Los datos brindados por la Cámara Costarricense de la Construcción preocupan al sector, ya que evidencian que 872 centros educativos mantienen órdenes sanitarias activas, de las cuales 101 corresponden a alto riesgo estructural, situación que impacta directamente la seguridad y las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en el país.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) manifestó su preocupación por el rezago en la infraestructura de escuelas y colegios públicos del país, al señalar que esta situación continúa siendo un obstáculo para el desarrollo social y la equidad. La organización urgió a que el tema sea atendido como una prioridad de política pública.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), para el inicio del curso lectivo 2026 se mantienen activas 872 órdenes sanitarias en centros educativos, de las cuales 101 corresponden a situaciones de alto riesgo estructural. Esto representa, según la Cámara, una afectación directa a la seguridad y a las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en todo el país.
“Las cifras reflejan una realidad que no podemos normalizar. Detrás de cada orden sanitaria hay estudiantes, docentes y comunidades que enfrentan limitaciones que impactan su presente y su futuro”, señaló Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC.
La organización también citó el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual advierte sobre graves deficiencias en la gobernanza de la infraestructura escolar. Entre los principales problemas se mencionan atrasos recurrentes, sobrecostos y dificultades para cumplir con plazos y presupuestos.
Además, la OCDE señala que el país carece de un inventario completo y actualizado de sus centros educativos, lo que dificulta planificar adecuadamente las inversiones y atender de manera oportuna los centros con mayor vulnerabilidad.
Propuestas del sector construcción
Ante este panorama, la Cámara planteó varias propuestas, entre ellas integrar la atención de los centros educativos dentro de una Política Nacional de Infraestructura con planificación plurianual; priorizar el mantenimiento preventivo con presupuestos protegidos; fortalecer la etapa de preinversión para evitar iniciar obras sin estudios completos; mejorar la capacidad técnica de las unidades ejecutoras del Estado; y garantizar transparencia mediante información pública sobre los avances físicos y financieros de los proyectos.
“Cuando la planificación falla, se presenta un costo financiero y social. Cada aula en mal estado representa una oportunidad que las niñas, niños y jóvenes y el país pierden”, enfatizó Murillo.
Convenio con el MEP
La CCC recordó que mantiene vigente un Convenio Marco de Cooperación con el MEP, el cual busca fortalecer la articulación público-privada mediante iniciativas como el programa “Adopte un Centro Educativo”. Este mecanismo permitiría atender necesidades relacionadas con infraestructura, mobiliario y equipamiento, bajo coordinación técnica del Ministerio.
La Cámara exhortó a las autoridades a poner en práctica este convenio y reiteró que la infraestructura educativa debe entenderse como una inversión social estratégica, indispensable para reducir brechas territoriales, fortalecer la permanencia estudiantil y mejorar la competitividad del país.
