Defensoría de los Habitantes indicó que existe un faltante de al menos 2.700 policías penitenciarios para este 2025.
Brindar seguridad al perímetro de las cárceles y al personal de estas, como abogados, trabajadores sociales, profesores, cocineros, doctores, enfermeros; así como evitar el ingreso de armas, drogas y otros objetos, son parte de las labores de la Policía Penitenciaria.
Sin embargo, en los últimos años, estas funciones se están realizando con poco personal y con cargas de trabajo excesivas, según señaló el dirigente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en la Policía Penitenciaria, José Mairena.
El líder sindical mencionó que es necesario contar con mejores condiciones ante el aumento en la cantidad y peligrosidad de los privados de libertad.
Además, Mairena señaló que los policías penitenciarios tienen problemas para sacar vacaciones ante la falta de personas en las cárceles.
«La Policía Penitenciaria tiene un déficit alto, a pesar de que todos los años se nombran plazas, no es suficiente para reponer tanto las personas que son despedidas por actos de corrupción, personas que son despedidas porque no reúnen los requisitos para estar en sus funciones, los que se jubilan y también otras personas que migran a otros poderes u otras funciones que deciden abandonar el cuerpo policial. Con el aumento de la inseguridad en las calles, el tema de sicariato, de narcotráfico; esto origina más presión sobre los centros penales. Hay un aumento de población penal, pero no solo en cantidad, sino en el grado de peligrosidad que ellos representan. Se necesita más vigilancia, se necesita más contención, mejores condiciones en general; pero también se necesita que el policía descanse, que pueda coger vacaciones, algo que no está sucediendo. Tenemos de tres a seis periodos de vacaciones atrasados en general, prácticamente para todos los policías de este país en el sistema penitenciario», afirmó el dirigente de ANEP.
Desde la Defensoría de los Habitantes presentaron un informe en el cual se evidenció una situación de riesgo grave en los centros penitenciarios del país debido al déficit de policías.
Luego de una investigación, concluyeron que el faltante de personal pasó de 1.754 agentes penitenciarios en 2023 a un total de 2.722 en abril de 2025, generando una afectación directa tanto a los derechos laborales del personal policial como de la población privada de libertad, tal como indicó la defensora, Angie Cruickshank.
«Este aumento no es solo un número, significa recargo extremo de trabajo, agotamiento físico y emocional del personal y acumulación de vacaciones no disfrutadas, lo que resulta en limitaciones graves para atender en forma médica, técnica, entre otras, a la población privada de libertad. Además, este déficit compromete la seguridad de los centros penitenciarios, retrasa traslados médicos y judiciales, limita el contacto de las personas privadas de libertad con sus familias y eleva de forma real el riesgo de motines y fugas. En suma, esta preocupante situación es una amenaza directa a los derechos laborales del personal penitenciario y a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por eso, la Defensoría de los Habitantes ha recomendado al Ministerio de Justicia y Paz adoptar medidas concretas y urgentes como ajustar presupuestos, mejorar la gestión administrativa y logística y fortalecer la contratación progresiva de agentes, en colaboración con el Ministerio de Hacienda», solicitó la defensora.
Para la encargada de la Escuela de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez, esta problemática afecta el control institucional en los centros penitenciarios.
La experta destacó que existe un riesgo de mayor violencia en las cárceles ante la falta de supervisión.
«No hay suficiente personal que pueda realizar la supervisión de las personas privadas de libertad, que esto además podría ayudarle a las estructuras criminales que están dentro a que puedan operar con mayor facilidad y que, además, no solo que operen con mayor facilidad, sino que dominen el funcionamiento interno de los centros penitenciarios a como ha ocurrido en otros países donde los centros penitenciarios han sido los lugares donde se han creado organizaciones criminales transnacionales violentísimas, justamente por no tener una debida supervisión. Esto aumenta el riesgo de que haya violencia, motines o fugas, justamente al no haber una debida supervisión. Además, obviamente esto también pone en riesgo el tema de la violación derechos humanos por la imposibilidad de poder garantizar condiciones dignas y servicios básicos a las personas privadas de libertad», explicó la académica.
El pasado 5 de junio, se graduaron 161 policías penitenciarios, los cuales fueron juramentados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En esa oportunidad, el mandatario agradeció la labor que realizarán los nuevos oficiales que trabajarán en las distintas cárceles del país.
«A ustedes les digo, les toca duro porque ya se los dan cuando están juzgados culpables y son gente ya que no hay duda. Los azules (Fuerza Pública), muy valientes, porque ahí no se sabe; pero en el caso de ustedes, vigilar y cuidar a gente que ya la sociedad juzgó como criminales y condenó, no es fácil. Cuídense mucho. Es un trabajo muy estresante el de la Policía Penitenciaria. Yo les digo que sigan el ejemplo de don Gerald Campos, su ministro y el viceministro Juan Carlos Arias (exministro), que verdaderamente ha estado limpiando la Policía Penitenciaria y el sistema penitenciario en general. Ustedes tenían excolegas que han ido sacando, que no cumplieron el juramento y que Dios y la patria se los está demandando, pero son los menos. Cuídense de ellos también y cuiden que ellos no hagan daño. Mantengan orden y disciplina con quienes la sociedad decidió no merecen compartir en libertad con su hermana, con su abuelita, con sus hijos», había pedido el mandatario a los recién graduados.
Intentamos conocer una posición del Ministerio de Justicia y Paz sobre esta situación; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de edición.
