Luego del informe de la Comisión de Seguridad, el presidente de la República y el ministro de Seguridad cuestionaron las justificaciones de los diputados.
El estado de la seguridad en el país vuelve a enfrentar al Ejecutivo y al Legislativo. Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobaron un informe donde señalan omisiones a Casa Presidencial en esta materia.
La independiente Gloria Navas afirmó que encontraron muchas pruebas para llegar a esta conclusión.
«La investigación se hizo con muchos expertos que se trajeron: abogados, al ministro de Justicia, al ministro de Seguridad, al señor Zamora, una gran cantidad de funcionarios y personas especializadas en estos temas, y llegamos a la conclusión y eso fue un informe que presentamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y que fue aprobada con una mayoría de votos en el sentido de que había en suma con todos esos elementos de juicio.
(Encontramos) una falencia tremenda del Poder Ejecutivo, una falta de responsabilidad prácticamente en las investigaciones y que no había una situación de prevención y de ejecución de la pena válida a esos efectos. En suma, que hay negligencia de parte del Poder Ejecutivo en el manejo de la seguridad nacional», aseguró.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, cuestionó a los diputados por este informe.
«Vea el sesgo político electoral que manejó esa comisión legislativa. En vez de estudiar el problema del narcotráfico en Costa Rica, lo circunscribió a solo el Poder Ejecutivo, cuando en medio de ese periodo hay sentencia de jueces que recibieron dinero a cambio de sentencias judiciales, que liberaron personas relacionadas con narcotráfico.
Tenemos antecedentes en la propia Corte y y dentro del la Asamblea Legislativa. El caso de Celso Gamboa, ¿por qué no aprovecharon para estudiar todas las conexiones y ramificaciones de ese sujeto en las distintas instancias de poder? Pero no hicieron nada de lo que tenían que hacer.
Al final es un chiste lo que presentan, una vergüenza histórica que en medio del principal problema de Costa Rica, la inseguridad relacionada con narcotráfico, que esa Asamblea haya perdido esa oportunidad histórica de hacer un trabajo en el cual por lo menos debió haber dejado una advertencia de qué medidas de mejora debía asumir el país en esta materia», reclamó.
Voces de expertos
Pero ¿Cuál es el estado de la seguridad del país? Noticias Columbia consultó a tres expertos para conocer su posición.
Para la criminóloga y experta Tania Molina, el informe de la Comisión tiene elementos reales, pero omite otras responsabilidades.
«Lo que los datos muestran de manera objetiva es que Costa Rica llegó al pico de violencia en 2023 con recursos institucionales que no crecieron al mismo ritmo que la amenaza.
Tampoco es menor señalar que en el 2025 se dieron 50 casos de homicidios dolosos de 50 menores de edad y que 10 de ellos tenían menos de 12 años y eso no ocurre en el vacío. Ocurre cuando los programas de atención a la niñez y a la adolescencia en riesgo y en los territorios más afectados no tienen la cobertura ni la continuidad que requieren. Entonces el crimen organizado entra antes que el Estado en muchos de esos territorios.
Donde yo soy más cautelosa es en la atribución directa de la responsabilidad política, ¿por qué? Porque el crimen organizado en Costa Rica no es un fenómeno de 4 años. Es un proceso de 30 años de inserción progresiva que se aceleró a partir del 2016 y que explotó en el 2022.
Ningún gobierno singular creó el problema, ni podría haberlo resuelto solo. Lo que sí puede evaluarse es si se respondió con la urgencia y la articulación que el contexto demandaba y en prevención social del delito. La respuesta, por supuesto, fue insuficiente. Entonces, eso no es un juicio político, es lo que muestran los indicadores de rezago social en los cantones más violentos del país», detalló.
El criminólogo de la UNED, Rodrigo Campos, aseguró que el país vive una realidad compleja que NO puede limitarse al tratamiento político.
«El principal problema en el manejo de la seguridad es que no hemos tenido una política integral que pueda atender la complejidad del problema. Los operativos policiales son importantes, el encarcelamiento de los responsables es muy importante, pero la prevención también lo es, la integración de las personas que están en un riesgo de unirse a grupos criminales, también lo es la atención de las personas que tienen manejos problemáticos con las adicciones también lo es, y, por supuesto la persecución de los capitales que se generan a partir del crimen es fundamental.
Todas estas cosas no se han realizado con la medida suficiente, hay algunos programas pero son con capacidades muy limitadas para el tamaño del problema que tenemos. Ahora bien, es importante saber que los informes representan con una perspectiva muy política en donde no necesariamente van a reflejar todas las dimensiones de la realidad.
Para eso lo que uno debe consultar son estudios científicos que nos señalan, digamos, las cosas desde una perspectiva mucho más crítica a partir de variables definidas y demostradas con evidencia», explicó.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Fabian Silva, apuntó a que la seguridad en el país se debilitó por los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
«Aquella administración implementó una serie de políticas de orden administrativos tendientes a flexibilizar lo que era el tratamiento de los altos delincuentes en nuestro país.
El tema de la liberación de las mal llamadas ‘golondrinas’, el tema de la impunidad, el tema de la falta de seguimiento oportuno a las investigaciones… esto indudablemente lo hereda esta administración con tan mala suerte que tuvo una Asamblea Legislativa secuestrada por el populismo político, por el oportunismo político y no se dieron las reformas legislativas necesarias porque lo que prevaleció fue la arenga irresponsable de insultos y reclamos que al final de cuentas desconcentraron al Poder Legislativo para poder generar leyes eficientes o eficaces para el tratamiento de la alta criminalidad.
Por consiguiente, el Ejecutivo estuvo con las manos atadas. Más aún cuando vemos la nefasta actuación del Poder Judicial, cuando liberaba a personas que habían sido condenados a través de la figura de los jueces de ejecución de la pena», criticó.
