¿Qué ocurre en la Universidad de Costa Rica? Una serie de hechos han generado polémica en altas jerarquías de la casa de enseñanza.
La Universidad de Costa Rica (UCR), ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses debido a decisiones de sus representantes, tanto administrativos como estudiantiles.
Todo inició con la resolución R-75, que pretendía ajustar los salarios de directores de oficinas, puestos de confianza de Rectoría y que fue finalmente suspendida por el rector de la UCR, Carlos Araya, el pasado 25 de febrero, lo cual le trajo una serie de críticas contra su gestión y también hacia la propia casa de enseñanza.
Pese a que él aseguró, ante una consulta de Noticias Columbia, que no había un impacto a los recursos de la UCR con esta modificación, pocos días después suspendió la medida.
Además, en su momento afirmó que la resolución obedecía a un acuerdo del Consejo Universitario del 4 de diciembre del año anterior, es decir, previo a su entrada en funciones como jerarca universitario.
Araya explicó que lo que buscaron era homologar el monto que ganan estos profesionales con los directores de las unidades académicas, el cual es de 4.078.000 colones.
«Producto de la ley de empleo público, la universidad emitió un nuevo régimen salarial académico. En ese régimen no se definieron los montos de salario de esta categoría de direcciones de oficina, que en el caso de la Universidad de Costa Rica hay una particularidad, que pueden dirigirla personas académicas o personas administrativas. Le pongo un ejemplo de una oficina que dirige necesariamente una persona académica, la dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales. Bueno, el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la universidad es la persona que se vincula con otras universidades en el mundo y es una persona que debe dominar al menos cuatro o cinco idiomas, que debe tener un doctorado académico, que debe tener experiencia en relaciones internacionales, experiencia en diplomacia científica; es decir, es un académico de alto perfil. Bueno, desde ese punto de vista entonces lo que nos dimos a la tarea nosotros es homologar el salario de los directores de oficina con alguna de las categorías que estableció el Consejo Universitario en el nuevo régimen salarial académico. En ese caso, entonces, los estudios lo que determinan es que esa persona que dirige una oficina equivale a una persona que dirige una escuela», señaló Araya en febrero.
Las polémicas también alcanzaron a la representación estudiantil de la universidad, hace apenas unas semanas.
Un gasto de más de 40 millones de colones para actividades de Semana U que no se realizaron por falta de permisos fue achacado a la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), encabezada, en ese momento, por Artemisa Villalta.
Posterior a las primeras críticas, Villalta justificó lo ocurrido y aseguró haber realizado la gestión para los permisos en tiempo y forma.
«Respecto al presupuesto ya ejecutado, estamos gestionando con Rectoría, con Contraloría Universitaria, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Oficina de Administración Financiera y la Oficina de Suministros para esclarecer cada gasto y definir los pasos a seguir. Si hay algo que queremos garantizar es transparencia. Cuando tengamos toda la información oficial, haremos la rendición correspondiente y, si es necesario, daremos comparecencias públicas para aclararlo todo. Sé que esto ha sido duro. Sé que muchas personas están molestas, confundidas, decepcionadas y sé que hay personas que ya están utilizando esto para atacarme directamente con odio y hasta violencia, pero también sé que hicimos todo bien, que trabajamos con ética y que dimos absolutamente todo para lograr este evento», había indicado Villalta.
Terremoto en la FEUCR.
No obstante, el pasado 2 de mayo un grupo tomó el edificio de la Federación de Estudiantes, lo que generó la renuncia de Villalta, así como de otros miembros de la Junta Directiva.
Sin embargo, el movimiento se mantiene en las instalaciones pidiendo la salida de todos los representantes en la Federación.
La estudiante María Lucía Arias, quien fue crítica de Villalta y su gestión, celebró su renuncia pero aseguró que no lo hizo por convicción, sino por la presión.
«Cuando se alzan voces que no se callan, cuando vemos estudiantes que no tenemos miedo a señalar lo evidente, la careta se les cae. No renunció sola, la sacamos, la incomodamos, la enfrentamos y la pusimos frente al espejo de su propio desastre. Votaron más de 65 millones de colones. Sí, porque resultó ser más de lo que reportaron los medios y, en lugar de pedir perdón, nos dieron un recital de excusas ridículas. Primero, ‘es que somos nuevos’, cuando es su segunda gestión porque el anterior también gobernó su partido. Después, ‘fue culpa del Ministerio de Salud’. También, ‘es que el rector tiene la culpa’, cuando ellos mismos lo pusieron ahí. Luego dijeron que fue persecución transfóbica del gobierno de Rodrigo Chaves. Más tarde, ‘no renunciamos porque pronto es la negociación del FEES’ y por supuesto ‘es culpa de la Universidad entera y la productora’, que seguro los estafó. Y la cereza del pastel, ‘otros lo han hecho peor que nosotros’. Eso es una burla, una vergüenza, una infantilización de la responsabilidad. Nunca es su culpa, nunca, porque en su burbuja ideológica siempre hay alguien a quien más culpar», manifestó la estudiante.
