El abogado de la denunciante, David Delgado, detalló que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República por el delito de “abuso sexual en perjuicio de persona mayor de edad”.
¿Qué implica el delito por el que se denunció penalmente a Fabricio Alvarado y cuáles podrían ser las consecuencias?
El diputado de Nueva República fue denunciado por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, por hechos ocurridos entre el 2018 y el 2025, que involucran, según la denunciante, “acercamientos impropios, comentarios y comportamientos que cruzaban la línea del respeto”.
El delito en cuestión
El abogado de la denunciante, David Delgado, fue quien detalló que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República, por el delito de “abuso sexual en perjuicio de persona mayor de edad”.
Además de este caso, el Poder Judicial tramita otra denuncia contra el diputado de Nueva República, que fue presentada en octubre anterior por Alicia Castillo por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos cuando ella era menor de edad.
¿Qué implica el abuso sexual como delito y cómo se diferencia de otros hechos como el acoso y la violación?
La abogada especialista en Derechos Humanos y Género, Larissa Arroyo, explicó que tanto el abuso sexual como la violación son delitos sexuales que van en contra de la libertad y la autodeterminación sexual de una persona.
“La violación es la forma más grave de violencia sexual y se da cuando hay penetración siempre sin consentimiento, y puede ser que haya violencia, intimidación, aprovechamiento, etcétera, y se da con el uso del pene, dedos, objetos para penetrar no solo la vagina, sino puede ser el ano o la boca; en el caso del abuso sexual, también es agresión sexual, también son actos sexuales realizados sin consentimiento, pero no se llega a la penetración, entonces podemos pensar, por ejemplo, en tocamientos, la utilización del cuerpo de otra persona con fines sexuales y demás”, comentó.
“La diferencia de la violación sexual y el abuso sexual con el acoso sexual o el hostigamiento sexual, que se rige por la Ley 7476, es que el hostigamiento se va a dar en el trabajo o en los espacios educativos”, agregó.
Las particularidades del caso
La abogada lamentó que, pese a que existan herramientas para combatir los casos de violencia de género, aún cueste acceder a la justicia.
Para la doctora Gabriela Arguedas-Ramírez, catedrática de la Escuela de Filosofía y del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (UCR), la situación tiene algunas particularidades.
“Aunque hombres y mujeres estén en posiciones jerárquicas similares, por ejemplo, dos diputados o dos compañeros de trabajo, incluso en situaciones así donde no hay una relación jerárquica necesariamente se pueden dar situaciones de hostigamiento sexual, y también hay que tener en consideración que en situaciones en donde hay relaciones de confianza, donde aparentemente las personas se conocen desde hace mucho tiempo, alguien podría esperar que en esos contextos no se den situaciones de hostigamiento sexual, pero también se pueden dar situaciones de hostigamiento sexual, aunque sean personas que se han conocido desde mucho tiempo, han compartido en un partido político, han compartido en un comité cantonal, de alguna organización social, lo que fuera”, explicó.
“Lo más importante para mí en este caso es señalar que incluso una mujer que puede estar en una posición de poder, como ser diputada, o en cualquier otro puesto, si no ha pasado por un proceso de sensibilización acerca de estas formas de violencia y cómo funciona el patriarcado, no va a tener herramientas para saber cómo reaccionar”, agregó.
El caso de Marulin Azofeifa se tramita ahora en dos vías: la administrativa y la penal.
Además de la denuncia de este lunes, el caso es investigado desde febrero por una comisión legislativa especial, con base en el “Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas” (exp. 21.372).
Las consecuencias, en sede legislativa, se circunscriben a una amonestación ética pública, sin perjuicio de otras acciones judiciales. En el ámbito judicial, las penas prevén incluso la prisión.
La exdiputada Marulin Azofeifa deberá declarar sobre los hechos ante la Fiscalía General de la República este martes, en una sesión que se espera sea extensa.
Desde Nueva República se ha indicado que no se van a referir al procedimiento.
