- El recurso plantea si el bloqueo de una usuaria crítica vulnera derechos de acceso a información y deliberación política en plena campaña electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estudia un recurso de amparo electoral presentado por la activista Mia Fink contra la candidata presidencial Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, luego de que esta fuera bloqueada en Instagram tras emitir comentarios críticos durante la campaña.
Según explicó Andrei Cambronero, jefe del Despacho de la Presidencia del TSE, el recurso fue recibido el 9 de enero y acogido para estudio el 13 de enero, fecha en la que el Tribunal solicitó un informe a la candidata sin dictar medidas cautelares.
“La recurrente plantea que el bloqueo le impide acceder a información relacionada con propuestas políticas, lo cual podría incidir en el ejercicio de un voto informado”, detalló Cambronero.
El jerarca recordó que en 2018 el Tribunal resolvió, por mayoría, que una candidatura podía bloquear usuarios desde una cuenta personal, aun cuando se utilizara para divulgar mensajes de campaña, como ocurrió con el entonces candidato Juan Diego Castro en Twitter.
Sin embargo, señaló que en 2022 el TSE estableció un criterio distinto al condenar al Partido Unión Liberal (PUL) por bloquear a un ciudadano desde su cuenta oficial de Facebook durante la campaña electoral. En ese proceso, el PUL postuló a Federico Malavassi como candidato presidencial y a Otto Guevara como su principal aspirante a diputado.
En esa resolución, los magistrados consideraron que el partido limitó injustificadamente el derecho del ciudadano al acceso a información de interés público y a la posibilidad de interpelar y contravenir a la agrupación política, lo cual vulneró principios esenciales de la democracia.
A partir de estos antecedentes, el debate se reabre en un contexto en el que las redes sociales son centrales en la comunicación electoral, según explicó Cristian Bonilla, vicerrector de Innovación de la Universidad Latina.
Bonilla sostuvo que hoy gran parte de la deliberación política se desarrolla en plataformas digitales, que han sustituido otros canales tradicionales de interacción entre candidaturas y ciudadanía.
Desde una perspectiva jurídica, la abogada y comunicadora Giselle Boza afirmó que los perfiles de candidaturas presidenciales deben entenderse como espacios de deliberación pública.
“Durante un proceso electoral, el bloqueo de usuarios puede constituir una violación a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información, ya que la voluntad electoral se forma a partir de un debate libre y desinhibido”, señaló.
Además del recurso presentado por Mia Fink, en redes sociales se han difundido denuncias públicas de los influencers Diego Bravo y Johanna Villalobos, quienes afirman haber sido bloqueados por la candidata.
Este medio consultó al Partido Pueblo Soberano sobre sus criterios para el uso de redes sociales durante la campaña electoral. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
