Conozca el criterio de la Fiscalía, abogados defensores y escuche una entrevista con el exalcalde de San José, Johnny Araya, uno de los investigados en el caso Diamante.
El lunes 15 de noviembre del 2021 la mañana se sacudió con la noticia de múltiples allanamientos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía en los cuales detuvieron a los alcaldes Johnny Araya de San José, Mario Redondo de Cartago, Arnoldo Barahona de Escazú, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos y Alberto Cole de Osa.
Las imágenes de algunos de ellos esposados quedaron en los medios de comunicación y rápidamente corrieron por las redes sociales. Ese día también fueron detenidos otros funcionarios municipales y personeros de la empresa MECO.
Era un escándalo. Las informaciones iniciales hablaban de un supuesto esquema de corrupción con el fin de favorecer a la empresa constructora a cambio de beneficios personales para los investigados.
Dos días después, el Juzgado Penal dispuso que los alcaldes quedaran en libertad y les ordenó presentarse a la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
Al ser época de pandemia de Covid-19, las fotos y videos los registraron a todos saliendo con mascarilla de las celdas judiciales tal y como se muestra en esta nota.
El 19 de noviembre del 2021 los suspendieron del cargo y les dictaron otras disposiciones adicionales.
El 24 de mayo del 2022 volvieron a sus puestos debido a que la suspensión no se prolongó. Actualmente, solo Redondo es alcalde tras ganas elecciones en el año 2024.
Cinco años después de aquella mañana movida y trepidante para las autoridades y los medios de comunicación (caótica para los detenidos) el caso tiene un trámite lento y muy complejo en estrados judiciales donde se le asignó el expediente 20-009616-0042-PE.
Primeras versiones
Mientras los operativos se mantenían en desarrollo, el director del OIJ, Walter Espinoza (quien falleció un año después) y el entonces fiscal a cargo, Glen Calvo, dieron una extensa conferencia de prensa para contar los primeros detalles.
Espinoza aseguró que el objetivo de las acciones era esclarecer hechos de corrupción presuntamente cometidos por los sospechosos, entre ellos, favorecer a MECO en licitaciones, el pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas, entre otras.
“La hipótesis de trabajo del Ministerio Público y que está investigando el OIJ junto con ellos tiene que ver entonces con actos de corrupción relacionados con licitaciones, construcciones, pagos de obra pública, la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas a ella que les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos”, expresó.
Por su parte, el fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Glen Calvo, abrió su intervención diciendo que se investigaba a una “organización criminal que ha venido teniendo impacto en municipalidades del país”.
“Esta estructura se ha dedicado directamente a ejercer actos de corrupción en el sector de infraestructura vial cantonal, ya sea conformada por alcaldes, funcionarios municipales y personas particulares, quienes, a cambio de dádivas o promesas de retribución, han intervenido para generar beneficios indebidos principalmente para la empresa denominada MECO dentro de procesos de contratación administrativa y temas presupuestarios y de ejecución contractual”, detalló.
¿En qué estado se encuentra el caso?
La fiscal coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción, Johanna Rodríguez, informó que los hechos que se investigan se relacionan principalmente con la presunta comisión de delitos de cohecho y penalidad de corruptor.
Los cargos se derivan de la presunta entrega y aceptación de dádivas o promesas de retribución por parte de los particulares a funcionarios públicos municipales «con el propósito de obtener beneficios indebidos en el marco de los procedimientos de contratación pública en las municipalidades involucradas».
También se investigan «beneficios indebidos en la etapa de ejecución contractual, en la aprobación de modificaciones presupuestarias, adendas de contratos y la agilización también en el trámite y el pago de facturas».
Diamente no ha pasado de la fase de investigación por varias razones. Se trata de un proceso que ha tenido una gran cantidad de solicitudes, pedidos de revisión e impugnaciones por parte de las defensas.
Cuadrar las agendas de todos los abogados defensores participantes (quienes pueden tener varios casos al mismo tiempo) es un desafío mayúsculo para el sistema judicial.
El caso está marcado por una situación controversial en el expediente. La declaratoria del caso Diamante como de crimen organizado tiene errores por el aparente uso de un machote que hace referencia a otros datos ajenos al proceso (un homicidio y un aborto). Una jueza enfrenta una causa disciplinaria por ello.
En febrero del 2025 el juez Ricardo Alvarado declaró la ineficacia de la resolución que catalogó el caso como de crimen organizado.
En diciembre de ese mismo año, el Juzgado Penal de Hacienda anuló como prueba las intervenciones telefónicas que se realizaron. Se trata de evidencias de mucho peso.
