Señalamiento surge de un informe de la Auditoría Interna de la institución sobre los riesgos ante la implementación del sistema ERP.
La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó un informe sobre los principales riesgos ante la implementación del ERP-SAP en la institución.
Desde inicios de junio, la Caja puso en curso su sistema, el cual es una herramienta tecnológica que promete optimizar la gestión financiera, logística, administrativa y de proyectos.
Sin embargo, el auditor interno, Olger Sánchez, señaló ante la Junta Directiva de la institución que uno de los principales riesgos que han detectado es en relación al abastecimiento de medicamentos.
Esta conclusión surge de un cuestionario que aplicaron a 88 farmacias de la Caja.
«El 100% de los consultados que son jefaturas de farmacia manifiestan un impacto en la operación por cargas erróneas. El 92% de las farmacias realizan procesos manuales de bodega y despacho. El 89% refieren que no tienen conocimiento de las existencias reales. El 86% de las jefaturas de farmacias consultadas no conocen el saldo de los inventarios actualizados. En el 72% indican que hay un riesgo de desabastecimiento de medicamentos, es decir, siete de cada 10 consultados opinan que existe un riesgo inminente de desabastecimiento de medicamentos», detalló el auditor.
De igual manera, existe también un riesgo por los problemas que ha tenido el sistema en cuanto al pago de incapacidades.
Sánchez detalló que se está dando una afectación a los usuarios e incluso la Caja se podría ver comprometida financieramente ante la acumulación de pagos pendientes.
«Los reportes que hemos logrado evidenciar es que, al 13 de junio, se restablece el pago de incapacidades mediante el sistema ERP; sin embargo, al 25 de junio existían alrededor de 217.000 boletas físicas sin el debido pago, debido a fallos de integración de sistemas ante la ausencia de codificación. En este caso particular, tenemos que hacer referencia que las incapacidades y las licencias constituyen dos aspectos fundamentales. Uno, garantizar la recuperación de la salud del trabajador que, por razones de una enfermedad y ante la prescripción de un médico tratante, se le extiende una incapacidad o una licencia. En segundo lugar, debemos de rescatar la parte económica que, evidentemente, ante la pérdida de salud del trabajador, se ve imposibilitado de recibir un salario y en consecuencia la licencia o el subsidio constituye el medio fundamental para satisfacer no solo las necesidades del trabajador, sino también de su núcleo familiar», mencionó Sánchez.
Finalmente, el auditor interno también se refirió a los problemas con respecto al pago a proveedores, es decir, terceros que brindan bienes y servicios a la Caja.
Sánchez detalló que, hasta el 25 de junio, se adeudaban más de 71 millones de dólares, lo cual comprometería la prestación de servicios de salud.
Además, alertó que al menos dos empresas han señalado que, ante esta situación de atraso en los pagos, dejarían de dar insumos de limpieza a distintos centros médicos.
«Encontramos dentro de los principales riesgos operativos, la afectación a la continuidad en la prestación de los servicios, al no cancelarse a tiempo las facturas, evidentemente existe el riesgo de no recibir los bienes y servicios que se requieren para la normal prestación de servicios de salud a los usuarios. Registro masivo de cuentas por pagar sin capacidad operativa de gestionar los desembolsos y también también habría otro riesgo que es exponernos al pago de multas e intereses. Encontramos también un riesgo reputacional para la institución, a partir de afectaciones directas a proveedores estratégicos, de insumos clínico-quirúrgicos, médicos, farmacéuticos, de servicios generales, de productos de limpieza, de alimentos, incluso la misma Cruz Roja. Esto evidentemente conlleva el riesgo de pérdida de credibilidad y confianza en la institución en relación el pago oportuno de sus obligaciones», agregó el auditor interno.
