- Claudio León afirma que las órdenes de cese masivo nacieron en la gerencia, mientras versiones previas apuntan a la Presidencia Ejecutiva como la verdadera responsable.
El subgerente de negocios del Instituto Nacional de Seguros (INS), Claudio León, enfrentó este lunes duros cuestionamientos en la Asamblea Legislativa por el despido de 130 trabajadores que ocurrió en abril de 2025.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el funcionario admitió que hubo errores graves porque se cesó a una mujer que estaba en licencia de maternidad y a personas que se encontraban a solo cinco días de jubilarse. León justificó estas salidas alegando que las jefaturas manejaron información que no estaba actualizada en los expedientes que se revisaron antes de ejecutar los despidos.
El subgerente confirmó que reincorporaron de inmediato a los afectados tras detectar las fallas, aunque varios exfuncionarios mantienen juicios abiertos contra la institución porque reclaman daños y perjuicios. Esta situación genera dudas entre los diputados, quienes temen que el ahorro que pretende la entidad se diluya ante eventuales condenas judiciales que resulten millonarias.
La diputada Rocío Alfaro señaló directamente a León como el promotor de los recortes masivos, pero el funcionario negó rotundamente que él fuera el autor intelectual de la estrategia. Según su declaración, la orden de los ceses nació en la gerencia general de la aseguradora, por lo que su labor se limitó a trasladar la instrucción a los departamentos correspondientes.
«Esto nace desde la gerencia general, luego nos lo comunican a nosotros, nosotros lo bajamos a las jefaturas correspondientes», enfatizó el subgerente cuando respondió a las consultas de la legisladora.
Esta afirmación contradice lo que expuso previamente el exgerente Luis Fernando Monge ante el mismo foro legislativo, ya que Monge había defendido que la decisión de los despidos emanó originalmente de la presidencia ejecutiva, la cual encabeza Gabriela Chacón. Esta falta de consenso sobre el origen de la orden aumenta la incertidumbre sobre el sustento técnico de un proceso que se realizó sin evaluaciones de riesgo, tal como admitieron otros directivos del INS.
En medio de estas pugnas internas, la diputada Katherine Moreira cuestionó la coherencia financiera de la institución, puesto que invirtieron 884 millones de colones en publicidad deportiva. Este monto se destinó al cambio de nombre del Estadio Nacional, el cual ahora se llama oficialmente «INS Estadio» por un periodo de tres años.
León evitó calificar este pago como irregular y aseguró que los temas de marca no competen a su subgerencia comercial, ya que son asuntos que corresponden al área de relaciones corporativas. El funcionario remitió las explicaciones sobre este gasto millonario a su jefe directo, el gerente general Arnaldo Arévalo.
«Esa información, yo creo que no me compete a mí, eso está más asociado con la gerencia general», replicó León al ser consultado sobre el giro de fondos para el recinto deportivo.
Mientras tanto, el INS defiende que la valoración de estas medidas debe verse en el mediano plazo, aunque existan críticas por la desatención del factor humano. «Esto no es un tema personal, está definido en un plan estratégico de la alta administración», puntualizó el subgerente.
