Presidente, Rodrigo Chaves, evitó achacar culpas de inseguridad a otros poderes, pero sí reconoció que hace falta una legislación más dura para juzgar.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, evitó culpar a los otros poderes, como lo ha hecho anteriormente, ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.
En conversación exclusiva con Noticias Columbia, el mandatario sí reconoció que el país tiene deficiencias en cuanto a leyes y su aplicación para aplicarlas en contra de organizaciones y personas ligadas al crimen organizado.
Para Chaves, esta falta de legislación fuerte evita que los jueces puedan dar condenas adecuadas.
“Tenemos un régimen con un grupo de leyes que son absolutamente garantistas y absolutamente suavecitas. Gente que le dispara a un policía o a un retén policial, vehículos que los persiguen de la policía con un Ak-47 que los sueltan. Yo no estoy diciendo que sea culpa del Poder Judicial, de la Asamblea o de nadie, más allá de que la realidad es que Costa Rica no tiene las leyes, no tiene un Poder Judicial en donde los jueces tengan que aplicar mano dura y donde la policía es, por años de años, un recurso muy limitado”, lamentó el mandatario.
Según el presidente, Costa Rica tiene un gran problema a nivel presupuestario para atender esta crisis desde su Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
“Nosotros tenemos 13.000 plazas policiales. Panamá, con menos habitantes, tiene 36.000 policías. ¿Por qué? Porque los presupuestos de los últimos 40 años, como dijo don Mario Zamora, el ministro de Seguridad Pública, los mismos policías cuando él llego de ministro ahora, que cuando fue ministro hace muchísimos años. Entonces, hay un ecosistema que no está funcionando y ahí es donde yo he hecho un llamado de que la seguridad debería ser una prioridad”, agregó Chaves.
Para atender el tema del presupuesto, la fracción legislativa del Frente Amplio (FA) ha presentado un proyecto que pretende que los recursos del impuesto a sociedades sean destinados a temas de seguridad.
Justamente, este martes se intentó dar dispensa de trámite al mismo, pero no fue aprobada dicha moción.
Según detalló el diputado frenteamplista, Jonathan Acuña, estos recursos se han utilizado, desde el 2018, mayormente en otras partidas.
“Lo que ocurre es que el impuesto a las personas jurídicas se creó justificado, directamente, en que la plata se iba a invertir en materia de seguridad: 90% para el Ministerio de Seguridad Pública, 5% para el OIJ y 5% para el Ministerio de Justicia y Paz. Lo que ha ocurrido es que, después del 2018, cuando aprueban la reforma fiscal, hoy Ley 9.635, a través de los artículos 15, 24 y 25 de esa ley, se habilitó al ministro de Hacienda, a quien ocupe ese cargo, a simple y llanamente no cumplir con el envío de esos recursos. Sistemáticamente, lo que ha ocurrido es que de la plata que corresponde al impuesto de personas jurídicas, solamente ha llegado una porción, una parte, a invertirse en seguridad. Eso no está bien”, detalló el legislador del Frente Amplio (FA).
Finalmente, Acuña aseguró que desde su fracción quieren priorizar el tema de seguridad, tal como lo ha solicitado el propio Poder Ejecutivo.
“En medio de una crisis de inseguridad, por un lado el Gobierno nos dice que no hay plata suficiente para nada y que no está bien que prioricemos. Pero, por otra parte, yo creo que hay unos recursos muy valiosos, por ejemplo, más de 6.000 millones de colones en lo que correspondería solo a 2024 que vienen de ese impuesto y debería estar destinado a seguridad. Aquí queremos ayudar y queremos priorizar”, mencionó Acuña.
