Un grupo de abogados acudió a la Sala Constitucional, donde podría sentarse un precedente en la protección de la fauna.
Proteger a los monos congo y a otros animales de electrocutarse motivó a un grupo de abogados a acudir a la Sala Constitucional.
Roger Guevara, Raúl Guevara y Mariano Batalla, de la firma Alta Batalla, presentaron un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y otras empresas por la electrocución masiva de monos congo, en especial en Guanacaste.
En conversación con Columbia, el abogado Marvin Carvajal, quien también participó del caso, explicó que, después de una investigación y del apoyo de algunas organizaciones, como la Fundación Animal Rescue, encontraron más de 500 electrocuciones desde el 2017, solo en Nosara, Guanacaste.
“Esto lo que nos habla es de que hemos venido creciendo urbanísticamente, quizás de forma desordenada y sobre todo de forma inconsciente, sin tomar en cuenta que, con algunas previsiones que tienen algún costo pero que no es tan elevado, podríamos permitir una convivencia adecuada con nuestra fauna silvestre sin acabar con ella”, apuntó Carvajal.
El abogado agregó que encontraron espacios con cables de transmisión sin debida cobertura, y la falta de pasos seguros de fauna.
Esto les llevó a presentar un recurso de amparo pro bono (sin remuneración) ante la Sala Constitucional, contra las instituciones que, a su criterio, deberían atender esta problemática y proteger algunos derechos, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política).
“Incluso la Corte Suprema de Justicia publicó una opinión consultiva muy interesante sobre el cambio climático, donde reconoce incluso derechos propios de la fauna o de la naturaleza”, agregó el abogado.
La gestión constitucional se ha promovido contra el Poder Ejecutivo, representado por la presidencia y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y varias cooperativas y empresas que brindan servicios eléctricos.
Carvajal detalló qué es lo que pretenden de cada una de las instituciones.
“Al Poder Ejecutivo, porque ha emitido directrices, ha emitido lineamientos acerca de cómo debe desarrollarse la conducción eléctrica para evitar estas electrocuciones, sin embargo, no ha sido lo suficientemente activo en verificar, en fiscalizar el cumplimiento de esas directrices, tampoco le ha prestado una atención especial al caso tan grave que tenemos en el distrito de Nosara en particula, entonces se le pide tomar acciones concretas en su rol de director de la administración pública”, dijo.
“En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, cooperativas eléctricas y otras instituciones, otras empresas públicas o privadas que se dedican a la transmisión y comercialización de electricidad, a estas compañías les pide que la Sala les ordene elaborar un plan que permitirá, si se cumple, lograr en un determinado plazo que los riesgos actualmente existentes y que llevan a esas electrocuciones se puedan disminuir sustancialmente, y esperamos ojalá eliminar por completo”, concluyó.
Según el abogado, lo que buscan es sentar un precedente para la protección de la fauna, que hasta el momento no ha sido trabajado.
Noticias Columbia solicitó al MINAE declaraciones sobre los protocolos de protección de fauna existentes, pero aún se espera la respuesta.
