El mandatario, de momento, será el único compareciente. Diputados rechazaron llamar a la presidenta del TSE y a expertos constitucionalistas.
La comisión legislativa que analizará la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, arrancó sus sesiones la noche de este martes.
Durante el espacio, se tomó la decisión de llevar a cabo el espacio los viernes, a las 9 de la mañana, con la posibilidad de sesionar extraordinariamente en otro horario.
Ante una moción presentada por los legisladores, se aprobó que el mandatario sea, de momento, el único compareciente a la comisión para externar su posición sobre la presunta beligerancia política de la cual se le señala.
Según el diputado oficialista, Daniel Vargas, el TSE se atribuyó poderes que no le corresponden.
«Por segunda vez, a instancias de un órgano diferente, llegó a esta Asamblea Legislativa una solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal del señor Rodrigo Chaves Robles. Quiero hacer este comentario inicial porque el asunto no es para nada menor. Si no era un asunto que pudiese menospreciarse en una primera instancia en el proceso anterior, sí era un asunto que estaba perfectamente normado en la Constitución Política y que sigue normado en la Constitución Política.
Aquí estamos ante un evento que, bajo mi criterio, ni siquiera deberíamos estar conociendo en la Asamblea Legislativa, que lo estamos conociendo por dos razones, por una razón de interpretación de normas que hace el Tribunal Supremo de Elecciones ignorando inclusive lo que está claramente establecido en la Constitución Política y por una razón de resolución presidencial que le da el mismo carácter, de alguna forma del proceso que sí está regulado a uno que no está regulado y que hoy nos tiene aquí iniciando esta comisión y buscando satisfacer lo consignado en tal resolución», manifestó Vargas.
Por el contrario, la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, afirmó que el proceso que realizan en el espacio legislativo es legítimo.
De igual manera, recordó que no será el Plenario quien juzgue al mandatario, sino únicamente dar la posibilidad al TSE de investigar.
«Quisiera indicar, para efectos también de seguridad hacia la ciudadanía, que aquí no se está haciendo absolutamente nada en contra de la Constitución ni en contra de la normativa electoral ni democrática del país, todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí hay que entender que cuando hablamos de un tema de beligerancia, lo que estamos es precisamente protegiendo el orden democrático de las reglas del juego de nuestro sistema tema electoral y que precisamente esta Asamblea Legislativa no ha solicitado este procedimiento, sino que hemos asumido una responsabilidad, solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones, quien es el que tiene la competencia exclusiva y obligatoria, según la Constitución, de velar por la legalidad electoral.
Hay que ver que la existencia de este procedimiento está garantizada o está sustentada en los artículos 95, 102, el inciso 3 y 5 de la Constitución Política y en el 270 del Código Electoral, pero que además hay jurisprudencia, hay antecedentes también en parte de la Sala Constitucional y también ya hubo un procedimiento similar a este, también por beligerancia, del entonces presidente Figueres Olsen. Entonces, yo creo que es importante dejar en claro a la ciudadanía que aquí vamos a actuar a derecho, que vamos a seguir un procedimiento riguroso de la responsabilidad que nos compete, hasta donde nos compete», argumentó la frenteamplista.
Durante la sesión, las diputadas de oposición votaron negativamente una serie de mociones presentadas por el oficialista, Daniel Vargas, para convocar a la comisión a la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, así como a otros voceros de la institución.
Vargas también intentó que se llamara en audiencia a una serie de abogados constitucionalistas, quienes ya en otros espacios han externado su posición respecto al proceso.
Con respecto a la moción para que se convocara a la jerarca del TSE, la diputada liberacionista, Alejandra Larios, afirmó que no era procedente.
«El Tribunal Supremo de Elecciones no es acusador, es un órgano investigativo y decisor. Entonces, traer a la presidenta o a cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos estarían adelantando criterio. Entonces, además, posiblemente si los traemos, lo que harían es abstenerse de declarar y en ese caso estaríamos dilatando de manera innecesaria la comisión. La diferencia con la anterior comisión es que ya había una investigación terminada y una acusación hecha por parte del fiscal general, lo cual no es este caso», indicó la verdiblanca.
