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Acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS podrían enfrentar cuestionamientos legales

Fernanda Araya - 20 de noviembre de 2026
Acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS podrían enfrentar cuestionamientos legales
  • La institución defiende que sus decisiones mantienen validez mientras esté vigente el reglamento que permitió prorrogar el nombramiento de Róger Rivera.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomó sus sesiones ordinarias después de casi cuatro meses de inactividad. Sin embargo, las decisiones que adopte el órgano directivo se mantienen bajo cuestionamiento debido a la disputa legal por la representación del sector sindical.

El conflicto gira en torno a la participación de Róger Rivera, cuyo nombramiento fue prorrogado por el Gobierno mediante un nuevo reglamento, pese a que la Sala Constitucional ordenó al Consejo de Gobierno juramentar a Rocío Alfaro, quien fue electa por las organizaciones sindicales para representar a ese sector durante el periodo 2026-2030.

El Consejo de Gobierno había rechazado previamente la designación de Alfaro y de su suplente, Martha Elena Rodríguez. Posteriormente, la Sala IV anuló esa decisión y ordenó que Alfaro fuera juramentada en un plazo de ocho días. No obstante, la representante electa aún no ocupa el puesto.

Ante la vacante, el Gobierno emitió el decreto ejecutivo 45985-MP, vigente desde el 9 de noviembre, que incorporó el artículo 6 bis al reglamento para la designación de integrantes de la Junta Directiva. La norma permite prorrogar provisionalmente el nombramiento de la persona titular anterior cuando un sector no tenga representantes titular ni suplente, hasta que se concrete una nueva designación.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, defendió que la medida no corresponde a un nuevo nombramiento temporal, sino a la extensión de uno anterior.

“No es un nombramiento pro tempore, es una prórroga de un nombramiento que ya estaba anterior a todo este proceso de la Sala Constitucional, e incluso la medida cautelar”, explicó.

Por su parte, el director jurídico de la institución, Gilbert Alfaro, sostuvo que la Junta Directiva está debidamente integrada y puede sesionar con ocho miembros. Según su criterio, la prórroga de Rivera responde a una disposición vigente y permite mantener el funcionamiento del órgano mientras se resuelve la representación sindical.

“Las normas para la administración tienen vigencia en tanto no sean anuladas. Es decir, cualquiera puede o no compartir los términos del reglamento a que se ha hecho alusión, pero en tanto esté vigente y no esté anulado, ese es el parte del ordenamiento jurídico y nos rige”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que una eventual resolución de la Sala Constitucional afecte los acuerdos adoptados durante estas sesiones, Alfaro señaló que sus efectos dependerán de lo que resuelva ese tribunal y del alcance de una eventual decisión. Sin embargo, manifestó: “No veo yo la nulidad que pudiera generarse de los acuerdos a partir de ahí”.

El director jurídico agregó que, a su criterio, la Sala Constitucional no emitió una orden directa a la CCSS, sino al Consejo de Gobierno. Por esa razón, defendió que la institución actúa conforme a una norma que se encuentra vigente.

Rocío Alfaro cuestiona la integración

La representante sindical electa, Rocío Alfaro, tiene una posición distinta. Cuestiona que el Gobierno mantenga a Rivera en el puesto y considera que la aplicación del nuevo reglamento es retroactiva y busca justificar el incumplimiento de la sentencia que ordenó su juramentación.

“Nos preocupa muchísimo que se siga manteniendo a la Junta Directiva de la Caja en una situación de irregularidad legal, jurídica, aplicando de forma retroactiva un reglamento que claramente responde a un diseño a la medida del Gobierno para justificar sus incumplimientos”, manifestó.

Alfaro también cuestionó la legitimidad de la representación de Rivera. Aseguró que él no fue electo por una asamblea sindical unitaria, como establece el procedimiento para elegir a los representantes de ese sector. Además, sostuvo que, si el Gobierno pretendía recurrir a la representación del periodo anterior, debió convocar a Martha Elena Rodríguez, quien sí fue electa y ejerció ese cargo.

La representante sindical considera que mantener esta integración genera incertidumbre sobre las decisiones que adopta la Junta Directiva y puede afectar tanto a las personas trabajadoras como a los usuarios de los servicios de la Caja.

“En este momento no estamos para estar jugando juegos de partidismo que es lo que está haciendo el Gobierno”, expresó.

Alfaro indicó que las organizaciones sindicales están a la espera de una nueva medida de la Sala Constitucional para que se cumpla la sentencia que ordenó su juramentación. También cuestionó que la asesoría jurídica de la CCSS sostenga que la institución puede continuar sus actuaciones porque la orden judicial no estuvo dirigida directamente a ella.

¿Qué pasa con los acuerdos?

El abogado y consultor en derecho administrativo y constitucional Christian Campos señaló que la CCSS necesita mantener en funcionamiento su Junta Directiva debido a las competencias que tiene sobre la gestión institucional, el presupuesto, las contrataciones y la planificación de los servicios.

A su criterio, prolongar la inactividad del órgano puede afectar el funcionamiento de la institución y, en última instancia, a los pacientes.

“Cada semana que pase sin que el órgano de dirección sesione y, por lo tanto, que no tome decisión, es tiempo valioso que se pierde”, advirtió.

Sobre la posibilidad de que los acuerdos sean anulados, Campos no afirmó que necesariamente perderán su validez ni que estén exentos de cuestionamientos. Explicó que primero habría que identificar cuál sería el defecto jurídico que podría afectar esas decisiones.

“Habría que encontrar cuál puede ser el vicio de nulidad que se podría acusar”, indicó.

El abogado también mencionó la figura del funcionario de hecho, prevista en el ordenamiento jurídico para situaciones extraordinarias en las que una persona ejerce funciones públicas sin que su nombramiento reúna todos los requisitos, con el fin de evitar que se interrumpan deberes institucionales. Desde su perspectiva, debe prevalecer la protección del interés general y la continuidad de los servicios que brinda la Caja.

Junta Directiva de la CCSS con 449 asuntos pendientes

Durante la sesión 9615, la Secretaría de la Junta Directiva presentó un inventario de 449 asuntos pendientes. Entre ellos figuran 87 correspondencias, 82 recursos de revisión, 79 proyectos de ley y 63 criterios jurídicos.

En las sesiones posteriores, el órgano directivo retomó diferentes asuntos institucionales. Entre los acuerdos figuran la ratificación de prórrogas provisionales en las gerencias Administrativa y Médica, la designación de un asesor financiero y económico y la atención de una audiencia sobre el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo.

También emitió criterios sobre proyectos de ley relacionados con la pensión mínima intangible y las competencias de la CCSS para regular a los trabajadores independientes. Además, conoció informes sobre evasión y medidas de control, así como acciones para gestionar los riesgos de futuras valuaciones actuariales del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Mientras la CCSS sostiene que puede continuar sesionando bajo el reglamento vigente, Rocío Alfaro mantiene su reclamo ante la Sala Constitucional para que se concrete su juramentación. El alcance de una eventual resolución de ese tribunal será determinante para aclarar la situación de la representación sindical y las consecuencias jurídicas que podría tener sobre las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.

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