Reunión entre el presidente de la República y contralora general tendrá la particularidad de que podrá seguirse en vivo, mediante las redes sociales de la Contraloría.
Después de varios intercambios, la Contraloría General de la República y Casa Presidencial llegaron a un acuerdo para reunirse este jueves 1 de febrero.
La mayor diferencia de este encuentro es que la conversación será transmitida en vivo, por el canal de YouTube de la Contraloría.
El órgano contralor había puesto como condición que todo lo que se hablara en la reunión fuera grabado, para que fuera de acceso público; El Ejecutivo sugirió transmitirla por sus redes sociales y la Contraloría aceptó, pero por sus propios medios.
Este tema en particular vuelve diferente la conversación entre los representantes de cada institución, liderados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la contralora general, Marta Acosta.
A nivel legal, no existen impedimentos para que la transmisión se lleve a cabo, como explica la abogada y comunicadora, Giselle Boza.
“Ninguna prohibición legal, al contrario, se parte de que las actuaciones de los órganos públicos están sometidas al principio de publicidad, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, es decir, mediante el principio de transparencia activa del Estado y de sus órganos y, consecuentemente, de los funcionarios públicos hay una obligación de abrir los canales de comunicación necesarios para que la ciudadanía acceda a información de interés público”, dijo.
Boza agregó que estas formas de acceso a la información deberían ser la norma y no la excepción, cuando se trata de temas de interés público.
“Entre más oportunidades tenga la ciudadanía para informarse de la actuación de los entes públicos, del funcionariado público, más se realiza el derecho de acceso a la información que, recordemos, está titulado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 30 de nuestra Constitución Política. Este derecho permite que las personas ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, que cuestionen, que indaguen, que valore…”, expresó.
Para el comunicador y abogado David Delgado, el perfil de los participantes y las temáticas a tratar hacen comprensible que se transmita en vivo la reunión.
“Justificadamente pueden transmitirse en vivo, a través de las redes sociales para que todos los ciudadanos podamos tener acceso al contenido de esa reunión. Fuera de cualquier interés político o de generar un circo mediático alrededor de esta reunión”, afirmó.
Delgado concuerda con Boza en que esta es una posibilidad para que se cumpla el derecho al acceso a la información del que goza la ciudadanía.
“Los ciudadanos podríamos tener acceso a este contenido, a las preguntas, a los comentarios que realicen los distintos funcionarios que van a participar de esta reunión y no habría ningún impedimento ni ninguna ilegalidad en que este encuentro sea transmitido a través de cualquier plataforma. La libertad de información es un derecho fundamental, humano, e implica el derecho a recibir información de interés público”, acotó.
A nivel político, que la reunión sea transmitida en vivo trae cambios. El politólogo y experto en comunicación política, Gustavo Araya, señala que uno de ellos es que hay un mayor cuidado en el lenguaje que se utiliza y la forma de expresar las ideas.
“Hay una mayor atención a la precisión con la cual se quiere atender la reunión, en términos de los conceptos que se manejen y hay una disposición a recurrir, en mayor medida, a apoyos fácticos, datos y demás, cuando se hace público que cuando se hace a puerta cerrada”, explicó.
Otro factor diferencial es el emocional, ya que “cuando se está a puerta cerrada hay un uso distendido del lenguaje, hay tiempo para aclarar, no necesariamente se recurre a datos porque se pueden dar posteriormente, hay un mayor nivel de confianza, no solo con la persona con la que se van a reunir sino confianza propia y eso marca una diferencia sustantiva porque el lenguaje se torna menos preciso, se torna más coloquial”, según Araya
