Hechos que se le achacan por participar en una asamblea del Frente Amplio se remontan a febrero del 2019 cuando acudió como Ministra de Condición de la Mujer y Presidente Ejecutiva del Inamu y dio un discurso
Casi seis años después de los hechos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) resolvió sancionar a tres personas por incurrir en beligerancia política mientras ocupaban cargos en la administración pública.
Se trata de Patricia Mora Castellanos, actual presidenta del Partido Frente Amplio y exministra de la Condición de la Mujer; Kendall Esteban Viales Cruz, funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); y Fernando Natalio González Ledezma, exintegrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.
El coordinador de letrados del TSE, Juan Luis Rivera, explicó que la extensión del proceso se debió a dos acciones de inconstitucionalidad que impidieron a la Sección Especializada conocer y resolver los casos con anterioridad. Según dijo, en un procedimiento normal estos plazos no deberían repetirse.
«No, no es normal. Los procedimientos de beligerancia, si bien suelen tomar tiempo porque incluyen una fase de investigación, audiencias, presentación de pruebas y recursos, en este caso se extendieron más de lo habitual. Esto obedeció principalmente a la suspensión decretada por acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la competencia de la Sección», explicó el funcionario del órgano electoral.
En cuanto a las sanciones, Viales Cruz fue destituido de su cargo e inhabilitado por tres años para ejercer funciones públicas; González Ledezma recibió una inhabilitación de dos años; y Mora Castellanos, de cuatro años, tal y como dispone el artículo 146 del Código Electoral. Rivera señaló que las medidas se establecen en función del perfil de cada persona que comete la falta.
«Dentro de la resolución se estima que, por ejemplo, en el caso de la señora Patricia Mora, por su cargo de presidenta ejecutiva de una institución y ministra, tenía un régimen absoluto de prohibición. En esa lógica, ella representaba a la institución, y por eso se le impuso el plazo mayor», apuntó.
Con respecto a los otros procesos de sanción apuntó:
«En los otros casos, se analizan los hechos y, en función de ellos, se establece el plazo de inhabilitación. Por ejemplo, en el caso de Fernando González, la sanción se da por su participación como miembro o fiscal de una junta receptora de votos. Y en el otro caso, donde se establecen tres años, es por haberse postulado a un cargo de elección popular y formar parte de una asamblea partidaria. Estas son las justificaciones que recoge la sentencia de la Sección Especializada».
Los hechos que derivaron en estas sanciones se produjeron en distintos momentos. En el caso de Mora, el TSE determinó que asistió a una asamblea del Frente Amplio en 2019, mientras ejercía como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y ministra de la Condición de la Mujer. Viales acudió a una asamblea del Partido Liberación Nacional (PLN) y se postuló como regidor. González, por su parte, fungió como miembro de mesa por el Partido Acción Ciudadana (PAC) durante las elecciones nacionales del 2022.
Patricia Mora manifestó que respeta la resolución, aunque insiste en que su presencia en la actividad no tuvo un carácter político electoral.
«En febrero de 2019, el Frente Amplio convocó a una Asamblea Nacional, vigilada por el Tribunal Supremo de Elecciones con sus delegados, quienes pueden dar fe de lo que afirmo. Fue para rendir homenaje a la compañera Marjorie Montes Guevara, tesorera nacional de nuestro partido y viuda de un primo mío. Mi primo falleció tempranamente, dejando dos hijos pequeños, y Marjorie, como tantas mujeres, dedicó su vida a cuidarlos sin recibir reconocimiento alguno», explicó la ahora presidente del Frente Amplio.
Mora reconoce que en efecto la invitación fue cursada por la agrupación aurinegra:
«Asistí invitada por el Frente Amplio, en mi condición de ministra de la Condición de la Mujer, para rendir homenaje a ella. Consideré que también era mi obligación como ministra destacar la importancia de reconocer los trabajos de cuidado. Sin embargo, esto fue calificado por el Tribunal como beligerancia política. Me llama la atención, pero lo respetaremos. Se consideró que participar en esa asamblea equivalía a un acto político» finalizó.
Según afirmó, el Frente Amplio analiza con sus asesores legales la posibilidad de presentar una reconsideración. De no prosperar, la sanción impediría que la exdiputada pueda optar por un cargo de elección popular o por nombramiento antes del 2030.
