demostró a un Estado desarticulado. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, comentó sobre la actuación de la institucionalidad pública en el caso de Keibril.
“De las respuesta ofrecidas por las diferentes instancias que deben velar por la protección de esta población, se determinó que no se visualiza un trabajo interinstitucional centrado en la persona menor de edad,con canales claros de referencia y contrareferencia e instrumentos de seguimiento de las gestiones emprendidas”, explicó Cruickshank.
En el informe se indica que la Defensoría observó la ausencia de un modelo de gestión efectivo, con mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación periódica como parte del Sistema Nacional de Protección, los cuales son componentes esenciales para que cumpla su cometido.
De igual manera, en el informe se establace que se encontró una actuación adecuada por parte del sistema educativo y del sistema de salud. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en su actuar hubo omisiones y fue cuestionable, debido a que el Hospital Max Peralta alertó sobre riesgos, y a pesar de esto la Oficina Local de Paraíso del PANI, autorizó la salida de ambas personas menores de edad (Keibril y su mamá) al hogar materno, donde permanecieron hasta el momento de la desaparición de la niña.
También, la Defensoría destacó que hasta que pasó la sustracción, el PANI se vio forzado a dictar medidas de separación en favor de la persona menor de edad, es decir la madre de Keibril, y de sus hermanos, también menores de edad.
La Defensoría también señaló omisiones en el caso del Ministerio Público. Debido a que a pesar de la denuncia puesta por el Ministerio de Educación Pública (MEP) casi un año antes de la sustracción de Keibril, bastó la declaración de la persona madre, cuando dijo que el padre de la bebé era un adolescente de su misma edad, por lo que el Ministerio Público remitió el caso a la Jurisdicción Penal Juvenil y posteriormente solicitó la desestimación del proceso.
Finalmente, la Defensoría brindó recomendaciones al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, al PANI y al Ministerio Público para evitar que este tipo de casos se sigan dando.
Por ejemplo, a la presidencia ejecutiva del PANI se le recomienda “Informar sobre el resultado de la gestión disciplinaria abierta con ocasión de las actuaciones institucionales desplegadas en este caso” y al Ministerio Público “Revisar lo actuado en este caso, con la finalidad identificar las acciones de mejora que adoptará en relación con la persecución del delito de violación y demás delitos sexuales”.
