Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dejaron clara la posición del sindicato en contra de las jornadas excepcionales que se discuten en la Asamblea Legislativa.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, su posición sobre el proyecto de jornadas excepcionales o 4×3.
Durante la sesión, la agrupación sindical mostró su total rechazo a esta iniciativa e hicieron un repaso por los principales puntos de esta propuesta para, desde sus argumentos, exponer las fallas de este proyecto de ley.
La subcoordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, Karen Carvajal indicó que no hay evidencia de que se cumplirían los objetivos de la iniciativa.
Según la abogada, esta propuesta ni siquiera debería estar siendo discutida en el país.
«(El texto) habla de tres objetivos claves dentro del proyecto que son, básicamente, dinamizar los procesos productivos y mejorar la productividad y competencia de las empresas, conciliar la vida familiar y laboral y mejorar el desempeño de los trabajadores. Sobre estos tres objetivos que plantea el proyecto no hay, hasta el día de hoy, ningún criterio técnico, ningún estudio técnico que respalde o que pueda, de alguna manera, sustentar el hecho de que aumentando la jornada de trabajo diaria de las personas trabajadoras, esto va a conseguir los objetivos planteados. Todo lo contrario, existen amplios estudios técnicos de OIT, a nivel de Salud Ocupacional, de la comisión nuestra en el Ministerio de Trabajo, que dicen todo lo contrario, que ya han determinado que la jornada de trabajo más amplia tiene una serie de implicaciones negativas sobre la vida y la salud de las personas, sobre la productividad de las personas trabajadoras y que, por lo contrario, más bien de una manera drástica limita o impide la conciliación del trabajo y la familia», afirmó Carvajal.
Además, la representante de ANEP mencionó que no puede garantizarse la voluntariedad en cuanto a la aceptación de esta jornada por parte de los trabajadores, ya que existe un desbalance de poder de estos con sus patronos.
«En este país tenemos un Código de Trabajo, tenemos el derecho a las vacaciones, tenemos el derecho al tiempo extraordinario, el derecho a lo mínimo, ¿Se cumplen? Claramente, no, porque a pesar de que ya tenemos legislación que establece unos derechos mínimos, las personas tienen necesidad de empleo. ¿Qué sucede en la práctica? Aceptan las condiciones que sean, con tal de tener un empleo. ¿Van a tener la capacidad de poder decirle al patrono ‘no me someto a esa jornada’? Probablemente, no. Probablemente, ¿Qué es lo que va a suceder? Los van a despedir, solapadamente, de alguna manera y ese trabajador va a tener que ir a presentar un proceso judicial que va a durar, por lo menos, un año y medio para poder demostrar que fue despedido por no haberse ajustado a la jornada excepcional. No podemos obviar que en las relaciones laborales hay un conflicto estructural donde hay una desigualdad entre las partes», destacó la líder sindical.
Según Carvajal, el proyecto pretende ayudar a las empresas a reducir sus gastos operativos, a costa de los derechos laborales de los trabajadores.
«El único interés que yo veo de que esta jornada sea ampliada es para ahorrarle costos a las empresas, es la única justificación que yo veo en la mesa para poder para justificar la necesidad de esta jornada, que en lugar de tener tres turnos de trabajo, como se tiene de hace 20 años, con jornadas de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Esas jornadas han operado por muchos años, al menos desde que tengo uso de razón. No hay una justificación para venir a decir ahora que la única forma en que las empresas puedan continuar o tener una producción 24/7, los 365 días del año, sea a costa de los derechos y las condiciones de las personas trabajadoras», agregó Carvajal.
Ante una consulta del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, el coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, Rafael Mora, reconoció que sería complicado garantizar una inspección laboral adecuada por parte del Ministerio de Trabajo.
«Primero que todo, hay un problema serio de personal. La capacidad instalada que tiene el Ministerio de Trabajo para atender las denuncias, por lo menos solo que nosotros hacemos, la respuesta es de meses y casi hasta un año. Hemos tenido que recurrir a plantear recursos de amparo en Sala Constitucional», manifestó Mora.