En abril del 2026, el Tribunal Penal acogió la apelación de la Fiscalía, anuló la decisión de diciembre del 2025 y dispuso que el caso volviera a analizarse en el juzgado de origen, pero con una nueva integración. De momento, esa decisión mantiene con vida las pruebas.
«Actualmente se está a la espera de que el Juzgado Penal señale la audiencia relativa a resolver las gestiones planteadas por la defensa técnica en relación a la validez de la prueba. Esto luego de que el tribunal haya rechazado los recursos interpuestos por los abogados defensores y haya ordenado la devolución del expediente al Juzgado Penal para definir lo correspondiente a este tema», explicó la fiscal.
«Con respecto a el estado de la causa, el Ministerio Público ha hecho todas las actuaciones procesales que se encuentran a su alcance para impulsar el avance de este asunto a la etapa intermedia del proceso penal», agregó.
Esa etapa implicaría la presentación de una acusación y la solicitud de apertura a juicio que tendría que definirse en la llamada audiencia preliminar.
Revelaciones y descargos
Luego de los allanamientos por el caso Diamante, el acceso de los medios de comunicación al expediente judicial se tradujo en múltiples publicaciones con detalles sobre las presuntas irregularidades.
Las notas incluían transcripciones de conversaciones telefónicas entre los imputados y particulares.
Con el paso del tiempo se sumaron los informes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que realizó sus investigaciones.
De esta forma se conocieron situaciones puntuales que se atribuían a los alcaldes y personeros de la empresa constructora. A continuación exponemos una síntesis de los hechos y las respuestas que brindaron los involucrados.
Johnny Araya, exalcalde de San José
-Presuntas gestiones para favorecer a MECO en proyectos de infraestructura vial de la capital.
-Supuesta intervención para favorecer a la empresa en un proyecto de la calle 78, en Rohrmoser.
-Supuestas conversaciones con representantes de de la constructora en las que se buscaba conseguir el respaldo del alcalde y obtener contratos sin tener que competir en igualdad de condiciones con otras empresas.
-La Fiscalía Anticorrupción investigó si influyó desde su puesto en la Municipalidad de San José para beneficiar a la empresa Explotec.
-Supuesta recepción de dádiva de un desarrollador inmobiliario a quien habría dicho que el dinero lo usaría para pagar honorarios legales de otro caso.
Araya accedió a dar amplias declaraciones a Radio Columbia al cumplirse los cinco años del caso Diamante. Explicó que, al estar el asunto aún en etapa de investigación, no puede referirse a profundidad a ciertos temas.
«Se cumple un aniversario de uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Lo ocurrido hace cinco años fue un acontecimiento que tanto a mi familia como a mí… nosotros quisiéramos borrar de nuestra memoria», dijo.
El exalcalde de San José fue muy crítico con el proceder de las autoridades aquel 15 de noviembre de 2021. Afirmó que hubo un exceso en la intervención policial y en la forma en que fue sacado de su casa para comparecer en Tribunales.
Calificó de innecesaria la cantidad de oficiales y la presencia de un vehículo blindado. A su criterio, todo el movimiento persiguió fines mediáticos y que prueba de ello fue la presencia anticipada de los medios en las inmediaciones de la vivienda.
«Parecía que estaban interviniendo un búnker del narcotráfico o la guarida de un peligroso capo de la mafia criminal. ¿Era necesario semejante despliegue?», recalcó.
Araya siente incluso que era innecesario esposarlo. Este medio le recordó que la Fiscalía no hace diferencias y que parte del procedimiento para presentar ante un juez a una persona puede implicar el uso de esposas. En ese punto, discrepa.
Columbia consultó a la fiscal Rodríguez sobre las aseveraciones de Araya y otros alcaldes quienes alegan un operativo desproporcionado con fines de espectacularizar el caso:
«Se rechaza categóricamente estas manifestaciones, siendo que las actuaciones del Ministerio Público nunca han respondido ni a fines mediáticos ni tampoco a excesos policiales.
«Todas y cada una de las diligencias que fueron efectuadas y se han realizado durante todo este tiempo por parte del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial están apegadas a la ley y están basadas en elementos de prueba suficientes, en grado de probabilidad, que es lo que exige la ley en la etapa inicial del proceso para justificar todas y cada una de las decisiones que se han adoptado», respondió.
Sobre los hechos que se le imputan, alega que ninguno «tiene sustento probatorio». Define la investigación de la Fiscalía como «superficial e imprecisa».
