Junto a una serie de instituciones públicas y organizaciones de derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes inició trabajos para proponer políticas en pro de la población con discapacidad.
La Defensoría de los Habitantes se reunió con distintas organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil para iniciar la elaboración de acciones para cumplir con los derechos de la población con discapacidad.
Esto se da luego de una serie de revisiones al informe presentado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, así como al texto alternativo que presentó la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.
Desde el ente defensor recordaron que, en Costa Rica, gran parte de la población con discapacidad, mayor de edad, corresponde a mujeres, según Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) del 2018, tal como indicó la defensora, Angie Cruickshank.
«Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60.9% de las personas con discapacidad, mayores de 18 años, corresponde a mujeres, según datos suministrados por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad del 2018. Situación similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad. Precisamente, uno de los objetivos de este encuentro en la Defensoría fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes», señaló Cruickshank.
En Noticias Columbia conversamos con la presidenta de Alamud, Ericka Álvarez, quien inició refiriéndose a los detalles del encuentro que tuvieron con diferentes instituciones para cumplir con lo que se recomendó al país en materia de derechos para la población con discapacidad.
«Desarrollamos una actividad de trascendencia realmente fundamental, gracias al apoyo de la Defensoría de los Habitantes quien, en su rol de mecanismo de supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocó a la interinstitucionalidad del país, tomando en cuenta al INAMU, Conapdis, Ministerio de Trabajo, de Salud, de Educación y a otras instituciones para que construyeran, en conjunto a la sociedad civil con las instituciones públicas acciones para cumplir con las recomendaciones que emitió el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el pasado mes de marzo», mencionó Álvarez.
Además, la presidenta de Alamud detalló parte de los acuerdos alcanzados durante la reunión que mantuvieron con la Defensoría de los Habitantes.
«Hubo un llamado importante para garantizar la participación y la representatividad de las mujeres con discapacidad en instituciones como el INA, también para garantizar la participación política de las mujeres con discapacidad, para garantizar su acceso a la salud, a la educación y al empleo en condiciones dignas y garantizando la accesibilidad y el diseño universal. De igual forma, se convocó al Poder Judicial, y el Poder Judicial también estará construyendo acciones para asegurar el acceso a la justicia para personas con discapacidad, al igual que otras instituciones que administran justicia en el Poder Ejecutivo», destacó la activista.
Finalmente, Álvarez afirmó que, con la reunión de este jueves, inició el proceso para trabajar por sus objetivos y cumplirle a las mujeres con discapacidad en el acceso a sus derechos.
«Hay que sumar esfuerzos para cumplir lo que toca cumplir. No se trata de acciones para proponer, para ver si nos gusta o no lo que dijo el Comité, es que es un mandato emitido desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las recomendaciones del Comité lo que hacen es orientar al Estado sobre cómo cumplir de mejor manera, por lo que toca acatar esta recomendación para estar a la altura o en los estándares de las demandas que provienen de este convenio internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por Costa Rica desde el año 2008», agregó la presidenta de Alamud.
