«Yo nunca tuve una relación con algún narcotraficante, que yo tuviera conocimiento», afirmó Oscar Cascante en 2021, en el marco de una investigación por presuntos acercamientos a crimen organizado.
Los señalamientos en contra del exdiputado Oscar Cascante por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA, por ser sospechoso de cometer los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, no son nuevos.
Según el comunicado de la acusación contra el exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Cascante habría aprovechado su cargo para ejercer influencia ante funcionarios públicos del Instituto Costarricense de Turismo, el Banco Popular y el Banhvi para favorecer a la organización criminal del caso conocido mediáticamente como Turesky, el cual se relaciona con una estructura que enviaba cocaína al exterior.
En el 2021, en el marco de una comisión investigadora sobre la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la Zona Sur en la Asamblea Legislativa, Cascante fue objeto de cuestionamientos por haber recibido, en apariencia, 13 visitas de implicados en casos de narcotráfico; sin embargo, en esa oportunidad negó ser parte de una estructura criminal.
«En los espacios donde se ha hablado y se ha mencionado mi nombre, han sido muy groseros, porque se dice que yo favorecía a narcotraficantes. Yo nunca tuve una relación con algún narcotraficante, que yo tuviera conocimiento. Yo apoyé proyectos de personas que estaban ligadas en la construcción de proyectos. Nunca, jamás, mis principios no me van a alcanzar para yo ayudar a personas que están moviendo capitales de ese nivel», había indicado Cascante.
Distintas autoridades del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se refirieron a los señalamientos en contra de su exdiputado en el periodo 2018-2022.
El presidente de la agrupación, Mario Loría, aseguró que Cascante no es un partidario activo del PUSC.
«No tengo mucho que referirme, porque si ya el proceso tomó una vía judicial, hay que respetar su curso. Sí puedo mencionar que actualmente él no es un partidario activo del partido, no forma parte de las estructuras de renovación del partido y no ha participado de reuniones políticas, hasta el momento, por lo menos de la información que está a mi alcance. Esperamos que él pueda enfrentar la ley de manera pronta y justa», mencionó Loría.
Por su parte, el jefe de la fracción socialcristiana, Alejandro Pacheco, mencionó que es necesario que se aclaren los hechos por los cuales se acusa al exlegislador.
«Me parece que es una oportunidad para que cualquier persona demuestre su inocencia en un proceso judicial. Cualquier persona tiene que estar igual ante la ley, nadie puede estar sobre la ley y es importante también que el exdiputado aclare lo que pasó en un procedimiento y que se llegue ahí a establecer la verdad real de los hechos para estar seguros de qué fue lo que pasó. Al igual que el señor presidente, los ministros, a los ex diputados en este momento, es importante que él aclare en la vía judicial qué fue lo que sucedió con lo que se le está acusando. Esperemos que se le dé el derecho a la defensa y que se continúe el juicio como corresponde», afirmó Pacheco.
¿En qué consisten los delitos por los cuales se acusa al exdiputado socialcristiano?
El abogado penalista, Dennis Solano, detalló a qué se refiere el tráfico de influencias y el cohecho propio.
«El cohecho consiste, básicamente, en un delito en el cual se da una dádiva o una retribución para efectos de que un funcionario público básicamente haga un acto contrario a lo que es revestido dentro de su puesto, de su función o sus deberes. Este puede retardar un acto que dichamente le corresponde. Ahora bien, el tráfico de influencias lo que busca es influir en la toma de decisiones de otro servidor público, prevaleciéndose de su cargo en función de dichos actos. En el caso del tráfico de influencias, tiene penas de prisión de 2 a 5 años y en el de cohecho tiene una pena de prisión de 3 a 5 años», explicó el abogado.
El director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y criminólogo, Rodrigo Campos, explicó que ahora las autoridades tienen más herramientas para detectar la penetración del narco y el crimen organizado en los poderes políticos.
«La estrategia del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas, para incidir en espacios de decisión política, incluso para permear en el sistema de administración de justicia, no es una estrategia nueva. Eso lo estamos viendo desde hace décadas. ¿Qué es lo que ha variado? Bueno, la legislación para poder atacar este tipo de crimen organizado es bastante reciente. Además, Costa Rica creó la legislación, creó la jurisdicción especializada, pero nunca se le dio presupuesto. Nunca se hizo la formación necesaria. Esto hizo que tomara un poco más de tiempo en ser implementado y que además hubiese que tomar recursos de otro lugar para poder entrarle a este tipo de asuntos. Ahora, ya estamos en un punto en el que el país cuenta con un marco normativo más completo, cuenta con recursos especializados, hay personas juezas y jueces que conocen del tema, investigadores altamente capacitados para poder entender, para poder demostrar estos vínculos y poder atacar este tipo de crimen. Por eso es que ahora vemos casos mucho más complejos», señaló el criminólogo.
