Solo una de las personas investigadas atendió consultas de la prensa. Diligencia terminaría este jueves.
Este miércoles, en Tribunales de Goicoechea, se realizó el segundo día de la audiencia de solicitud de medidas cautelares por el caso judicial que involucra a directivos, exdirectivos y la gerente interina de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La Fiscalía investiga la aprobación de un presunto sobreprecio millonario en los contratos para la administración de 138 Ebáis por parte de cooperativas de salud y una asociación. El asunto policialmente es conocido como «barrenador», pero popularmente también se habla del caso «de la Caja».
Por estos hechos, el lunes fueron detenidas ocho personas que son:
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina, Johnny Alfredo Gómez, directivo, Zeirith Rojas, directivo, María Isabel Camareno, directiva, Jorge Porras, directivo hasta este 25 de setiembre pues había renunciado, Roberto Quirós, exdirectivo y Jorge Luis Araya, exdirectivo y actual director ejecutivo de Uccaep.
Todos quedaron en libertad la noche del martes, durante el primer día de audiencia, tras conocerse que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva. Las medidas que pidió ante el Juzgado Penal fueron:
-Impedimento de salida del país y entrega del pasaporte.
-Firmar una vez al mes en una sede judicial.
-No intervenir en el proceso de licitación cuestionado.
-Prohibición de contactar testigos. El fiscal Ronald Segura afirmó que hay tres testigos que reportaron amenazas de índole físico o con represalias administrativas.
-En el caso de miembros de Junta Directiva y la gerente general, se pidió la suspensión del cargo.
Nueva jornada
La mañana de este miércoles, la diligencia se reanudó a las 8:30 a.m. en la sala número 3, tercer piso de la sede judicial.
De las ocho personas imputadas, solo Quirós admitió consultas de la prensa.
Los abogados defensores de algunos de los imputados se refirieron al caso. Coincidieron en que no se justifica la imposición de medidas cautelares.
Rodrigo Araya, quien representa a Jorge Porras, dijo que la Fiscalía se precipitó pues la adjudicación cuestionada aún no ha tenido efectos para el Estado y se encuentra apelada en sede administrativa.
Alejandro Marín, abogado de Isabel Camareno, dijo que los directivos de la Caja recibieron insumos para poder tomar la decisión y que había un informe que les hizo pensar que la decisión era correcta.
Federico Morales, uno de los defensores de Jorge Luis Araya considera que no procede que se dicten medidas cautelares para que su cliente se mantenga apegado al proceso. También negó que hubiera cometido algún delito.
Al finaliza la audiencia, la última persona en salir fue Marta Esquivel, quien no brindó declaraciones a pesar de la insistencia de los medios de comunicación.
La salida de Tribunales fue complicada debido a la gran cantidad de medios de comunicación que trataban de obtener una declaración de la jerarca, sobre todo porque el presidente, Rodrigo Chaves, se había referido ampliamente a la situación.
