Tres instancias judiciales recibieron una valoración poco positiva por parte de la ciudadanía costarricense, según la última encuesta del CIEP.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) obtuvo una calificación de 6,9%, mientras que el Poder Judicial y la Fiscalía General alcanzaron un 5,5% cada una.
El miembro del Sindicato del Poder Judicial, Hugo Solís, señaló que esta percepción está influenciada por los medios de comunicación y por el desconocimiento de las funciones de estas instituciones: “Esta percepción está condicionada por los medios de comunicación y las redes sociales. A esto se suma el conocimiento limitado que tienen las personas sobre las funciones de los entes que conforman el Poder Judicial.
Se trata de un sistema articulado: las investigaciones las realiza el OIJ, pero bajo la dirección funcional del Ministerio Público. El Ministerio Público es como el director de la orquesta, es quien define qué se hace y cómo se hace, y los resultados del OIJ se reflejan en los procesos judiciales a través de su intervención”.
Para Solís, la influencia también proviene del Poder Ejecutivo, al que señaló como crítico constante de las funciones judiciales: “Estos cuatro años han estado marcados por múltiples ataques del Ejecutivo hacia las labores del Poder Judicial, lo que influye en la percepción ciudadana. En especial la Fiscalía ha sido blanco de señalamientos del presidente de la República y del Poder Ejecutivo en general. Esto, sumado a la sensación de inseguridad y a los casos de corrupción, impacta de manera negativa en la imagen del sistema”.
Por su parte, la diputada del Partido Progreso Social Democrático, Paola Nájera, afirmó que en el país ha habido una politización de la justicia: “Podemos hablar de politización de la justicia, donde desde la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo se han hecho críticas basadas en evidencias al Poder Judicial. Mucha gente percibe que la Fiscalía ha respondido más rápido en casos relacionados con el gobierno de Rodrigo Chaves que en otros. Eso genera la sensación de politización y explica, en parte, los bajos números que reflejan estas encuestas”.
Nájera insistió en que esta percepción debe ser un llamado de atención para el sistema judicial: “Es un llamado importante a las élites de esta institucionalidad, a reflexionar y renovarse. El Poder Judicial debe identificar qué necesita hacer para responderle a la ciudadanía y cumplir con la función para la cual fue creado”.
Tanto Solís como Nájera coincidieron en que la valoración ciudadana depende de múltiples factores, y que cada uno debe analizarse de manera individual.
