La iniciativa de “Etiquetado Frontal con Advertencias Nutricionales para Productos Alimenticios y Bebidas con Contenido no Alcohólico» fue presentada en agosto del 2023 por las liberacionistas Andrea Álvarez y Monserrat Ruiz.
La Cámara Nacional de Detallistas y Afines se opone al proyecto que busca el etiquetado frontal de los alimentos altos en grasa, sodio o azúcar.
En agosto del año anterior, las liberacionistas Andrea Álvarez y Monserrat Ruiz presentaron el proyecto de ley de “Etiquetado Frontal con Advertencias Nutricionales para Productos Alimenticios y Bebidas con Contenido no Alcohólico» (exp. 23.861).
Su objetivo es establecer la obligación de que los productos con alto contenido de grasa, sodio o azúcar contengan una etiqueta negra de alerta en el frente.
El proyecto ha generado división tanto dentro de la Asamblea Legislativa como en el sector productivo, que se ha opuesto al proyecto.
El año anterior, incluso, el Ministerio de Salud emitió una circular en la que se ordenó ocultar el etiquetado frontal en algunos alimentos, documento que anuló la Sala Constitucional en junio del 2023.
El proyecto se discute actualmente en la Comisión Legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor, donde se recibió este miércoles a representantes de la Cámara Nacional de Detallistas y Afines, que reúne empresarios relacionados con pulperías, abastecedores y mini supermercados.
Sandra Gómez, presidenta de la Cámara, explicó las razones por las cuales se oponen al proyecto.
“Esta ley, aunque con buenas intenciones, presenta una serie de sanciones y regulaciones que, de implementarse, afectarán gravemente a nuestros comerciantes detallistas, quienes ya enfrentan un entorno económico difícil: competencia desleal, vendedores informales, inseguridad, entre otras; es esencial entender que la mayoría de estos comerciantes son pequeñas y medianas empresas familiares que operan con márgenes de ganancias ya reducidos, la carga adicional de sanciones económicas y la amenaza de cierre de locales comerciales son medidas que sólo añadirán más presión a quienes apenas logran sobrevivir; los artículos de esta ley que permiten el decomiso de productos y la suspensión de permisos y licencias son extremadamente preocupantes, la posibilidad de que un comerciante se vea obligado a cerrar su negocio incluso por un malentendido o una interpretación errónea de la ley es inaceptable”, expresó.
La directora ejecutiva de la Cámara, Olga Vargas, manifestó que están muy preocupados con el proyecto, por lo que piden que se archive.
Vargas detalló el impacto que, a su criterio, podrían tener algunas disposiciones en el gremio.
“Dentro de los principales artículos que nos preocupan, por ejemplo, está el artículo 13, que habla de sanciones que van entre los tres y los diez salarios base, aquí estamos hablando de 1.386.000 colones a casi cinco millones de colones por una multa a la que se pueden ver expuestos estos negocios; como mencionaba doña Sandra, en su mayoría son negocios familiares, muchos de ellos son negocios que operan bajo el sistema del día a día, así es que una multa de estas magnitudes prácticamente estaría dejando en quiebra a muchos de estos negocios e inclusive obligándolos a cerrar su establecimiento comercial”, mencionó.
La directora ejecutiva señaló también las inspecciones que se establecen en el proyecto, así como la posibilidad de cierre de establecimientos.
Por ello, piden que en lugar de promover sanciones severas se desarrolle un enfoque educativo que no perjudique al sector.
Durante la participación de la Cámara hubo representación de activistas en la barra de público con pancartas a favor del etiquetado frontal de alimentos.
Por su parte, algunos diputados dejaron en evidencia su oposición al proyecto, como la independiente María Marta Padilla.
Noticias Columbia solicitó a la impulsora del proyecto, Andrea Álvarez, una declaración al respecto, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
