Las expropiaciones pendientes, la carga financiera del crédito y la fragmentación del proyecto generaron cuestionamientos durante la discusión legislativa del financiamiento con el BCIE.
La Cámara Costarricense de la Construcción manifestó su preocupación por la gran cantidad de unidades funcionales en las que se ha dividido el proyecto de ampliación de la ruta San José–San Ramón.
Así lo señaló el presidente de la entidad, Alfredo Volio, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacendarios, donde se analiza el crédito por 770 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Durante la sesión, el tema de las expropiaciones volvió a ser una de las principales inquietudes planteadas. Volio indicó que actualmente existen más de 400 procesos de expropiación aún pendientes en la ruta nacional 1, lo que podría generar atrasos significativos en la ejecución del proyecto.
El jerarca advirtió que iniciar un crédito con una alta carga financiera sin tener claridad sobre los plazos de las expropiaciones podría resultar oneroso para el país, especialmente si estos procesos se extienden por largos periodos. Ante esto, sugirió analizar la posibilidad de apoyarse en alianzas público-privadas para agilizar los trámites, así como mejorar la coordinación en la remoción y reubicación de servicios públicos.
Volio también señaló que el proyecto contempla actualmente seis unidades funcionales y, aunque reconoció que esta división busca facilitar la participación de más empresas, consideró que el número podría reducirse para evitar afectaciones viales, especialmente en puntos críticos como La Sabana, Juan Pablo II y otros entronques de alto tránsito.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, afirmó que han intentado conocer, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cómo avanza el proceso de expropiaciones y cuál es el plan para financiarlo.
Ramírez expresó su preocupación debido a que los recursos del crédito no pueden destinarse a expropiaciones, por lo que estos montos deberán incluirse en el presupuesto ordinario. La diputada advirtió que no contemplar adecuadamente estos aspectos podría repetir errores del pasado y provocar que el proyecto quede detenido pese a contar con financiamiento aprobado.
En tanto, la diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que el tema de las expropiaciones no debería ser un impedimento para aprobar el crédito. Indicó que, en los tramos más urgentes del proyecto, como el comprendido entre Nissan–Cariari y Cariari–Aeropuerto, las expropiaciones presentan avances del 95% y 90%, respectivamente.
Cisneros también cuestionó la necesidad de que la adjudicación del proyecto se realice mediante el sistema SICOP y defendió los mecanismos de contratación del BCIE, aunque señaló que, desde su perspectiva, el uso de SICOP ofrece mayores niveles de transparencia.
