La votación de los informes se fijó dos veces, pero la ausencia de diputados de gobierno, Nueva República y afines impidió las sesiones.
Tras el fracaso de la votación de la investigación legislativa contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual en dos ocasiones, el equipo legal de la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa está considerando tomar otras acciones en sede judicial.
El legislador y excandidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, fue denunciado por presuntos hechos de hostigamiento sexual por Azofeifa.
La denuncia se presentó a inicios de febrero y, con base en el “Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas”, se instaló una comisión con cinco legisladores para tramitar el caso.
Luego de dos meses de trabajo, los diputados emitieron tres informes: dos que recomendaron sancionar a Alvarado, y uno que lo absolvió, firmado por Nueva República y el oficialismo.
Así, el presidente de la Asamblea Legislativa fijó la discusión y votación de los informes para el lunes 27 de abril, pero la ausencia de diputados neorepublicanos, de gobierno y afines impidió la sesión.
Este martes, último día de sesión plenaria, ocurrió lo mismo: 22 diputados no se presentaron al Congreso, lo que llevó a que el asunto no se conociera dentro del período 2022-2026 ni antes de que Alvarado deje de ser diputado.
¿Qué pasará entonces?
La exdiputada y abogada de Marulin Azofeifa, Carolina Hidalgo, expresó que están evaluando acciones judiciales contra las diputaciones ausentes.
“El equipo de doña Marulin se encuentra en una etapa de redacción de la acción contenciosa administrativa contra el Estado, lo mismo que valorando eventuales acciones judiciales dirigidas contra quienes resulten responsables de que este caso no haya tenido una respuesta oportuna; a nuestro juicio, esta situación configura una serie de vulneraciones a los derechos de nuestra representada que deben ser debidamente investigados y sancionados, y en cuanto a la eventual continuidad del caso en sede legislativa, se trata de una valoración que corresponde más a la nueva presidencia de la Asamblea Legislativa, no obstante, si quisiera transparentar una dificultad jurídica relevante en el tanto el Reglamento Legislativo que fue diseñado para conocer este tipo de conductas habla de diputaciones en ejercicio, lo que abre un debate sobre la viabilidad de continuar el procedimiento cuando la persona denuncia ya no ostenta esta condición; en todo caso, para nosotros es evidente que las últimas acciones de la Asamblea van en la lógica de no resolver, y entendiendo que el pleno tiene su mayoría oficialista que también estuvieron representados en esta en este cuatrienio, no no sorprendería una actuación para evitar una sanción a Fabricio Alvarado”, expresó.
Por su parte, la abogada defensora del diputado Fabricio Alvarado, Gloriana Valladares, manifestó que desconoce si los diputados entrantes darán seguimiento al asunto.
A criterio de la jurista, hubo varias violaciones en el proceso relacionadas, por ejemplo, con la filtración de información confidencial.
“De parte de la defensa hicimos lo propio porque quedara debidamente registrado en actas las violaciones del ordenamiento jurídico que impidieron el ejercicio adecuado de la defensa de don Fabricio, por supuesto por virtud de la confidencialidad que nos rige, a pesar de todo lo que ha salido a la prensa, todos los que tuvimos alguna relación con el proceso tenemos una obligación de confidencialidad, que es una obligación para nuestros clientes, es una obligación para el proceso, es una obligación legal que se ha incumplido, yo no puedo decir quién lo ha filtrado, pero claramente se han filtrado los informes, se filtró documentación e información sensible del proceso, y puedo asegurarle con total contundencia que esa filtración no vino de la defensa; en cuanto al tema de si se retoma a nivel de la Asamblea Legislativa, por lo menos se tiene la expectativa que se pueda revisar con la objetividad que corresponde, y se verifiquen las innumerables violaciones que quedaron debidamente registradas en actas, y también, por supuesto, esperaría la defensa que se evidencie la politización desmesurada de un proceso de naturaleza sancionatoria, como es lo que ha sucedido en este caso”, planteó.
¿Podrán los próximos diputados retomar la discusión y votar los tres informes emitidos en este caso? Esta es una de las principales dudas existentes, puesto que el Reglamento especial no prevé expresamente lo que sucede si el diputado deja de serlo y el asunto se encuentra en el Plenario.
Columbia ha hecho la consulta al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, pero de momento se espera su respuesta.
Condena simbólica
Independientemente del seguimiento que se le dé al caso, los diputados salientes decidieron realizar una “condena simbólica” al diputado de Nueva República en su último día de sesión.
Aunque no hubo quórum, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, tomó en cuenta la propuesta de su compañero de fracción, Luis Fernando Mendoza, e invitó a los diputados presentes a ponerse de pie si estaban a favor de una sanción al diputado Alvarado; los 34 presentes se levantaron de sus sillas.
Para la analista política Kattia Benavides este hecho no tiene efectos jurídicos, pero sí peso político.
“No estamos frente a una sanción formal ni a una medida con efectos legales directos, sino ante un mensaje institucional emitido desde el principal escenario político del país, el primer impacto es reputacional: cuando el Plenario expresa censura o rechazo, aunque sea simbólico, golpea la imagen pública del diputado, no le quita la curul pero sí instala una narrativa que pueda acompañarlo políticamente y crea un precedente dentro de la Asamblea; el segundo impacto es al ciudadano: para algunos sectores esto puede verse como una señal ética de rechazo ante conductas cuestionadas, para otros, puede parecer un juicio político sin el debido proceso, es decir, genera apoyo y rechazo al mismo tiempo; esto a futuro va a tener un impacto electoral: si se trata de una figura con aspiraciones nacionales, cualquier censura pública desde la Asamblea se convierte en material de campaña, tanto para adversarios como para seguidores”, indicó.
