Diputados oficialistas promovieron una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público con el fin de abrir una investigación sobre la administración, ejecución y fiscalización de los recursos de las cinco universidades.
¿Cómo funciona la fiscalización de los recursos de las universidades estatales?
Esta semana, diputados oficialistas promovieron una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público con el fin de abrir una investigación sobre la administración, ejecución y fiscalización de los recursos públicos asignados a las cinco universidades a través del FEES.
En la moción se propone la convocatoria de los cinco rectores, representantes de auditorías internas, y la contralora general de la República Marta Acosta.
Kattya Mora y Gonzalo Ramírez, ambos diputados de Pueblo Soberano, indicaron que la moción nace de presuntos gastos realizados por funcionarios de estas instituciones.
“Presenté formalmente, en conjunto con otros diputados, una moción ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para investigar el manejo de los recursos en las universidades estatales: reportes de gastos en alimentación, en viajes, en actividades protocolarias, buscamos fiscalizar el uso del FEES y de otros fondos públicos que son administrados por las universidades, esta investigación durará cerca de 2 años, analizará la razonabilidad de todos estos gastos de representación y los mecanismos también de control interno de esas instituciones, se llamará a rendir cuentas a los rectores de la UCR, de la UNA, de la UNED, de la UTN y del TEC, a sus auditores internos, también a sus directores financieros, al CONARE, así como a la Contraloría General, porque garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos es una prioridad de todos los costarricenses”, apuntó la diputada Mora.
Respuesta de CONARE
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), por su parte, indicó que colaborará en el proceso, siempre que se tenga en cuenta la autonomía universitaria.
Jorge Herrera, presidente de CONARE y rector de la Universidad Nacional, señaló que actualmente las universidades atienden procesos de fiscalización y recomendaciones emitidas por las instancias competentes.
“Desde el Consejo Nacional de Rectores reafirmamos el compromiso de las cinco universidades públicas que lo integramos por la legalidad, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas, las universidades públicas siempre hemos estado sujetos a los distintos mecanismos de control que establece la institucionalidad pública, constantemente estamos rindiendo informes de ejecución presupuestaria ante la Contraloría General de la República, además, contamos con nuestras propias auditorías internas y muchas de las universidades también contamos con mecanismos de gobierno abierto y de acceso transparente a la información, reafirmamos nuestro compromiso de participar y brindar la información que sea requerida en los distintos espacios, respetamos y reconocemos el derecho que tiene la Asamblea Legislativa de pedir la rendición de cuentas a las distintas instituciones, sin embargo, solicitamos que este proceso de investigación se rija bajo un proceso transparente de diálogo con información y, sobre todo, con decisiones basadas en evidencias”, expresó el rector.
Las universidades públicas tienen Auditoría Interna, el departamento que fiscaliza la ejecución de los fondos y vela por el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y legalidad.
También están sujetas a las revisiones de presupuesto que realiza la Contraloría General de la República.
Fiscalización y autonomía universitaria
Consultado por Columbia, el abogado Constitucionalista Luis Felipe Rodríguez comentó que la investigación que hagan los diputados no necesariamente implica una violación a la autonomía universitaria.
Eso sí, dependerá del manejo y los alcances de la indagación que realice la Comisión.
“El mero hecho de investigar el uso de los recursos del FeES no es persé inconstitucional, el tema que se tiene que entender es cuál sería el alcance de esa eventual investigación, definitivamente la Asamblea Legislativa no está autorizada para ordenarle a las universidades públicas la medida o la forma en la que tengan que distribuir los recursos del FEES, porque eso sí forma parte de la autonomía constitucional dada, entonces me parece que sería una investigación bastante acotada que estaría básicamente limitada dónde y cómo se utilizan los recursos”, indicó.
