El legislador, Leslye Bojorges y la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, son investigados por la Fiscalía en el caso ‘Richter’.
El Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) confirmó la apertura de una investigación al diputado Leslye Bojorges y a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, por el caso ‘Richter’.
Ambos son investigados por la Fiscalía ante su presunta vinculación con los delitos de recepción de dádivas, así como haber participado en tráfico de influencias.
La secretaria del tribunal, Marcela Núñez, explicó que para llevar a cabo este proceso están abiertos a la recepción de pruebas por parte de quienes cuenten con información relevante del caso.
«El día de ayer, en la sesión que se celebró, se decidió por mayoría de votos con aprobación total del quórum la apertura de dos expedientes, uno que es el expediente número 02-2025 para la investigación del licenciado Bojorges y el expediente 03-2025 para doña Gabriela (Jiménez). En esta situación nosotros también estamos abriendo un plazo para la población nacional y cualquier tercero que tenga pruebas en relación a estos casos, que sea prueba que pueda ser verificable la procedencia, que no sea prueba alterada, sea aportada al Tribunal de Ética para tener una mayor amplitud y conocimiento en cuanto a la prueba y las probanzas que necesitamos analizar para tratar de determinar si existió o no alguna responsabilidad, con base en en los pactos que tiene la Unidad Social Cristiana, la carta que tiene la Unidad Social Cristiana y el Código de Ética que el que el mismo tiene», detalló la secretaria del TED.
Núñez explicó la manera en la cual recibirán las pruebas para garantizar la seguridad de quienes entreguen la información.
Además, la secretaria del TED mencionó que la idea que tienen es poder trabajar con insumos de la propia Fiscalía.
«No va a existir ninguna represalia porque sencillamente es un aporte que, incluso, el partido, en las oficinas centrales del partido, va a estar dispuesto a recibirlas. Nada más es recibirlas, una procedencia se va a identificar, digamos, que sean videos para que el día de mañana si tenemos alguna duda, pues que la persona que nos aportó el video nos demuestre. Esa información va a quedar en una situación de confidencialidad. Sin embargo, también vamos a confeccionar documentos que van a ser dirigidos a la Fiscalía para ponernos a la disposición de la Fiscalía y también que exista la posibilidad de una comunicación entre la Fiscalía y el Tribunal de Ética, si se pudiera, ojalá que se pueda, para que la misma Fiscalía nos proporcione parte de las pruebas, o la totalidad o lo que ellos consideren, para que sean aportados a los expedientes que se están aperturando», mencionó la vocera.
Eso sí, Núñez afirmó que esta investigación no tiene fines penales, por lo que no entregarían sus resultados a una instancia de este tipo.
«Nosotros no tenemos una injerencia en cuanto a delitos típicamente penales. Nosotros tenemos un reglamento que cumplir, algo ético, si fue moral, si fue inmoral. Nosotros sí llegamos y le presentamos a la Fiscalía la solicitud de las probanzas y trabajar de la mano con la Fiscalía es para identificar, cada uno por su parte, la Fiscalía lógicamente si existió algún delito penal y que conlleve las respectivas sanciones penales. Por parte del Tribunal de Ética, si existieron efectivamente acciones en contra de la moral y la ética del Partido Unidad Social Cristiana y que conlleven las respectivas sanciones. Van de la mano, pero son independientes una de otra», explicó Núñez.
