Un total de 36 organizaciones sindicales y sociales declararon ‘non grata’ a diputada socialcristiana por su postura en algunos proyectos de ley.
Un grupo de organizaciones sindicales y de la sociedad civil declaró “non grata” a la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas.
Según un comunicado conjunto, un proyecto de ley presentado por la legisladora, que busca modificar la forma en que se administra financieramente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afecta la autonomía de la institución.
Además, estas organizaciones cuestionan que Rojas se haya manifestado a favor de las jornadas 4×3 y que presentara mociones contra el proyecto de ley para crear el Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (FONARROZ), iniciativa que pretende apoyar al sector arrocero ante el aumento en las importaciones del grano.
Natalia Solís, representante del Frente Nacional de Lucha —una de las organizaciones firmantes— señaló que estas actuaciones de Rojas, sumadas a otras decisiones, motivaron la declaratoria de “non grata”.
«Daniela Rojas ha sido una diputada que, a lo largo de estos 3 años, ha sido abiertamente contra la clase trabajadora, contra las garantías, contra nuestras conquistas sociales, al proponer la apertura del mercado eléctrico, básicamente despedazar al ICE. Ahora, debilitar la Caja. La otra cosa es ser una proponente acérrima de las jornadas extenuantes, lo cual no representa tampoco la voz ni los derechos de la clase trabajadora. También, por llenar de mociones, o al menos es su pretensión, este fondo de subsidio que se le pretende dar a los y las arroceras por la nefasta ruta del arroz. Entonces, a raíz de todas estas ejecuciones e ideas propiciadas directamente por esta diputada, creo que una responsabilidad histórica es señalarla y decir que es non grata en todos los movimientos sociales de distinta índole», manifestó Solís.
La líder sindical se refirió específicamente al proyecto que busca modificar la administración de la Caja y criticó los argumentos de la diputada socialcristiana. También cuestionó a otros legisladores que respaldaron la iniciativa.
«Las argumentaciones son bastante lamentables. Ella, por lo menos lo que he leído en algunos medios, es que indica que la ciudadanía ha perdido como cierta empatía con la institución por la situación de la lista de espera, actos de corrupción, etcétera; lo cual más bien contradice el accionar de ella. Si hay algo que ha intentado enlentecer y entrabar la gestión de la Caja, ha sido básicamente la del Ejecutivo sobre ella. El presidente Chaves y este Consejo de Gobierno han procurado generar una inestabilidad en la Junta Directiva, en la gobernanza directa de la Caja. Entonces, básicamente, hay una contradicción absoluta en lo que se pretende y en lo que se dice. Realmente, quitarle ese rango constitucional es dejar a la Caja a los intereses de políticos de turno, que ya tenemos una alta claridad de que en la mayoría de los casos no van a ir con una visión pro pueblo, sino una visión más mercantilista y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Entonces, es completamente repudiable y reprochable lo que pretende hacer esta diputada con algunos diputados de la bancada del mismo PUSC, como María Martha Carballo y también diputaciones del Partido Nueva República, que también manifestamos nuestro total rechazo por diputaciones que se dicen abogar o ser defensores de la vida», añadió la representante sindical.
¿Qué responde la legisladora del PUSC?
En Noticias Columbia conversamos con la diputada Daniela Rojas sobre esta declaratoria en su contra. La legisladora afirmó que “se está engañando a los costarricenses” y aseguró que el señalamiento “le tiene sin cuidado”. Defendió las decisiones que ha tomado en la Asamblea Legislativa, pese a las críticas de sindicatos y organizaciones civiles.
«El comunicado habla de cientos de mociones al proyecto de fondo para el arroz, cuando en realidad solo presenté 18. Esa diferencia refleja una clara intención de exagerar y manipular. Además, no dicen que esta iniciativa lo que incluye es un nuevo impuesto que terminarán pagando todos los costarricenses para financiar más burocracia y no para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Los productores de arroz no necesitan más impuestos disfrazados de subsidio, lo que realmente requieren es acceso al crédito, insumos más baratos, investigación y desarrollo y que si se aprueban recursos realmente les llegue a ellos y no a financiar burocracia. Nada de eso se discute en este proyecto de ley, lo que se discute es cómo cargar un impuesto más a los costarricenses. Tampoco es cierto que los proyectos impulsados busquen privatizar conquistas sociales o desproteger a la clase trabajadora. Por ejemplo, el proyecto de jornadas 4×3 mantiene todas las garantías del Código de Trabajo, pago de horas extras, vacaciones, aguinaldo y seguro social. Su objetivo es abrir más oportunidades de empleo formal en sectores que hoy requieren flexibilidad sin retrocesos para los trabajadores. Además, no se incluiría a todos los sectores en esta iniciativa», indicó la socialcristiana.
Sobre el proyecto de ley relacionado con la CCSS, Rojas sostuvo que no busca debilitar la autonomía de la institución, sino garantizar su sostenibilidad.
«La Caja enfrenta graves problemas, exceso de gasto, listas de espera que superan 1 año y decisiones salariales que comprometen su estabilidad. Estamos defendiendo al asegurado. Con esta reforma la institución mantiene su autonomía, pero debe respetar la regla fiscal y el principio de equilibrio financiero, igual que cualquier otra institución. El propósito es proteger a la Caja para que pueda seguir brindando salud y atención de calidad a las futuras generaciones. La Caja está en cuidados intensivos, pero no por quienes buscamos rescatarla, sino por quienes durante años la han debilitado y hoy pretenden mostrarse como sus defensores. Es verdaderamente lamentable que pequeños grupos intenten manipular a los costarricenses con tal de seguir protegiendo sus propios intereses», agregó Rojas.
En total, 36 organizaciones firmaron la declaratoria. Entre ellas se encuentran el Frente Nacional de Lucha, las federaciones de estudiantes de la UCR y la UNA, Sitrajud, UNDECA, ANDE y Feministas en Resistencia.
