La legisladora oficialista cuestionó la rapidez del trámite y aseguró que se pretende inhabilitar políticamente al mandatario por motivos electorales.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el presunto delito de beligerancia política.
La decisión fue adoptada por la Sección Especializada del Tribunal Electoral.
Ante la posibilidad de que al mandatario se le retire el fuero de improcedibilidad, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, manifestó su sorpresa y malestar por esta solicitud.
“Estoy impactada e impresionada. ¿Cuántas veces más lo van a intentar? ¿Cuántas veces han pedido levantar el fuero a un presidente de la República en ejercicio? Hay casos de expresidentes que mostraron apoyo directo a sus sucesores.
Por ejemplo, Óscar Arias, cuando decía que ya era hora de que el país fuera gobernado por una mujer, y la única candidata era Laura Chinchilla, quien finalmente ganó las elecciones. ¿En algún momento se pidió levantarle la inmunidad a Óscar Arias? No lo recuerdo”, señaló Cisneros.
La diputada cuestionó la rapidez con que se procede contra el presidente Chaves, en comparación con otras solicitudes de levantamiento de inmunidad que —según dijo— han tomado más tiempo.
Además, aseguró que el mandatario nunca ha hecho referencia a una agrupación política específica.
“¿Por qué ahora? ¿Por qué tan rápido? A Patricia Mora, del Frente Amplio, ¿cuánto se tardaron en sancionarla por beligerancia política?
Entonces, ¿por qué con Rodrigo Chaves es distinto? ¿Por qué hay tanta prisa? Lo que quieren es sancionarlo e inhabilitarlo políticamente.
Los costarricenses ya no comen cuento. Esto es un atentado contra nuestra democracia. Que sigan la investigación, pero no hay razón para levantarle el fuero”, expresó la legisladora.
Cisneros afirmó que el objetivo de esta acción sería inhabilitar al presidente durante el período máximo permitido, para impedirle ocupar un eventual cargo de ministro o participar en futuros procesos electorales.
“Los tiempos calzan perfectamente. La sanción máxima por beligerancia política es de cuatro años. En ese plazo lograrían que el presidente Chaves no termine su mandato, no pueda ser ministro en un eventual gobierno de Laura Fernández y tampoco participe en la próxima campaña electoral.
Le tienen miedo, le tienen pánico. Y eso le hace un grave daño a la democracia”, declaró.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Luis Felipe Rodríguez, señala que las denuncias por beligerancia política pueden presentarse en cualquier momento durante los cuatro años de mandato de cualquier presidente de la República, por lo que el Tribunal está actuando conforme a derecho.
“Se presentaron varias denuncias. En este caso en particular, se analizaron y pasaron por ciertos filtros. El órgano electoral concluyó que las denuncias tenían, al menos, el mérito suficiente para ser tramitadas.
En total, se acumularon quince denuncias, a las cuales se les dio el trámite correspondiente.
Aunque pueda parecer que los tiempos son desafortunados, lo cierto es que tanto el presidente como los demás miembros de los supremos poderes están sujetos a la prohibición de participación política durante sus cuatro años de gestión.
Si, faltando un mes para las elecciones, alguna persona que ocupe un cargo en un supremo poder incurre en beligerancia y alguien presenta una denuncia, el trámite puede realizarse incluso en ese momento.
Esto responde a los tiempos institucionales y a la reacción de la ciudadanía, que puede considerar que un determinado acto constituye o no beligerancia. Esa valoración corresponde finalmente al Tribunal Supremo de Elecciones.”
Finalmente, la diputada cuestionó el papel de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, y afirmó que desde el llamado Proyecto del Rodriguismo se busca romper con las estructuras tradicionales del poder político.
“Para ellos es el fin de lo que han tenido toda la vida, el fin de su red de cuido. ¿Qué político o expresidente ha terminado en la cárcel? Ninguno.
Esa red funciona muy bien para ellos y muy mal para la democracia. Queremos cambiar eso, pero las reglas del juego deben cumplirse, y ellos no las están cumpliendo.
No puede ser que una persona con un claro tinte partidista sea la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Por lo menos, eso nos da derecho a dudar”, concluyó Cisneros.
