Uno de los casos se relaciona con el conocido astronauta costarricense Franklin Chang Díaz
Tal como lo había anticipado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este miércoles en la conferencia de prensa de consejo de gobierno, dedicó gran parte de su espacio a cuestionar el papel que ha ejercido la Contraloría en distintos proyectos que se han ejecutado o no.
La primera de las denuncias vino desde la Refinadora Costarricense de Petróleo, ya que, según la presidenta ejecutiva, Karla Montero, durante la administración de Laura Chinchilla se realizaron convenios con la empresa privada Ad Astra de Franklin Chang Díaz con el objetivo de investigar y desarrollar un proyecto para incursionar en el desarrollo de hidrógeno como materia prima para combustible.
Eso sí, haciendo hincapié en que no se siguieron los procesos de contratación administrativa.
“Es como que yo llegué y diga, yo quiero inventar un teléfono celular que va a revolucionar totalmente la industria de la telefonía celular, ICE regálame dos millones de dólares para que yo desarrolle esa tecnología, verdad que no estoy exagerando, es exactamente equivalente, entonces el gobierno de Laura Chinchilla en aquel caso dijo sí, sí, claro se los vamos a regalar emite un decreto, etcétera y la contraloría dice, no a mí no me tiene que preguntar eso, yo creí que la plata de RECOPE son recursos públicos”
El segundo caso, según el Poder Ejecutivo es un freno que le colocó la Contraloría al INDER, ya que se ve imposibilitado de invertir ₡5 804 millones en una serie de proyectos en los territorios rurales que están previstos para ejecutarse este año y que fueron incluidos en el primer presupuesto extraordinario del 2024.
El ente contralor argumenta que la improbación se basa en la falta de vinculación de los proyectos con los Planes de Desarrollo Rural Territorial que deben ser aprobados y actualizados en los Territorios Rurales, y que sin esta vinculación no es posible aprobar los fondos, según explica el presidente de la entidad Osvaldo Artavia.
“La improbación de los proyectos afecta negativamente a comunidades de bajo desarrollo social, por lo que desde el Inder solicitamos a la Contraloría la reconsideración y la reincorporación de los recursos una vez que los Planes de Desarrollo Rural Territorial sean actualizados. Estas iniciativas son esenciales para el desarrollo de las comunidades rurales y por eso ya solicitamos una reevaluación basada en los esfuerzos y compromisos del Inder.”
La ministra de la presidencia Laura Fernández fue la encargada de exponer el tercer caso en cuestión, este recae en la construcción de un edificio nuevo para la Sala Constitucional.
“Desde el 16 de junio pasado la Sala Constitucional publicó un procedimiento para la compra de dos terrenos utilizando como tesitura jurídica nada más y nada menos que el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y ahí cosa tan rara, la Contraloría no dijo nada, no dio ninguna advertencia, no dio ningún interpretación a la Sala Constitucional, ella eligió los dos terrenos que más le gustan dicen las resoluciones que hemos leído y que hemos repasado que la selección de los terrenos se hizo sin ningún concurso por parte de la Sala Constitucional, utilizando la figura del 67 que los terrenos son en procura de la mayor satisfacción del interés del Poder Judicial, ni siquiera del interés público están los dos terrenos mire presidente entre los dos suman más de 2.000 millones de colones”.
Ante esto el presidente manifestó que los datos son evidentes en que se favorece a quien ellos quieren.
