El secretario del Sindicato de la Defensa Pública advierte que extraer organismos judiciales del Poder Judicial podría politizar las decisiones y exigir cambios constitucionales de gran alcance.
La propuesta de sacar algunos organismos judiciales del Poder Judicial ha sido planteada por varios candidatos a la Presidencia de la República y aspirantes a diputaciones de distintas agrupaciones políticas, de cara a las elecciones de febrero de 2026.
El secretario general del Sindicato de la Defensa Pública del Poder Judicial, Hugo Solís, explicó que la idea no es nueva, pero vuelve a cobrar relevancia en tiempos electorales. Señaló que el tema debe analizarse en dos partes: por un lado, la posibilidad de separar todo el ámbito auxiliar de justicia del Poder Judicial, y por otro, lo relacionado con la Sala Constitucional, con el riesgo de que sus decisiones se tornen políticas.
“Existe un riesgo claro de politización, porque habría que definir a qué instituciones o a qué poder del Estado quedarían adscritas estas dependencias, lo que podría abrir espacio a nombramientos de interés político.
Si se decide sacarlas del Poder Judicial, debe garantizarse su autonomía constitucional, así como independencia presupuestaria. Esto implicaría una reforma constitucional que les otorgue esas garantías”, explicó Solís.
El dirigente considera que la Sala Constitucional enfrenta un conflicto de interés y que, por esa razón, debería convertirse en un órgano independiente.
“No es posible que un tribunal adscrito al Poder Judicial haga el control de constitucionalidad de las propias resoluciones judiciales, además del control de las actuaciones del Legislativo y del Ejecutivo. La Sala debe ser un órgano independiente”, afirmó.
Solís también subrayó la importancia de establecer límites claros a las competencias del futuro Tribunal Constitucional y garantizar que los nombramientos sean lo menos políticos posible.
“Debe definirse la naturaleza del Tribunal Constitucional, sus competencias y la forma en que se elegirán sus integrantes, para asegurar que sean personas idóneas y no respondan a intereses políticos.
Además, deben contar con independencia en sus decisiones y protección frente a presiones externas. Mientras eso no se garantice, aunque existe la necesidad de separar la Sala del Poder Judicial, es preferible mantener la situación actual”, señaló.
Finalmente, el dirigente sindical advirtió que una modificación de este tipo no podría hacerse mediante simples ajustes legales.
“No estamos hablando de una reforma cualquiera. Se trata de un cambio que tendría que tramitarse mediante una reforma parcial de la Constitución, y posiblemente incluso requeriría convocar a una Asamblea Constituyente.
No es un debate sencillo: debe armonizarse la Constitución, la ley y la estructura del sistema judicial para hacerlo posible”, concluyó.
