Lavado de dinero y tráfico de drogas son los delitos que harían que una persona pierda su naturalización costarricense.
Con 42 votos a favor y 0 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 23.800, el cual reforma dos artículos de la Ley de Opciones y Naturalizaciones para anular la naturalización de una persona extranjera cuando se compruebe que tiene o ha tenido una sentencia firme por tráfico de droga o lavado de dinero en el país o en el extranjero.
Esta propuesta había sido igualmente aprobada en primer debate en el mes de marzo; sin embargo, ante la posibilidad de vicios de constitucionalidad, los diputados decidieron iniciar nuevamente con el trámite legislativo.
El diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, celebró que se modificara el texto anterior que estipulaba que se anularía la naturalización de una persona por el simple hecho de tener o haber tenido un proceso penal.
Según Acuña, en el documento aprobado sí se respeta el principio de inocencia.
«En el texto base de este proyecto de ley la reforma se aplicaba, además de en otra norma, se aplicaba bajo la figura de nulidad de pleno derecho que establece el artículo 18 de la Ley 1.155, agregando un par de párrafos que indicaban que esa nulidad de pleno derecho aplicaría el mismo procedimiento cuando se comprobase que un extranjero naturalizado tiene o ha tenido procesos penales por tráfico de drogas o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero. La discusión que se fue dando en el transcurso del procedimiento legislativo, yo cuento de un elemento central y es que esa redacción inicial tenía un grave problema y es que partió de que la existencia del mero proceso por un caso como estos era equivalente a la existencia de una sentencia en firme y no son lo mismo. Esta redacción del texto habría llevado a la situación profundamente injusta de que una persona no condenada, sin sentencia, únicamente por tener o haber tenido procesos penales, no sentencias en firme, habría perdido de pleno derecho, se le habría aplicado la nulidad de su naturalización», detalló Acuña.
La también legisladora frenteamplista, Priscilla Vindas, explicó las excepciones para la aplicación de esta medida a las cuales no se les anularía la naturalización.
«Yo sí quiero hacer la salvedad acá que inclusive se hicieron cambios importantes en este proyecto de ley, que se contemplan situaciones inclusive de vulnerabilidad, como lo son personas que son apátridas o personas que están buscando o están solicitantes de refugio. Hay que hacer las distinciones del caso, inclusive personas que son acusadas de manera injuriosa para manchar su nombre y para dificultar el tránsito de esta persona en busca de refugio. Yo sí creo que las salvedades que se han realizado en este proyecto de ley son importantes de señalar y de rescatar porque hay, como dicen, casos de casos», afirmó la frenteamplista.
Finalmente, la diputada independiente, Gloria Navas, destacó la labor de la mesa de trabajo integrada por representantes de los tres poderes de la República para la elaboración y aprobación de este y otros proyectos de ley en materia de seguridad.
«Esa mesa de trabajo logró mucho avance en proyectos, no solo propuestos por el Poder Ejecutivo, sino también por otras partes y que se tramitan en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Todo lo que salió de esa mesa fue responsablemente revisado, estudiado y las decisiones lo fueron atendiendo al marco jurídico costarricense y a los principios básicos, tanto del Derecho Procesal Penal, del Derecho Penal y desde luego, de la Constitución Política y Derecho Fundamental, a través de la misma jurisprudencia de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», aseguró Navas.
