Uno de los proyectos garantiza recursos de intereses de bienes decomisados al ICD.
El Plenario Legislativo aprobó, en primer debate, tres proyectos de ley en materia de seguridad, mientras que otro fue votado a favor en segundo debate.
El primero de ellos es el expediente 24.430, ‘Ley para dotar de recursos al ICD para su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’, el cual reforma el artículo 85 de la Ley 7786, para dar recursos por medio de intereses del dinero decomisado al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Recientemente, otro proyecto aprobado quitó estos recursos al instituto. Sin embargo, si bien la nueva iniciativa no se los traslada directamente, sí establece que se asignen al ICD.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberth Jiménez, celebró la aprobación en primer debate de este proyecto. Además, recordó el trabajo de Noticias Columbia al dar a conocer este tema.
«Realmente reconocer también aquí, en Radio Colombia, que fueron ustedes promotores de todo este proyecto. Recordemos en un momento que tuvimos una entrevista que ustedes me realizaron, en donde ampliamos fuertemente el tema y yo dije que en esa entrevista que mi compromiso era revertir esa situación que, como seres humanos, podemos cometer errores. Además de eso, el reconocimiento y la fortaleza para poder enmendarlo. Yo creo que hoy, sin duda alguna, se fortalece ese financiamiento que requería el ICD en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto es importante porque estos recursos vienen realmente a depositarse y a ponerse a las órdenes propiamente del ICD para poder llevar a cabo las diferentes actividades que generan, donde estamos hablando que un 60% de esos recursos van a todas las actividades preventivas, pero no sólo eso, sino que también de ese 60%, al menos el 50%, o sea un 30% de esos recursos van a ir a ser coordinados y ejecutados en programas con el IAFA, lo cual, sin duda alguna, lleva a las acciones que tenemos que luchar con una prevención. Naturalmente, hay 30% para tener programas represivos y un 10% que se estaría asignando al aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados», describió el verdiblanco.
El diputado liberacionista también se refirió a la aprobación en segundo debate del expediente 24.096, ‘Ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico’.
Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate y limita el uso de este beneficio, haciendo que solo pueda aplicarse a personas cuya pena impuesta sea menor de cuatro años, así como otras excepciones que detalló Jiménez.
«Este lleva a que las personas que tienen penas menores a 4 años de prisión, puedan utilizar el dispositivo de brazalete, que es un beneficio que se le da a estas personas. También se establece que si las personas lo dañan, obviamente pierden el beneficio. En caso de que se deteriore o que tenga un desperfecto y no lo comuniquen, también pueden perder el beneficio. Asimismo, si están involucrados en el tema de narcotráfico y crimen organizado, no se les brinda el beneficio. Un acto de abuso sexual con menores tampoco va a tener este beneficio. Creo que damos un paso muy importante para poder combatir la inseguridad que tiene nuestro país y que las personas que tengan prisión mayor a 4 años, definitivamente paguen su sentencia en los diferentes centros penitenciarios», añadió Jiménez.
El expediente 23.340, ‘Penalización de armas y objetos en la comisión de delitos’, también fue aprobado en primer debate, este martes.
Este nivela las mismas sanciones por el uso de armas falsas, de juguete o cuando se simule portar un arma en asaltos y robos a casos con armas de fuego reales, según se establece en el Código Penal.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y proponente de la iniciativa, María Marta Carballo, se refirió al espíritu de esta propuesta y su importancia.
«En Costa Rica hay un porcentaje importante de actos delictivos que son con armas ficticias y se parte del hecho que lo que importa es el acto de amedrentar a la persona, independientemente si es un arma real o un arma ficticia, la persona siente temor por quien la está agrediendo. Esto viene a aportar en la línea que hemos venido trabajando como fracción en seguridad. Este y otros proyectos que tenemos en Plenario y comisiones, por parte del PUSC, esperamos que pronto sean ley de la República y seguir construyendo para la seguridad de todos los costarricenses», señaló Carballo.
Finalmente, también se aprobó en primer debate un proyecto de ley que reforma el artículo 293 del Código Procesal Penal, para garantizar que, en casos de delitos sexuales, se aplique obligatoriamente el anticipo jurisdiccional de la prueba.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, celebró la aprobación de estas iniciativas; sin embargo, recordó que le corresponde al Gobierno la prevención y contención de las actividades delictivas.
«Todos estos son instrumentos que la Asamblea Legislativa le puede dar a los cuerpos que tienen a su cargo el combate contra las actividades ilícitas del narcotráfico. Independientemente de esto, por supuesto le corresponde al Ejecutivo la debida contención de la actividad de las organizaciones delictivas y, a su vez, también le corresponde la labor más importante, la labor preventiva, el dotar de recursos a la educación de los jóvenes, tratar de buscar la forma en que se puedan tener mejores oportunidades de empleo y sacarlos de la pobreza para tener como meta que tengan otras opciones en la vida que no sean recurrir a estas organizaciones delictivas», comentó Arias.