«Ya tenemos cinco años de que esto ocurrió. (…) Al día de hoy el Ministerio Público no ha podido aportar pruebas que le ayuden a sustentar las acusaciones que me hicieron«, señaló.
Araya negó que, por su gestión, se dieran beneficios a MECO o que él haya recibido dinero a cambio de favorecer a algún desarrollador.
Aquí puede escuchar la conversación completa:
El abogado Alfonso Ruiz, codefensor del exalcalde de San José, resaltó el lento avance del caso Diamante en sede judicial y lo atribuye a diversas circunstancias, entre ellas lo ocurrido con la declaratoria de crimen organizado.
En cuanto a los cargos, dijo que Araya no tiene participación en ninguno de ellos. «No lo digo como un defensor más que manifiesta que su cliente es inocente, es que hemos aportado los elementos probatorios suficientes, contestes y concordantes», afirmó.
«Se han revisado sus cuentas, movimientos bancarios, diligencias económicas y no se ha encontrado acto alguno que permita señalar, ni en grado de probabilidad, que don Johnny Araya pudo haber cometido un ilícito de esos», subrayó.
Alfredo Córdoba, exalcalde de San Carlos
El expediente judicial y los informes legislativos lo vinculan con varias acciones:
-Supuesta recepción de una dádiva millonaria provenientes de MECO.
-Supuesta ayuda de MECO para construir un planché en una granja familiar ubicada en finca Damas, en Aguas Zarcas de San Carlos.
-Presuntamente ofreció interceder ante Mario Rodríguez, entonces director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para conseguir órdenes de inicio de obras.
-Supuesta solicitud de contratación de su yerno en proyectos de MECO en Nicaragua.
Columbia contactó a Córdoba quien expresó que es consciente de la importancia de referirse al asunto, sin embargo, por recomendación de su abogado, Francisco Dall’Anese, pidió que las consultas se dirigieran a él.
Al defensor le enviamos las siguientes:
¿En qué estado se encuentra el llamado Caso Diamante cinco años después de los allanamientos y las detenciones de los alcaldes? ¿A qué atribuye que un asunto de especial trascendencia y notoriedad lleve tanto tiempo en sede judicial sin los avances esperados?
¿Cuál es la posición de la defensa con respecto a estos hechos investigados?
En vista del tiempo transcurrido, ¿cuáles son los plazos de prescripción para un caso como este?
Dall’Anese describió el caso como «singular porque tiene muchos problemas de origen no atribuibles a la defensa»
Citó como ejemplo que se utilizara la Ley contra la Delincuencia Organizada aplicando el artículo 2 que estaba derogado y que, con ello, no se podía autorizar a la Fiscalía para aplicar se procedimiento especial.
«Este es un problema del Poder Legislativo exclusivamente y desgraciadamente hay jueces que han tratado de salvar la situación poniendo en vigencia, hacia el pasado, normas que solo pueden correr o tener vigencia hacia el presente o al futuro para tratar de enmendarle la plana al Poder Legislativo y que los casos no se caigan», indicó.
Dall’Anese expresó que el uso de un machote en el expediente no es un asunto de un mero «error material», fácil de subsanar, pues se trata de la totalidad de la resolución.
«Un errror material es cuando se indica un error de lugar, por ejemplo, poner que los hechos delictivos sucedieron frente a la Junta de Protección Social cuando sucedieron frente al Hospital de Niños o que se dice 15 de agosto de 2028 cuando tenía que decir 2026. Estos son errores materiales, pero no una resolución íntegra y por eso se hizo bien en declararla defectuosa y anularla o excluirla del proceso», detalló.
El abogado rechazó que Córdoba participara de algún hecho ilícito y menos que fuera parte de una organización criminal. Cuestionó que en proceso se «inventara» la existencia de una estructura cuando no se cumplían características como una jerarquía, división de funciones, planeamiento del trabajo o sistema interno de castigos.
Sobre los cargos contra el exalcalde descartó que se viera involucrado en adjudicaciones irregulares a la empresa constructora ni en la donación de un planché donde se construyó una granja de una empresa vinculada a la familia de Córdoba.
«Ya se demostró con las bitácoras del Colegio Federado de Ingenieros que la empresa cuestionada no construyó ni el planché ni la totalidad del establecimiento agrícola. Lo hizo otra empresa cuyo propietario, gerente o presidente ya declaró ante la Fiscalía, ya aportó la bitácora y demuestra que la construcción se hizo dos años después de lo que dice la Fiscalía», subrayó.
