Decreto que pretende que municipalidades atiendan más de 3.000 kilómetros de carretera también fue objetado por organizaciones que representan a las alcaldías del país.
La Defensoría de los Habitantes se sumó a las voces que han mostrado su preocupación por el decreto ejecutivo 44.263, el cual traslada a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carretera, a partir de este miércoles 10 de julio.
Desde la entidad, se plantearon una serie de consultas al ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, las cuales deberán ser respondidas en cinco días hábiles, sobre elementos de este decreto.
Carlos León, de la Dirección de Gobernanza Pública de la Defensoría, amplió sobre las preguntas que le hicieron al jerarca del MOPT, ante la preocupación de las municipalidades por esta medida.
«La Defensoría le consulta al ministro si dicha medida fue comunicada y consensuada con los gobiernos locales o si se trata de una medida unilateral del Poder Ejecutivo. Consultamos también sobre los recursos establecidos para atender dicha responsabilidad, sobre la cuantía de dichos recursos, sobre la fecha en que serían trasladados y sobre la garantía de que ya están reservados en presupuestos públicos. Consultamos también el criterio del ministerio con respecto a si dichos recursos son suficientes para atender esas vías públicas y sobre las capacidades de los gobiernos locales en términos de recursos, humanos, administrativos y logísticos para poder atender esa responsabilidad. En este momento consultamos también al ministro si cuenta con estudios de órganos externos como Lanamme u otros que establezcan, cuál es el estado real de esos caminos que están siendo trasladados. Y consultamos también la viabilidad jurídica de transferir por decreto una responsabilidad que actualmente ya está contemplada en la Ley General de Caminos Públicos, que establece claramente cuáles carreteras son de competencia del Ministerio y cuáles otras son parte de la red vial cantonal», detalló León.
Luego del anuncio de este decreto, organizaciones ligadas al régimen municipal mostraron su preocupación por la asignación de esta nueva responsabilidad sobre 3.071 kilómetros de carretera.
El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Maikol Porras, cuestionó que no se están asignando los recursos necesarios a las municipalidades para la atención de estas rutas.
«En todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonadas por Conavi y el MOPT, son rutas nacionales que hoy nos las quieren pasar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos. Es por esto que nos oponemos al decreto 44.263 y en una carta el señor Presidente y al ministro de Obras Públicas y Transporte le hemos pedido que deroguen ese decreto, para que de inmediato se active una mesa de diálogo y de negociación en la Asamblea Legislativa con el Ministerio de Hacienda también, para buscar más recursos para la red vial. Es una sola red, la de todo el país, que afecta a ustedes como pobladores, a los que van a sectores con el turismo, con productos agrícolas y que necesitamos que esa red se atienda, pero con más recursos. No nos oponemos administrar nuestras calles, lo hemos hecho bien, pero necesitamos más recursos para estas calles adicionales que nos quieren trasladar», explicó el jerarca de ANAI.
Por su parte, la presidenta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Patricia Porras, también rechazó la intención del Gobierno mediante la aplicación de este decreto ejecutivo.
«Estamos dispuestos a trabajar en conjunto para encontrar soluciones viables y equitativas, que permitan que la infraestructura vial continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades, siempre y cuando esto se haga como la ley lo indica y no mediante un decreto que pretende trasladar a las municipalidades responsabilidades que no le corresponde. Le solicito con todo respeto al señor Ministro, el ingeniero Batalla y al señor presidente de la República, don Rodrigo Chaves, la derogación de este decreto para el beneficio de todas las comunidades de nuestro país», solicitó Porras.
En Noticias Columbia buscamos la posición del ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de edición.
