- Expertos advierten que la saturación de la Sala Constitucional refleja la incapacidad de las instituciones públicas para garantizar derechos sin intervención judicial.
Por primera vez en su historia, la Sala Constitucional superó los 40.000 expedientes ingresados en un solo año, una cifra sin precedentes que refleja no solo una alta confianza ciudadana en el tribunal, sino también una crisis estructural del Estado costarricense para resolver conflictos por las vías administrativas y políticas ordinarias. La mayoría de estos expedientes corresponde a recursos de amparo, utilizados cada vez más como mecanismo de respuesta ante fallas en servicios públicos, salud, justicia, infraestructura y trámites institucionales.
El aumento sostenido de amparos plantea una pregunta de fondo: ¿está la Sala IV protegiendo derechos o asumiendo funciones que otras instituciones no están cumpliendo?
Para el abogado constitucionalista Fabián Silva, las cifras son una señal de alarma sobre el estado real de la justicia constitucional.
“Las cifras son demasiado alarmantes y reflejan que la Sala Constitucional está colapsada, está saturada. Materialmente es imposible que tengamos una justicia constitucional de calidad con el número de magistrados y el personal administrativo que tenemos”.
Silva advierte que la sobrecarga no solo compromete los tiempos de respuesta, sino también la profundidad del análisis jurídico.
“Cuando se reciben más de 40.000 recursos de amparo, más acciones de inconstitucionalidad, más habeas corpus y consultas, es imposible que los magistrados puedan analizar los casos con la reflexión que requieren. Existe el riesgo de una justicia constitucional superficial”.
El constitucionalista sostiene que el crecimiento desmedido de amparos evidencia fallas graves en el funcionamiento del aparato estatal.
“Cuando la gente tiene que recurrir a la Sala Constitucional para ser atendida en un hospital o para que se cumpla un trámite básico, lo que queda claro es que las instituciones no están satisfaciendo los derechos que la Constitución garantiza”.
Desde otra perspectiva, el también abogado constitucionalista Fabián Volio señala que el problema tiene su origen en el diseño del propio sistema constitucional costarricense.
“El problema es de diseño. Se permite el amparo directamente ante el tribunal constitucional con solo que un funcionario tome una decisión u omita tomarla. Es casi el único país en que esto ocurre así. Debería primero permitirse que los superiores corrijan la conducta del inferior”.
Volio sostiene que esta apertura casi ilimitada fue agravada por la práctica jurisprudencial de la Sala.
“La Sala Constitucional agravó el problema porque admite todo tipo de amparo habido y por haber. Ordena reparar caños, tanques sépticos o reorganizar oficinas administrativas, cuando eso corresponde al Poder Ejecutivo”.
Uno de los focos más críticos es el sector salud, que concentra una parte significativa de los recursos de amparo presentados.
“La Sala se metió en el tema de salud ordenando medicinas que no están autorizadas por la Caja. Eso creó más o menos un tercio de los casos. Los magistrados no son doctores, no saben de eso, entonces ¿por qué ordenan medicamentos que no están en la lista oficial?”, cuestionó Volio.
Ambos expertos coinciden en que, aunque el recurso de amparo es una herramienta fundamental para la defensa de derechos, su uso masivo revela una institucionalidad debilitada y un Estado que delega en los tribunales decisiones que deberían resolverse antes de llegar a un juez constitucional.
Para Volio, esta dinámica ha llevado incluso a una forma de cogobierno.
“Sí es cierto que la Sala Constitucional cogobierna cuando sustituye decisiones de la administración pública. Ha inventado sentencias estructurales que no están ni en la Constitución ni en la ley”.
Mientras tanto, Silva advierte que, sin reformas profundas, la situación podría empeorar.
“Si no se reforma la justicia constitucional y no se fortalecen las instituciones públicas, lo que vamos a seguir viendo es un aumento desproporcional de recursos de amparo, como reflejo inequívoco de que el Estado no está haciendo bien sus tareas”.
El récord de más de 40.000 expedientes, con predominio de recursos de amparo, deja en evidencia una realidad incómoda: en Costa Rica, cada vez más conflictos sociales se resuelven en tribunales porque no encuentran respuesta efectiva en las políticas públicas, reabriendo el debate sobre si el país está siendo gobernado, en parte, desde la Sala IV.