Dall’Anese alega que el expediente documenta una llamada telefónica entre dos personeros de la empresa cuestionada se quejan de Córdoba porque la Municipalidad de San Carlos le adjudica todo a otras empresas y no a ellos.
Arnoldo Barahona, exalcalde de Escazú
El abogado Walter Brenes, defensor del exalcalde, indicó que las consultas sobre caso Diamante debían tramitarse con él.
Por ende, le expusimos algunos de los puntos en los que se señala a su cliente y le hicimos las mismas preguntas que a los demás representantes legales sobre el lento trámite de este asunto en estrados judiciales.
Considera que el principal atraso se da por la complejidad de coordinar las múltiples agendas de todos los abogados, así como por el gran circulante de casos activos y en trámite en el despacho judicial. A eso, sumó el siguiente motivo:
«En el mes de abril, se realizó la audiencia que conoció el recurso de apelación presentado por el MP (Ministerio Público) en contra de la resolución que declaró con lugar actividades procesales defectuosas planteadas por varias defensas y con ello se declaró espuria las intervenciones telefónicas, la forma en que se obtuvieron, la ilegalidad de las ordenes de allanamiento, de secreto bancario, indagatorias y actuaciones conexas.
«Según el voto número 144-2026 del Tribunal Penal, el recurso fue declarado con lugar y el expediente fue devuelto al Juzgado Penal para que se examine nuevamente la legalidad de las pruebas cuestionadas por las defensas.
«Se había señalado fechas para audiencias en julio de 2026 para conocer las solicitudes pendientes por resolver, así dice la resolución, sin embargo varios defensores (incluido) solicitamos cambio. Previnieron aportar agenda, así se hizo, y quedaron en señalar nueva fecha. No tenemos nueva fecha.
Señalamientos
Vía WhatsApp enviamos al abogado una lista de hechos con los que se ha vinculado a Barahona en el caso Diamante y le pedimos la posición de la defensa con respecto a ellos.
-Supuesta concentración de contratos para MECO.
-Supuesta entrega de concreto para una construcción en propiedad de su madre y un aparente ocultamiento de origen del material al solicitar que los vehículos no fueran rotulados con le nombre de la empresa.
-Supuestos adelantos de pagos de facturas pendientes.
-Supuesta recepción de dinero en efectivo.
-Supuesto giro de orden a empleados municipales para la destrucción de documentos relacionados al caso.
Brenes se refirió en primera instancia a los cuestionamientos hechos a lo largo del tiempo sobre el contacto directo de los funcionarios municipales con personeros de las empresas que buscan contratos.
Explicó que, desde la primera audiencia, sostuvo que la Ley de Contratación Administrativa siempre ha dado la posibilidad de mantener comunicaciones con los que fueron oferentes o incluso adjudicados de un contrato público.
«En ese momento, lo que yo establecía era de que efectivamente la legislación en ningún momento prohibía las comunicaciones fuera de la plataforma SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas) o eventualmente dentro de la ejecución del contrato era perfectamente normal de que un funcionario municipal se comunicara directamente con la persona a cargo por parte digamos de MECO o, en su defecto, que fuera a la inversa«, afirmó.
Sobre los señalamientos, dijo que después de informes del OIJ que se adjuntaron al expediente, no se ha logrado determinar que existiera alguna conducta irregular. Incluso cree que los hechos son «atípicos», es decir que no constituyen delito.
Mario Redondo, alcalde de Cartago
De los alcaldes municipales investigados en Diamente, solo Mario Redondo continúa en el cargo tras ganar su reelección en el año 2024.
Cuando fue detenido, el 15 de noviembre del 2021, se recuerda la frase que dijo cuando los agentes judiciales lo subían al vehículo: «Soy inocente. Voy a demostrar que soy inocente. Yo no he arreglado absolutamente nada».
En el caso se le atribuye haber intervenido para favorecer a MECO en la adjudicación de obras viales cantonales incluso mediante modificación de carteles.
Tras quedar en libertad, luego del allanamiento en su vivienda, afirmó que fue una experiencia muy dolorosa, que no se la desea a nadie. El 18 de noviembre de ese año expresó que nunca ha estado en la función pública para enriquecerse y que su estilo de vida reflejaba esa condición.
Columbia estuvo en los Tribunales de Goicoechea cuando Redondo aseguró que no tuvo injerencia en la participación de MECO.
También fue cuestionado un encuentro que tuvo con el gerente de la empresa en el parqueo de una plaza comercial en Cartago, frente al Polideportivo.
