El proponente del proyecto, Carlos Felipe García, comentó que la intención es garantizar la imparcialidad y la transparencia; PLN rechaza iniciativa.
La propuesta para impedir que altos jerarcas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) hagan campaña política superó la etapa de Comisión y pasará al Plenario Legislativo.
Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales dictaminaron este lunes el proyecto socialcristiano de reforma al Código Electoral, para prohibir la beligerancia política en la Unión Nacional de Gobiernos Locales (exp. 24.597).
La propuesta busca impedir a directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de la UNGL realizar cualquier acto de participación político-electoral, tanto dentro como fuera de su jornada laboral.
Entre las actividades se incluyen eventos de partidos políticos, clubes o reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos o hacer ostentación partidista de cualquier otro género.
El proponente del proyecto, Carlos Felipe García, comentó que la intención es garantizar la imparcialidad y la transparencia en el desarrollo comunal del país.
“Un tema que nos ayudó a plantear ese expediente es ver cómo diferentes municipalidades del país en los últimos 2 años se han desafiliado y eliminado su membresía a este órgano, alegando que no ha existido un proceso participativo; al ser una institución que se financia con recursos públicos, es nuestro deber garantizar que el proceso de toma de decisión se tome a partir de las diferentes necesidades de los gobiernos locales”, expresó.
La representación del Partido Liberación Nacional (PLN) fue la única que votó en contra del proyecto.
La liberacionista Andrea Álvarez alegó que la figura de la beligerancia, o la participación política prohibida, no debería aplicarse en ciertos contextos.
“Para mí, la Unión Nacional de Gobiernos Locales es un órgano político por su naturaleza misma, y por otro lado, creo que si ya en este país vamos a trabajar la figura de la beligerancia, y es un tema de oportunidad y conveniencia de las diputaciones a quién le aplican la figura o no o cómo la regulan, a mí me preocupa que perdamos el foco, especialmente en este contexto; estamos en un momento donde la Presidencia de la República prácticamente cada día está cruzando esa línea gris entre lo que es o no beligerancia, y yo creo que ahí es donde debería estar nuestra principal lucha, porque la Presidencia de la República y el gabinete sí pueden tener un impacto en cómo la gente vote”, externó.
Una posición similar manifestó la también liberacionista Kattia Rivera, quien argumentó que la entidad es un órgano político en esencia.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales fue citada a dar su opinión en el mismo espacio el pasado 17 de marzo, en el que manifestó su oposición al proyecto.
La directora ejecutiva, Karen Porras, hizo eco de los argumentos externados por las liberacionistas, en el sentido de que sus funcionarios tienen origen político.
“Si los regidores y los alcaldes tienen prohibición política estos no estarían de acuerdo en agruparse, porque todos vienen de partidos políticos, se pierde la naturaleza, y eso pasó con el IFAM, si ustedes recordarán, se cambió la ley para que pudieran tener representación las autoridades municipales, pero al incluir en esta ley a las juntas directivas perdió entonces la razón porque hoy día no hay ni una sola autoridad municipal en la junta de directiva del IFAM; se pierde la naturaleza de las funciones de la dirección ejecutiva como repositorio de la voluntad de las autoridades municipales que conforman los órganos superiores de la UNGL, que además deben de velar porque toda la administración ejecute la responsabilidad delegada, y existe una violación, por consiguiente, al régimen de razonabilidad constitucional”, manifestó.
