Esa es la cifra que confirma Conapdis este viernes pero un representante de la ONG afirma que son 17 casos.
La Fundación Hogar Manos Abiertas alega que 16 personas adultas y una menor de edad que estuvieron bajo su cuido, fallecieron después de que, por orden judicial, las instituciones del Estado asumieron la atención médica y la administración de las instalaciones.
La Organización No Gubernamental (ONG) atendía a pacientes en estado de abandono, con discapacidad y condiciones delicadas de salud.
El 5 de marzo, sus sedes en Alajuela y La Unión fueron allanadas como parte de una investigación contra cinco personas por presuntos delitos de malversación de fondos, maltratos y explotación laboral.
Consultamos al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) sobre estas cifras.
En el área de prensa respondieron que, con un corte a este 12 de abril, registran el deceso de 14 mayores de 18 años y una menor de edad, para un total de 15. “Las personas fallecieron en centros médicos”, dijeron.
El directivo de la Fundación, Edgar Rodríguez, reconoció que la condición de salud de las personas que fallecieron era muy compleja, sin embargo, considera que el cambio en la atención pudo incidir en que los casos se agravaran.
“Estas personas necesitan cuidados especiales que se les daba en la Fundación y que ahorita no lo están recibiendo. La Fundación se ha especializado en la atención de casos muy especiales; inclusive hay informes donde el Hospital Nacional de Niños ha dicho que la Fundación tiene cuidados excelentes y eso va desde los niños hasta los adultos que nosotros manejamos”, expresó.
La interpretación de Rodríguez, en cuanto a las acciones legales que se efectuaron, es que las autoridades podían asumir el control de las instalaciones y las labores de cuido pero manteniendo al personal.
“Hay un documento que es donde los ponen en posesión, tanto al Conapdis y al PANI de las instalaciones de la Fundación, que son propiedad privada… también dice ese documento que como parte de garantizar el debido cuido de la población se debió haber mantenido el personal que nosotros teníamos”, resaltó.
Según el directivo de la ONG, las disposiciones legales establecían que el PANI y Conapdis asumieran la administración pero que se debía aplicar una figura llamada “sustitución patronal” mediante la cual se permitía la permanencia del personal.
Futuro incierto
El caso de la Fundación Manos Abiertas tiene otra arista: La situación de las personas que trabajaban para la entidad y se quedaron sin empleo después de los allanamientos.
Dos de las extrabajadoras, consultadas por Noticias Columbia, informaron que aún no tienen una carta de despido y no saben qué pasará con su liquidación.
Atalía Barrantes, quien laboraba como enfermera, relató que está trabajando por servicios profesionales. En el plano económico describió la situación como complicada pues debe atender obligaciones.
En esta etapa, ha recibido el apoyo de su familia y personas muy cercanas que le han ayudado. Añadió que conoce el caso de otras compañeras a las que se les ha dificultado conseguir trabajo por haber estado en la Fundación.
“He sabido de compañeras las cuales eran cuidadoras sobre que varias empresas les han dicho que no porque vienen de Manos Abiertas”, indicó.
Barrantes recordó que las trabajadoras habían solicitado a las autoridades que se hiciera un comunicado en el cual se hiciera constar que ellas no tenían nada que ver con la investigación por la presunta malversación de fondos y los supuestos maltratos, de manera que se pudiera limpiar su nombre.
“Hay algunas empresas que eso todavía no lo comprenden y a varias compañeras les han dicho: ‘como usted viene de esa institución no la vamos a contratar’”, resaltó.
El 5 de marzo, día de los allanamientos el OIJ informó lo siguiente:
“Es importante mencionar que sobre la probabilidad de los hechos, únicamente las cinco personas detenidas figuran como sospechosas de ser las autoras de los hechos delictivos; ninguna otra persona que labora para esta fundación se encuentra dentro del proceso de investigación, ni se les relaciona con alguna conducta irregular”.
Uno de los problemas que hay es que dos de las directivas de la ONG son parte de las personas investigadas, tienen medidas cautelares y se les debe reemplazar en la Junta para atender los temas de índole laboral.
El directivo de la Fundación, Edgar Rodríguez, dijo que ese trámite no se ha podido efectuar por razones están fuera de su control.
“A hoy, el Juzgado Penal de Hacienda no nos ha autorizado el cambio de la Junta Directiva. Estamos esperando que nos resuelvan para poder proceder. Lo otro es que cada uno de los trabajadores tiene derecho a solicitar la reinstalación de acuerdo con la resolución que hizo el Juzgado Penal”, respondió.
Rodríguez afirmó que hay personas que trabajaban en la Fundación que ya han conseguido otros empleos.
Medidas cautelares
Un Tribunal mantuvo la medida de prisión preventiva contra dos mujeres, de apellidos Rodríguez e Hidalgo, que la Fundación Hogar Manos Abiertas identifica como “religiosas” o “hermanas”.
La instancia judicial rechazó el recurso de apelación presentado por los defensores. Así lo confirmó el abogado Jorge Rojas Villarreal quien representa a Hidalgo.
El defensor dijo que la intención era que la imputada se mantuviera sujeta al proceso con una medida de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Escuche aquí las declaraciones completas:
Será hasta el 5 de setiembre cuando vuelva a haber audiencia de medidas cautelares y nuevamente se pedirá la liberación de las sospechosas.
La Fiscalía atribuye a estas mujeres hacerse pasar por monjas. En la Fundación sostienen que, aunque no se trata de una Orden, se les puede llamar religiosas pues pertenecen a una Asociación de Fieles que está reconocida por la Diócesis de Alajuela.