Discusión en Consejo Universitario.
Todas estas situaciones en la UCR han generado discusión en el seno del Consejo Universitario.
En la última sesión de este órgano, el pasado martes, el rector Carlos Araya se presentó y defendió su decisión de suspender la resolución que ajustaría salarios de directores de oficinas.
El académico aseguró que no hubo una afectación al patrimonio presupuestario de la institución porque la medida nunca fue publicada en La Gaceta universitaria.
Además, Araya fue crítico de lo que considera una filtración de información del Consejo Universitario hacia los medios de comunicación.
«Me llama la atención esta instrumentalización que se ha hecho de una acción que conscientemente, y creo que valientemente, primero que tenía por objetivo resolver un problema institucional. Lo analizamos de una forma, planteamos una solución, la comunidad universitaria se manifestó contraria a esa solución y lo que corresponde a un jerarca que escucha, que sabe escuchar, es efectivamente tomar decisiones. Y fue lo que hice. Tomé la decisión en el tiempo más corto posible. Tanto así que la resolución nunca siquiera se publicó en la Gaceta Universitaria. Bueno, pero la instrumentalización y cuando hablo de instrumentalización, me refiero a que meses después medios de comunicación, que muy rápido les llega la información desde este Consejo Universitario, muy rápido llega la información, siguen en el tema», mencionó el rector.
Pese a los señalamientos del rector, la representante de las sedes regionales en el Consejo Universitario, Esperanza Tasies, cuestionó las afectaciones que sufrió la UCR.
Según la vocera, las acciones de Rectoría dieron armas a las personas que critican a las universidades públicas en un momento previo a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
«Reconozco que usted está diciendo la verdad en el sentido objetivo de que tal resolución no llegó a ser publicada en la Gaceta y por tanto no hubo un daño al patrimonio, es verdad ese punto de don Carlos. Sí, también le puedo decir que los daños no solamente pueden ser patrimoniales, sino a la imagen de la universidad. En momentos en que estamos dispuestos a discutir el FEES y con las herramientas que le hemos entregado a los enemigos de la universidad para atacarnos. Entonces, sí hubo un daño, sí lo hubo. No podemos decir que solamente porque no se publicó, recibimos una avalancha de opiniones negativas, de grupos desinformados, es cierto, sobre el papel de la Universidad de Costa Rica y el motor cultural, político y económico que es», advirtió Tasies.
¿Limita el rector la libertad de prensa?
Por su parte, la representante de Ciencias Sociales en el Consejo Universitario, Ilka Treminio cuestionó lo indicado por el rector sobre la filtración a los medios de comunicación.
Para Treminio es inaceptable que se critique que haya información circulando entre los representantes en el Consejo Universitario y la prensa.
«No es de recibo que en la semana en la que hemos conmemorado la libertad de prensa estemos condenando que haya información pública que se deriva de la universidad, de las sesiones del plenario, que es información pública hacia la prensa. Lo que se está haciendo, en este momento, no es necesariamente filtrar documentación, es responder lo que los medios nos preguntan. Yo quiero reiterar hoy a los medios de comunicación que las periodistas y los periodistas que me llamen para hacer declaraciones, los voy a atender, independientemente de si eso implica que desde la administración haya algún mecanismo de persecución. En los últimos 10 años, he trabajado con la persecución tras la persecución de periodistas de todo Centroamérica y no voy a venir hoy a dejar de defender el trabajo de la prensa. No hay democracia sin libertad de prensa, no hay. No puedo aceptar la censura de la comunicación entre funcionarios y funcionarias públicas con los medios de comunicación. Eso no es un delito. Me parece sumamente grave que esos sean los mensajes que se están enviando a la comunidad nacional», señaló la representante de Ciencias Sociales.
Este jueves también se confirmó el despido de Marlon Mora, quien era jefe de la Oficina de Comunicación Institucional, debido a la «elaboración de un video no autorizado», según indicaron desde prensa de la UCR, luego de que circulara, por unas horas, un material audiovisual compartido por Mora, en apariencia sin el visto bueno de la Rectoría.
