La Alianza Sindical del Poder Judicial solicitó a la Corte Suprema de Justicia que aclare la situación jurídica y disciplinaria del actual subdirector del OIJ, Gerald Campos, quien fue designado por el presidente electo, Rodrigo Chaves, como ministro de Justicia.
La posición de los sindicatos es que si las causas judiciales y administrativas se encuentran en proceso, se le niegue el permiso que solicitó para ocupar ese puesto.
Campos pidió a los magistrados que le autoricen dejar su cargo en el Poder Judicial, sin goce de salario, mientras esté en funciones en el Poder Ejecutivo.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que existe una acusación en contra de Gerald Campos Valverde y otro hombre de apellido Jara, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado de uso y peculado.
“En setiembre del 2021, el Ministerio Público solicitó que se ordenara la apertura a juicio, gestión que fue acogida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Se está a la espera de conocer fecha y hora en la que se llevará a cabo el debate”, dice el reporte.
Consultado esta tarde, Campos dijo que enfrentó varias denuncias de manera injusta por su trabajo en el OIJ. Aseguró que la mayoría no prosperó pero reconoció que le resta enfrentar un juicio.
Hugo Solís, secretario general del sindicato de la defensa Pública, dijo que las organizaciones pidieron la información sobre la causa pendiente de Campos.
Solís expresó que si la Corte da el permiso en estas circunstancias, se envía un mensaje inadecuado de cara a la ciudadanía.
La Alianza Sindical del Poder Judicial espera que Corte Plena revise la solicitud que plantearon en la próxima sesión, pues Campos está a nueve días de asumir el Ministerio de Justicia.
Las organizaciones agrupadas en la alianza son: Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud), Sindicato de la Judicatura (Sindijud), Asociación de Profesionales en Ciencias Contables, Financieras y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi), Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu) y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
