Alcalde se refirió este jueves a los cuestionamientos que le hicieron dos diputados tras desalojos en localidad golfiteña. Foto: Cortesía.
La Municipalidad de Golfito alegó que se trata de la recuperación del derecho de vía de una carretera de 14 metros establecida en el Plan Regulador Sector Costero B, Anexo Quebrada El Macho, que se encontraba invadida por construcciones ilegales.
El Gobierno local sostiene que los desalojos no se hicieron en propiedades privadas sino en la Zona Marítimo Terrestre, que consta de terrenos del Estado, de dominio público a concesión mediante el municipio.
El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Pavones de Golfito, Listhon Oviedo Sequeira, dijo que era posible evitar la demolición de una panadería, un restaurante, un supermercado, un minisúper, un taller mecánico y tres casas, entre otras estructuras.
El caso
Oviedo relató que el conflicto inició desde que el alcalde municipal, Freiner Lara, presentó a los regidores un proyecto de asfaltado en Pavones. Cuestionó que el plan no fue expuesto a la comunidad.
El dirigente comunal expresó que la zona restringida para construir solo está «a lápiz» en un papel de hace 20 años.
«En la vía actual no había nadie invadiendo, tenía todas sus medidas. La Municipalidad ha gastado millones durante años dándole mantenimiento, haciendo cabezales de alcantarilla; o sea, hay una inversión de fondos públicos de años», comentó.
«Lo que está en terreno, a la hora de poner usted la lámina que ellos presentan como plan regulador, de hace 20 años, no coincide con la realidad. Entonces, nosotros le decimos (al alcalde) que lo más práctico es actualizar el plan regulador, evitamos el perjuicio a las personas, el daño, la desgracia que les hicieron, que era más económico», añadió.
Escuche aquí la entrevista completa:
Oviedo aseveró que la Alcaldía tiene presuntos compromisos con empresarios que habrían incidido en la determinación de proceder con las demoliciones.
Gabriel Villachica, vecino de playa Pavones era el propietario de uno de los negocios demolidos. Afirmó que le sorprendió el accionar de la Municipalidad cuando había procesos abiertos en sede judicial a la espera de una resolución.
«Aquí es donde nacen las inconsistencias y las preguntas. ¿Por qué no esperó los procesos correspondientes? Es lo que hemos señalado, que no ha existido un debido proceso», destacó.
La posición de la Municipalidad es que ninguno de los involucrados posee una concesión otorgada; únicamente cuentan con «solicitudes de concesión», las cuales no les genera ningún derecho real ni administrativo para edificar en la Zona Marítimo Terrestre. La institución mantiene que «se les ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa».
«Las acciones municipales se justifican como parte de un proyecto de colocación de aproximadamente 3.8 kilómetros de asfalto, construcción de cunetas, sistemas de drenaje, señalización horizontal y vertical, entre otras obras de mejora de los accesos viales para el desarrollo turístico del distrito de Pavón», dice el comunicado.
Posición del alcalde
En las últimas horas se han manifestado legisladores de Puntarenas como David Segura de Nueva República y Sonia Rojas de Liberación Nacional quien presentó una moción para convocar al alcalde ante la Comisión Especial de la provincia. La mañana de este jueves, lo hizo Fabricio Alvarado, jefe de Fracción de Nueva República.
Contactamos al alcalde Freiner Lara y le solicitamos espacio para una entrevista telefónica pero respondió que ya había emitido comunicados y que había grabado declaraciones.
Dicho esto, nos compartió un material en el que responde a los cuestionamientos del diputado Segura quien señaló presuntos actos de corrupción.
«Le recuerdo, señor diputado, que si tiene pruebas de esto, proceda a realizar las denuncias correspondientes. No lo convirtamos en un discurso político, populista para justificar actos que van en contra de la legalidad. Usted como legislador no está en posición para aducir desconocimiento de la ley, sin embargo deja mucho que desear», resaltó.
El diputado Segura afirmó que las personas afectadas construyeron sus negocios «con permiso de la Municipalidad», «totalmente a Derecho». «Me gustaría saber si usted cuenta con la documentación», respondió el alcalde mientras mostraba un expediente.
