El director del proyecto de marchamo digital se refirió a las dudas que han surgido con el futuro uso de microchip.
Esta semana se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la licitación para la compra de aproximadamente 1.800.000 etiquetas, que serán parte del nuevo marchamo digital que promueve el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Aunque de momento no se puede definir una fecha de entrada en vigencia, la expectativa de la entidad es que el sistema comience a utilizarse en el año 2024.
El marchamo digital reemplazaría el sticker o calcomanía que se pega en el parabrisas o superficies de vehículos. Las personas deben pagar el derecho de circulación pero la etiqueta, cuyo valor es de ₡2.000 tiene una vigencia de 10 años.
La utilización de un microchip provocó dudas en cuanto a si es posible que los automotores sean “rastreados”, hecho que constituiría una invasión a la privacidad.
El director del proyecto de marchamo digital, Carlos Mejías, dijo a Noticias Columbia que las etiquetas con microchip no van a contener datos privados o personales.
“Lo que se aspira grabar en este microchip es la placa y el VIN (número de identificación) del carro como mínimo. Es lo que se está analizando. Se graba en una sola ocasión, no es que se está grabando (información) en todo momento”, expresó.
“Es falso que con esta etiqueta se esté monitoreando al ciudadano en todo momento de su transitar por las vías públicas costarricenses”, añadió.
Observe aquí la entrevista completa:
Mejías explicó que el microchip puede ser leído por dispositivos debidamente configurados que se conocer como “lectores de proximidad” como “pistolas” o arcos. Alegó que la etiqueta es “pasiva”, pues no emite señal ni hace lectura del entorno ni graba datos del entorno.
“Es importante que este mensaje quede claro. Este chip no monitorea, no cuenta con un GPS, no tiene la capacidad de leer, no transmite información a largas distancias y menos va a almacenarla. Es falso que se trate de tecnología invasiva”, recalcó.
Mejías aseveró que tampoco se van a transferir datos entre instituciones.
Sobre los lectores, afirmó que habrá seguridad para impedir que la información sea accedida por cualquier dispositivo. La Policía de Tránsito y otras autoridades de apoyo tendría aparatos configurados y homologados por la Superintendencia de Telecomunicaciones para hacer las lecturas en controles vehiculares.
El vocero del INS argumentó que la finalidad del marchamo digital es volver más eficiente el cobro del derecho de circulación y evitar que todos los años los propietarios vayan a oficinas a buscar las calcomanías.
Dudas
La diputada del Partido Liberal Progresista, Johana Obando dijo que le preocupa una posible violación a la ley que protege a las personas frente al tratamiento de sus datos personales, en especial los calificados como sensibles.
Hizo referencia a los dispositivos externos que podrían acceder a la información de los microchips.
“Es decir, cuando a los ciudadanos se les va a estar geolocalizando bajo un lector que va a estar leyendo la información cuando usted pasa en determinados lugares, en qué momento pasa, a qué hora pasa…va a estar midiendo su frecuencia de desplazamiento. Eso es un dato sensible”, expresó.
La legisladora también dijo que se debe tomar en cuenta la forma en la que el INS puede recopilar datos; una es con el consentimiento expreso de los ciudadanos y la otra es bajo ley.
Obando afirmó que, en el primer caso, no habría consentimiento pues el marchamo es obligatorio para poder circular.
“Lo otro relevante aquí es mencionar que Costa Rica ha demostrado que no tiene la capacidad de defensa ante ataques cibernéticos. Aquí preocupa que no se sabe dónde va a estar almacenada esa información, si las personas que están ahí están capacitadas para el buen tratamiento de los datos. Tampoco contamos con la certeza de cuáles mecanismos de ciberseguridad se van a implementar”, añadió.
La diputada afirmó que sería peligroso que criminales pudieran obtener información sobre horarios y lugares de desplazamiento de personas.