“Por lo más sagrado de mi vida, yo le quiero decir a usted diputado y a ustedes señores diputados, yo nunca tuve ni moví un dedo para ayudarle a Meco a ganar licitación alguna”, dijo durante una comparecencia ante diputados en abril del 2022.
Esta semana, contactamos a Redondo con el fin de que diera declaraciones para este trabajo especial. Primero nos dijo que atendería una entrevista, sin embargo, después indicó que era mejor consultar con su abogada.
Le solicitamos el contacto de la defensora, pero, al cierre de esta nota, no lo había suministrado. Tampoco respondió las consultas que le enviamos por escrito.
Alberto Cole, exalcalde de Osa
Alberto Cole de León fue alcalde de Osa, Puntarenas, durante cuatro períodos consecutivos, desde el 2007 hasta el 2024.
En el caso Diamante se le cuestionó su cercanía con personeros de MECO y la supuesta posición privilegiada de la empresa para obtener contratos constantemente con el Gobierno local.
Cuando quedó en libertad rechazó ser amigo de esos empleados de la constructora y negó incurrir en anomalías con las contrataciones. Así respondió a consultas de Columbia en aquella oportunidad.
Cole también se vio inmerso en polémica un supuesto pedido de dinero y por las negociaciones con MECO para la construcción de una pista de atletismo, saltándose trámites.
Este medio contactó a Cole para pedirle una entrevista, no obstante, el lunes 9 de noviembre dijo que lo iba a pensar. El viernes 13, volvimos a consultarle, pero dejó los mensajes sin contestar.
Humberto Soto, exalcalde de Alajuela
Al exjerarca municipal alajuelense intentamos localizarlo en dos números telefónicos que teníamos como registrados a su nombre pero no pudimos corroborar que en efecto le siguieran perteneciendo.
También enviamos un correo electrónico a la dirección que aparece en su perfil de Facebook «Humberto Soto Regidor», cargo que desempeña como suplente en el gobierno local de Alajuela.
A Soto lo vinculan con varios hechos, entre ellos, una supuesta promesa de la constructora de aportar dinero para su campaña política.
Otro punto está relacionado con presuntas conversaciones con un gerente de la empresa orientadas a procurar el favorecimiento.
Tras quedar en libertad, dio declaraciones a la prensa en las cuales mencionó que había rechazado los cargos porque es inocente. «Los hechos de mi trabajo en Alajuela, hablan por mí», expresó.
En esa oportunidad aseguró que no había recibido dádivas de MECO ni había tenido reuniones con sus personeros.
Otros implicados
En el caso diamante figuran otras personas en el expediente, entre ellas el dueño de MECO, Carlos Cerdas y dos exgerentes de la empresa de apellidos González y Bolaños.
La tesis de la Fiscalía es que eran parte del esquema en el cual se pretendía favorecer a funcionarios municipales a cambio de obtener condiciones ventajosas en los procesos de contratación de obras viales cantonales u otro tipo de beneficios.
El abogado Francisco Campos, defensor de González y Bolaños, aseguró que casos complejos como Diamante suelen demorarse en su trámite judicial.
«Al haber tantos imputados y tantos defensores ha sido a veces un problema poder coordinar agendas, incluso en horarios vespertinos», explicó.
Campos destacó que el proceso incluyó numerosas audiencias relacionadas con la resolución que declaró ineficaz la designación del caso como de crimen organizado.
«Paso inmediato fue el dimensionamiento precisamente que esa resolución iba a generar en el proceso con respecto a la prueba que se había recabado producto de intervenciones telefónicas, de allanamientos, con uso de la normativa de crimen organizado», recordó.
En la entrevista le preguntamos al abogado por las imputaciones que se le hacen a González y Bolaños, sin embargo, respondió que no podía referirse a temas de fondo por respeto a sus clientes y al artículo 295 del Código Procesal Penal que habla de la privacidad de las actuaciones en esta etapa del proceso judicial.
Con respecto a lo extenso del proceso, el abogado de Carlos Cerdas, Erick Ramos, únicamente dijo que las partes implicadas han hecho uso de las herramientas y los medios que la ley les da.
«De parte de nosotros esperamos que el trámite siga y se resuelva conforme a Derecho todas y cada una de nuestras gestiones», concluyó.
Le insistimos para saber si podría referirse a los cargos contra el empresario, sin embargo, aseveró que no haría comentarios al respecto.
Columbia se comunicó con la persona encargada de comunicación de la empresa MECO para conocer si, al cumplirse cinco años del caso Diamante, podríamos tener acceso a declaraciones.
«En este momento no estamos emitiendo ningún criterio dejando que el proceso siga su curso natural», respondió.
