La denuncia fue presentada por una asociación de apoyo a personas privadas de libertad, que señala traslados y decomisos de documentos como obstáculos para ejercer el derecho al voto de cara a las elecciones del 1.º de febrero, situación que es analizada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
La Asociación de Ayuda a las Personas Privadas de Libertad y sus Familias denunció que a esta población se le estarían violentando sus derechos políticos de cara a las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero.
Según indicó Rafael Ángel García, presidente de la Asociación, se han presentado denuncias ante la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el despacho del Ministerio de Justicia y Paz. El dirigente aseguró que, en distintos centros penitenciarios, se habrían dado situaciones como el decomiso o destrucción de cédulas de identidad durante requisas, así como traslados de privados de libertad entre cárceles, lo que —afirma— impediría que puedan ejercer su derecho al voto.
García señaló como ejemplo el traslado de personas privadas de libertad del centro penal de San Sebastián hacia Liberia, Guanacaste, pese a que ya estaban empadronadas para votar en San Sebastián. También mencionó casos de privados de libertad empadronados en Puntarenas que habrían sido trasladados a otros centros penitenciarios. A criterio de la Asociación, estas acciones constituirían una violación a derechos fundamentales y constitucionales.
Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, el director general del Registro Civil, Luis Bolaños, confirmó que existe un recurso de amparo electoral en trámite relacionado con estas denuncias. No obstante, explicó que la verificación de la situación dentro de los centros penitenciarios resulta compleja, debido a las limitaciones de tiempo y acceso del personal electoral.
Bolaños detalló que, como parte de un auto de prevención, el TSE coordinó jornadas extraordinarias de cedulación en el centro penitenciario Jorge Arturo Montero, donde en un periodo de tres días se logró atender a cerca de 1.900 personas privadas de libertad y se inició el trámite de sus documentos de identidad.
Por su parte, ante consulta de este medio, el Ministerio de Justicia y Paz indicó que el pasado 12 de enero ya se había referido al tema y que esas son las únicas declaraciones oficiales sobre el caso. En ese momento, el viceministro de Justicia, Nils Ching, negó las acusaciones y aseguró que el proceso electoral en el sistema penitenciario ha sido debidamente coordinado por la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria.
Ching afirmó que es falso que se hayan decomisado o destruido cédulas de identidad, así como que se haya retirado material electoral enviado por el TSE. Además, señaló que la información electoral, incluyendo materiales sonoros y otros contenidos informativos sobre las candidaturas, está siendo puesta a disposición de las personas privadas de libertad.
Mientras tanto, el recurso de amparo continúa en análisis por parte de las autoridades electorales, a pocos días de la jornada electoral.
