Entre los investigados están un diputado, una alcaldesa, el viceministro del MOPT y la exdirectora de Migración. Imagen con fines ilustrativos.
Ante consulta de Noticias Columbia, la Fiscalía dio detalles con respecto a la diligencia de secuestro de teléfonos celulares que se efectuó este miércoles como parte de la investigación por el caso denominado «Madre Patria».
Los aparatos corresponden al diputado del PUSC, Leslye Bojorges León, el viceministro del MOPT, Carlos Ávila Arquín, la exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro y la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales. A ellos se suma una persona de apellido Suárez, al parecer funcionaria del MEP.
El Ministerio Público confirmó la apertura de dos expedientes; uno contra Bojorges por tener fuero o inmunidad y otro contra los demás investigados. En el segundo se suma un político del PUSC, de apellido Campos, al cual no le decomisaron el teléfono.
«En términos generales, la Fiscalía confirmó que se investiga el aparente recibimiento de dádivas provenientes de un empresario vinculado con una compañía autobusera y tráfico de influencias», dice la respuesta enviada a este medio.
El 25 de junio del 2024, la Fiscalía y el OIJ realizaron múltiples allanamientos simultáneos para desarticular una organización presuntamente dedicada a fraudes con propiedades, legitimación de capitales y otros hechos delictivos.
El caso se denominó policialmente «Madre Patria» porque los sospechosos de liderar al grupo son dos españoles. El grupo también incursionó en líneas de buses en Alajuela y Caldera.
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Bojorges da sus explicaciones
En una conferencia de prensa, este mediodía, el diputado del PUSC aceptó que se reunió con representantes de una empresa de autobuses pero negó haber recibido algún beneficio personal o dinero.
Aseguró que el contacto se dio debido a que líderes comunales lo buscaron con la preocupación de que la zona de San José de Alajuela se iba a quedar sin servicio de autobús.
Por esa razón, contactó al viceministro de Transportes y se reunió con los encargados de la ruta quienes le indicaron que tenían todo en orden para seguir operando pero que había riesgo de no tener continuidad en el servicio.
El legislador aseguró que él no tenía cómo saber que estas personas, de la empresa autobusera, iban a terminar en la cárcel porque estaban implicadas como sospechosas en un caso de fraude con propiedades y legitimación de capitales.
«Yo no tengo una bolita de cristal para saber con quién me reúno y quién es delincuente. Creí que me estaba reuniendo con un empresario de autobuses que era una persona honesta y trabajadora. No sabía que era un delincuente que robaba tierras y que esas tierras las revendía y que legitimaba capitales», expresó.
«Me reuní con un empresario y con unos vecinos del barrio San José (de Alajuela), creyendo que lo único que estaba haciendo era intercediendo para que esa gente pudiera tener el servicio de transporte de bus», añadió.
Bojorges aseguró que irá a ponerse a las órdenes de la Fiscalía y pedirá que se le levante el secreto bancario para que pueda revisar sus cuentas e ingresos. «Nunca pedí que me dieran un colón. Nunca en mi vida he intercambiado un favor a una comunidad por dinero», recalcó.
El diputado reconoció que, posterior a las gestiones que hizo, las personas con las que se reunió ofrecieron «ayudarle» con algún favor, sin embargo, sostiene que les contestó que no necesitaba nada.
Supuestamente los empresarios le consultaron si podían ayudar a alguien más del entorno político. Él les manifestó que se podían poner en contacto con Jiménez, en ese entonces aspirante a alcaldía de San Ramón y a un aspirante a la alcaldía de Alajuela.
«Lo que sé es que le trasladé el número de teléfono (de Jiménez) para que entre ellos se pusieran de acuerdo y le ayudaran dentro del marco de la ley porque eso, según el Código Electoral está establecido de que un empresario le puede ayudar a un candidato a alcalde. No sé en qué le ayudaron a doña Gabriela, no sé en qué le colaboraron», resaltó.
Destacó que entregó el teléfono desbloqueado para facilitar el trabajo de las autoridades.
Molestia
La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez, publicó un video en sus redes sociales en el que asegura que fue víctima de un operativo desproporcionado y agresivo para decomisarle el teléfono.
Alegó que vehículos del OIJ la interceptaron cuando estaba en la vía pública y que los oficiales se comportaron con «matonismo». Señaló además que ella no tiene relación con hechos delictivos.
«Lo más trágico de esto es que ni siquiera es una causa que está en mi contra. El imputado es un sujeto, fuera de este cantón y fuera de ninguna relación con mi función pública como alcaldesa. Yo no soy la imputada de este caso que se está investigando», expresó.
Esas declaraciones las hizo antes de que la Fiscalía confirmara que ella figura en uno de los expedientes abiertos. Posteriormente circuló un comunicado de prensa en el que se refiere a los nuevos hechos dados a conocer por la Fiscalía y remite las consultas a su abogado. (Estaremos ampliando).
La exdirectora de Migración, Marlen Luna, se sumó a las críticas al OIJ por la forma en que le cerraron el paso a su vehículo para indicarle que debía entregar el teléfono. Considera que pudieron haberla citado para hacerlo pues de la otra forma fue intimidada.
Sobre el caso que se investiga, afirmó que no hizo nada ilegal ni tiene nada que ver con los hechos de «Madre Patria», causa en la cual no es imputada.
«Esta es una diligencia paralela a este expediente, pero eso no se aclara. Ahí está la mala intención, desinformar a la población y hacer ver que hay algo que ocultar o que nosotros tenemos alguna participación en ese hecho. Encarecidamente ruego se aclare este punto», dijo.
Luna aseguró que la están investigando por la llamada de un diputado que le solicitó agilizar un trámite de pasaporte «como lo han hecho muchísimas persona en este país», en el ejercicio de su cargo como directora general de Migración.
Afirmó que es un procedimiento normal, en el cual media un correo en el que se pide que se entregue un pasaporte antes de la fecha establecida porque urge el viaje, para no perder un tiquete o por requerimientos del país de destino.
Intentamos tener el criterio del viceministro de Transportes pero de momento no ha sido posible localizarlo.
