La sentencia se dictó la mañana de este miércoles en la sala 5 de los Tribunales de San José. Estuvo a cargo de los jueces Freddy Arias, Raymond Porter y Luis Carlos Castro.
Los acusados fueron los exlegisladores liberacionistas Oscar Alfaro y Antonio Calderón a quienes la Fiscalía vinculó en un caso de supuesta donación ilegal en la campaña electoral del 2010.
A Alfaro le atribuían haber facilitado al Partido, de forma gratuita, una propiedad en San José como casa club. Según el Ministerio Público, esto se habría hecho sin reportar la donación al Tribunal Supremo de Elecciones y a través de una sociedad anónima, hecho que prohíbe el Código Electoral.
A Calderón, lo acusaron de que, en su condición de Secretario General del PLN aceptó esa donación en especie.
Sin embargo, el Tribunal determinó que la acción penal contra Oscar Alfaro, prescribió al transcurrir el plazo estipulado por la ley. Por ende, lo absolvieron de toda pena y responsabilidad.
El diccionario del Poder Judicial define la prescripción de la acción penal de la siguiente manera:
“Transcurso de un determinado plazo desde que se verifica una conducta delictiva o sancionable sin que los procedimientos o proceso penal se promueva o reanude contra el imputado”.
Los jueces establecieron una línea de tiempo en la que encontraron que el plazo, de cuatro años para la prescripción, se había sobrepasado por apenas cinco días.
En este asunto, para el cómputo de la prescripción se tuvo que tomar en cuenta que ambos acusados fueron diputados y entre el 2010 y el 2014 tenían inmunidad.
Desde el primer día de juicio, Erick Ramos, abogado de Alfaro, expuso la tesis de que los hechos estaban prescritos.
De acuerdo con los juzgadores, el caso contra Alfaro estuvo sin diligencias activas durante un tiempo prolongado y cuando se retomó, se había cumplido el plazo.
Sobre Calderón, se esperaba la decisión pues en la etapa de conclusiones del juicio la misma Fiscalía solicitó al Tribunal que se le absolviera.
El Ministerio Público consideró que no se debía solicitar ninguna pena en su contra pues no se podía demostrar que cometiera un delito.
“No se logra determinar que en el caso del imputado Antonio Calderón conociera que había una donación y que conociera que además esa donación venía de una persona jurídica”, explicó el fiscal Alexander Valverde.
Ante esta situación, el Tribunal lo absolvió por duda razonable.
