El ejecutivo traspasó la coordinación del proyecto a Mideplan la semana anterior
El pasado 2 de noviembre el gobierno de la república anunciaba el inicio del proyecto de Ciudad Gobierno, una idea que han tratado de materializar al menos 3 administraciones anteriores.
El objetivo principal es eliminar la elevada cantidad de dinero que paga el gobierno alquileres de edificios.
Una comisión interinstitucional encabezada por la ministra de vivienda de ese momento, Jessica Martínez, comentaron que esto es un proyecto que está bajo la supervisión del Banco Centroamericano de Integración Económica quien brindará el financiamiento de $450millones.
“Le agradezco a una comisión presidida por la ministra de vivienda y presidente ejecutiva del INVU, Doña Jessica con la participación de los el Ministro de Justicia, el Ministro de Obras Públicas y Transportes y Hacienda porque lograron ya en tan poco tiempo hacer la ingeniería financiera para hacer esta inversión que pueda llegar 450 millones de dólares sin aumentar la deuda pública”.
En febrero la jerarca premió a la empresa de arquitectos que había ganado los $50 mil del diseño e indicó que se iniciaría con los movimientos de tierra para poder concluir la idea, donde se albergarán 18 distintos ministerios.
Sin embargo, desde febrero hasta la fecha se desconocía cómo avanzaba dicho megaproyecto, además de que se le sumó la renuncia de la ministra de vivienda rectora del comité.
Por esto el pasado jueves 17 de agosto el Ejecutivo realizó una reforma al Decreto del 2022, transfiriendo al MIDEPLAN y a su ministra Laura Fernández la coordinación de la Comisión Nacional Ciudad Gobierno.
“La coordinación que MIDEPLAN va a llevar adelante es una coordinación de la carpintería del trabajo que hay por delante, una coordinación para que todos los procedimientos y las articulaciones entre varias instituciones caminen adecuadamente y en los tiempos que tenemos según el cronograma de trabajo, el proyecto ciudad gobierno es un proyecto de interés público de gran trascendencia para nuestro país va a albergar a 35 instituciones públicas y a casi 11,000 funcionarios del sector público”.
Ante la falta de un representante más del gobierno, la jerarca de Educación Ana Katrina Muller tomará un espacio en el órgano, del que Fernández ha formado parte a lo largo de los 9 meses que se ha tratado de materializar el proyecto.
“Es un reto desafiante que con alegría y sobre todo mucho trabajo en equipo y responsabilidad estamos asumiendo, vamos a utilizar una figura innovadora establecida en la ley de contratación administrativa, que se llama arrendamiento operativo, esto le permite al gobierno de la República tener una especie de contrato de llave en mano donde el BCIE va a diseñar, construir, operar y administrar el edificio por un periodo de tiempo, vencido ese periodo de tiempo los edificios pasarán a ser propiedad del estado costarricense”.
El consultor en ingeniería Civil y ex director del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, Olman Vargas aseguró que el traspasar la rectoría del ministerio de vivienda al MIDEPLAN es una decisión arriesgada.
“Los jerarcas del ministerio de vivienda son los profesionales con competencia específica en todo lo que es el tema de desarrollo de proyectos y todo lo que involucra un proyecto como ciudad gobierno, que no es solo el desarrollo del proyecto en sí sino que implica también la consecución de todas las necesidades de las diferentes instituciones públicas que van a estar ahí, determinar cuáles son los tamaños, cuál es el número de baños, el número de oficinas etcétera etcétera todo lo que es movilidad, parqueos, entonces realmente debe ser gente con experiencia en todo lo que es desarrollo urbano”.
Además, Vargas mencionó que este proyecto tiene problemas importantes que limitan el avance de las obras.
“Uno podría pensar que va atrasar el proyecto, el hecho de que se anuncia que también se tiene una cantidad importante de instituciones que se agregan al proyecto necesariamente va atrasar el mismo porque entonces la definición de necesidades ahora aumenta y eso lleva tiempo para definir”.
El alquiler al BCIE se pactó en un inicio por 23 años
