Del 2020 a 2023, la Caja únicamente le cobró el 44% de lo facturado al Estado, dejando de percibir 1.6 billones de colones, señaló la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para determinar si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado cumple con el marco normativo y técnico aplicable.
Se encontró que, para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron un 106.6%, alcanzando un monto de 3.6 billones de colones a finales del año anterior.
Además, en el informe se detalla que la “CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado”.
La gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría, Carolina Retana, se refirió a otros hallazgos con deficiencias de la institución para cobrar las morosidades.
«Se determinó que, durante el período 2020 a 2023, la Caja únicamente le cobró el 44% de lo facturado, dejando de percibir 1.6 billones de colones. Además, la Caja no implementó el cobro administrativo en su totalidad, de acuerdo con el procedimiento aplicable, ni ejecutó el cobro judicial, a excepción de un caso puntual. Tampoco se han definido objetivos y metas claras y medibles relacionadas por el proceso de cobro y no se da seguimiento o ninguna rendición de cuentas que fortalezca la gobernanza del proceso. Todo esto genera que la Caja reciba menos recursos y, por ende, el saldo de la deuda del Estado aumente, lo que presiona la disponibilidad de recursos para atender a las poblaciones a cargo del Estado», detalló Retana.
El expresidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos, indicó que estos señalamientos no son nuevos, ya que desde el inicio de su gestión la propia Contraloría le mencionó sobre la necesidad de cobrar al Estado sus morosidades.
Ante esto, el exjerarca afirmó que el plan era que se diera un arreglo de pago aprobado por la Asamblea Legislativa.
«Si bien, yo le puse muchísima atención a este tema durante mi gestión como presidente ejecutivo, el primer mes y medio, básicamente, no tuve Junta Directiva porque era la Junta Directiva que salía y luego hubo un mes que no tuve del todo y, al mismo tiempo, ocurrió el ciberataque a la Caja. En mi mes y medio final trabajé muy duro en este tema, mi prioridad era lograr que no solo se hiciera el cobro, sino tener el arreglo de pago o por lo menos un esbozo de un arreglo de pago viable presentado a la Asamblea Legislativa. Me da la impresión de que un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda no iba a funcionar bien por los plazos muy largos que requiere un arreglo de pago de esta magnitud entre el Estado y la Caja. Si estamos hablando de 8 o 9 puntos del PIB, el arreglo de pago no puede ser en un año o dos años, eso haría inviable en la práctica para el Ministerio de Hacienda pagarlo. Entonces, tenía que ser un arreglo de pago de muchos años, pero un arreglo de pago de muchos años, uno no puede asegurarse el compromiso de un Ministerio de Hacienda que solo va a estar tres o cuatro años adicionales. Entonces, se requería algún tipo de compromiso a nivel de la Asamblea Legislativa y así fue como se lo planteé al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta», aseguró Ramos.
Para el representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares, es necesario que se investigue ‘hasta las últimas consecuencias’ la inacción de la Caja para cobrar al Estado sus obligaciones.
«Existen responsabilidades constitucionales de cobro al Estado. La obligación de contribución forzosa tripartita está establecida en el artículo 73 de nuestra Carta Magna y, si existe un déficit en el financiamiento a los seguros sociales, según lo que establece el artículo 177 de la Constitución Política, debe reportarse por parte del presidente ejecutivo para que éste sea solventado en el presupuesto nacional, creando nuevas rentas para dar soporte y sostenibilidad a los seguros sociales. No es posible que en este vaivén político se siga afectando a los asegurados porque esa deuda, que se torna cada vez más grande, es una deuda que está afectando la prestación de los servicios de salud a los asegurados, está afectando la lista de espera, está afectando la salud del pueblo costarricense y ya no se puede seguir con este tipo de manejos, en el cual ni en un lado ni en el otro se cumplen con las obligaciones, tanto del pago de la contribución que tiene el Estado costarricense como también de la obligación de cobro que tienen las autoridades de la Caja», manifestó Ovares.
Finalmente, la vocera del movimiento Unidos por la Caja, Natalia Solís, mencionó que se ha evidenciado un desinterés por pagarle a la institución con fines de privatización.
«Se le está generando muchísima presión a la atención y a las finanzas de la institución porque se le otorgan múltiples obligaciones sin darle contenido presupuestario. Además, ese desinterés de generar esos cobros es lamentable porque con esos dineros uno sabe que se podrían cerrar brechas hablando de reactivación de construcción de múltiples ebais, que ya sabemos que están deficientes, mejorar las equiparaciones salariales, que ha sido un tema que se ha venido vislumbrando en las últimas semanas y que ha sido un causal importante de la salida de múltiples profesionales especializados. Estamos hablando de que, por esto, se han detenido proyectos de infraestructura, de que hay lugares en donde hay deficiencias de infraestructura, de insumos. Entonces, desde hace muchísimos años, nos estamos dando cuenta de que no se han gestionado todas las acciones para fortalecer el sistema de atención sanitaria. Preocupa porque a la Caja se le exige y se le exige y no se le proporciona el presupuesto necesario para poder llevar a cabo los requerimientos que se le solicitan», afirmó la líder sindical.
