Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Ariel Robles asumieron compromisos con el movimiento sindical para revisar la legislación fiscal y laboral que mantiene congelados los salarios del sector público desde 2020.
Tres aspirantes a la Presidencia de la República se comprometieron con el movimiento sindical a revisar el proyecto de ley de Justicia Salarial y Equilibrio Fiscal, el cual sería presentado ante la Asamblea Legislativa y busca el descongelamiento de los salarios del sector público, congelados desde el año 2020 tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.
El compromiso fue asumido por la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles; el aspirante del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos; y el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, quien además planteó la derogación de la ley que regula las huelgas en el sector público.
Robles afirmó que el país atraviesa una crisis democrática que, a su criterio, no surgió de manera espontánea, sino como consecuencia de decisiones políticas que han limitado la protesta social y debilitado los derechos laborales. Señaló que la legislación vigente impide a los sectores sindicales manifestarse sin enfrentar graves consecuencias económicas, lo que ha reducido su capacidad de defensa del sistema democrático.
El aspirante del Frente Amplio insistió en que estas leyes no deben ser únicamente revisadas, sino derogadas, y mencionó además la necesidad de excluir la educación de la regla fiscal, al considerar que esta limita la inversión y ha contribuido al congelamiento de salarios y pensiones. Aseguró que ya existen iniciativas legislativas para revertir estas disposiciones y respaldó la propuesta presentada por el movimiento sindical.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, advirtió que la situación de los empleados públicos se agrava cada día más. Indicó que la aplicación de la ley antihuelgas, la Ley Marco de Empleo Público y la legislación fiscal ha generado un empobrecimiento progresivo de las familias trabajadoras, con un impacto particular en el sector educativo.
Díaz recordó que los salarios del sector público permanecen congelados desde hace varios años y que no existe actualmente una posibilidad real de ajuste por costo de vida. Añadió que los intentos de diálogo y negociación salarial se han visto limitados por el marco legal vigente y por la desaparición de instancias formales de negociación.
Desde el sector salud, Gerardo Vargas, integrante de la junta directiva del Sindicato Nacional de Enfermería, señaló que los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social enfrentaron la pandemia mientras, de forma paralela, se debilitaban sus garantías laborales. Indicó que, pese al reconocimiento público recibido durante la emergencia sanitaria, no ha existido una compensación salarial acorde.
Vargas explicó que el sindicato ha buscado acercamientos con distintas fracciones políticas para presentar una propuesta técnica y legal de reforma a las leyes que afectan al sector público. Afirmó que el aumento en el costo de vida, sin un ajuste salarial correspondiente, ha deteriorado las condiciones de los trabajadores y reiteró la necesidad de salarios dignos.
