El plazo inicial de la comisión vence este viernes 17, y aún se espera la declaración del denunciado y de testigos.
La investigación por hostigamiento sexual contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, está a dos días de cumplir plazo, mientras la incertidumbre por su avance continúa.
A Alvarado se le investiga por presuntos actos de hostigamiento sexual denunciados por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.
El caso se tramita bajo el “Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputadas y diputados”, en una comisión instalada el pasado 17 de febrero y que tiene dos meses de plazo para emitir el informe, es decir, hasta el próximo viernes.
Sin embargo, la parte denunciante ha cuestionado duramente a la comisión por su lento avance. La audiencia de prueba testimonial se fijó para el viernes anterior, y a falta de la declaración de dos testigos y del denunciado, se reprogramó la sesión para este martes 14, pero fue suspendida por solicitud del diputado Alvarado.
Esto causó la molestia del equipo legal de Marulin Azofeifa, entre ellos la exdiputada Carolina Hidalgo.
“No adjuntan ninguna justificación técnica del porqué la comisión está siendo cancelada y eso para mí es insólito, nunca he visto un proceso donde el denunciado tenga la facultad decir ‘el procedimiento no avanza más por el día de hoy’ y aquí sí se está dando una clara manifestación de falta voluntad política por parte del presidente explícitamente, pero creo que hay una responsabilidad compartida, porque el problema acá es que la cancelación de la comisión hace que se muevan los plazos y por tanto es muy posible que si no hay realmente disciplina sobre el procedimiento no se le dé respuesta a Marulin, que está haciendo por primera vez en la historia una denuncia con un procedimiento de fondo, es decir, que da las reglas claras, que está enfrentándose a un poder político, también un poder religioso y un poder laboral, dado que fue su jefe durante muchísimo tiempo, y la institución simplemente no le está dando trámite”, cuestionó.
Las críticas de los denunciantes han caído principalmente en el presidente de la Comisión, Alejandro Pacheco (PUSC).
El socialcristiano se ha defendido de las críticas alegando que la denuncia fue presentada cerca al cierre del período legislativo, y que se han hecho los esfuerzos para dar el trámite adecuado.
“La denuncia presentada fue el día 4 de febrero, o sea, prácticamente 2 meses y un poco más de tiempo antes de que termine esta administración, la comisión, a partir del momento en que se instala la comisión y se nombra, tiene dos meses para resolver, los cuales vencen el próximo viernes 17, las últimas dos sesiones que estaban programadas eran martes y miércoles, el día martes la suspendimos y se convocó para el día jueves, o sea, que lo que se hizo fue que vamos vamos a asesinar miércoles y jueves y no martes y miércoles, o sea, se corrió 24 horas prácticamente”, dijo.
Pacheco confirmó que se pedirá la prórroga de 15 días prevista por el Reglamento para continuar con el trámite.
“Es imposible para la comisión prácticamente resolver antes del próximo viernes, ya que con las sesiones como estaban programadas, o sea, que la última que estaba convocada era el día miércoles, una vez que finalice hay que darle tres días a las partes para conclusiones y eso llegaría ya prácticamente hasta el día lunes, o sea, ya se pasa el día 17, posterior a eso los diputados tienen ocho días para analizar toda la prueba y una vez que se analice la prueba presentar los informes, por ello es que se va a solicitar la prórroga de 15 días que está estipulada en el Reglamento; hay que tomar en cuenta que estuvieron los días de Semana Santa en el medio y ese prácticamente ha sido el único tiempo que se ha perdido en la comisión”, apuntó.
¿Qué pasará si el caso sobrepasa la fecha del 30 de abril, día en el cual los diputados actuales terminan su gestión?
Para el equipo legal, en caso de que el diputado Alvarado deje su curul sin que el asunto sea discutido por el Plenario habría impunidad.
Así lo expresó, por ejemplo, el abogado de Marulin Azofeifa, David Delgado, quien agregó que pedirán criterios al respecto.
“Vamos a solicitarle a la comisión que solicite un criterio, ya sea al Departamento de Servicios Técnicos o el de Asesoría Legal, en relación con cuál sería la interpretación de aplicar un Reglamento aprobado en el 2021 para sancionar a diputados de la República por cuestiones de acoso sexual cuando ya estos diputados hayan dejado el poder,y una nueva integración legislativa asuma y eventualmente tenga que votar sobre si sanciona o no a un ex diputado de la República; desde mi perspectiva jurídica habría una pérdida de interés actual y no habría una legitimación pasiva para sancionar a una persona que ya no es diputado de la República”, señaló.
¿Cuál es la opinión de otros diputados con respecto al trámite de este caso?
La diputada independiente Johana Obando, integrante de la comisión investigadora, indicó que ha hecho varias gestiones para que se acelere el procedimiento.
“Desde el 16 de marzo he enviado una serie de oficios por la preocupación que tengo de que no se cumplan los plazos para la conclusión de esta comisión de investigación, esta serie de oficios va encaminado indicando que se deben de cumplir los plazos de forma célere, que se deben realizar otro tipo de sesiones extraordinarias si fueran necesaria,s y hemos estado en una comunicación, tanto mi persona como mi asesor con el asesor de presidencia para demostrar nuestra preocupación de que los plazos no están dando y que creemos que el proceso ha sido un poco lento”, expresó.
Por su parte, la diputada liberacionista Carolina Delgado, presidenta de la Comisión de la Mujer, externó que espera el término del proceso antes del 30 de abril, aunque recordó que el asunto también se encuentra en sede judicial y ahí seguirá su trámite.
